Los hechos violentos registrados, el pasado jueves 24 de octubre al interior del recinto legislativo de San Luis Potosí, entre dos grupos antagónicos identificados claramente con el alcalde de la Capital, Xavier Nava, así como el diputado Federal Ricardo Gallardo, no deben repetirse en lo absoluto, pues desgraciadamente sus intereses y diferencias pusieron en riesgo, no a los diputados, sino a personas ajenas que sólo visitaban el salón de plenos para conocer el desarrollo de una Sesión. Evidentemente, no es con desplegados como se puede prevenir una situación que a todas luces se puede salir de control, sino se toman cartas en el asunto a tiempo, además el desligarse de estos grupos que se han convertido en un riesgo latente para ambos políticos, no los eximirá de una situación lamentable que se pueda presentar en un futuro inmediato. Es claro que ambos grupos pueden tener intereses muy marcados para desprestigiar o descalificar al adversario, pero de ninguna manera se justifica que se recurra a la violencia para buscar soluciones a sus demandas. Además, sus exigencias en torno al supuesto manejo irregular de la anterior administración municipal, así como la incapacidad que ha mostrado posiblemente la actual gestión en la Capital, pueden ser muy validas, pero no se puede poner en riesgo la integridad de las personas. No podemos perder de vista que estos grupos antagónicos en diversas ocasiones han sido protagonistas de movilizaciones violentas, sin embargo, el pasado jueves sus conductas pudieron desencadenar un hecho que podríamos estar lamentando en estos momentos. Por lo anterior, es necesario condenar cualquier hecho de violencia, pues en San Luis Potosí, estamos cansados que por intereses de personales o de grupo de pueda poner en riesgo la integridad de las personas y sobre todo la gobernabilidad de nuestro Estado. Ciertamente, existen procesos o denuncias que involucran a varios actores de nuestra política potosina, sin embargo, existen las instancias correspondientes que habrán de resolver o deslindar responsabilidades ante una eventual comisión de delito. Pero lo cierto, es que la violencia, no debe ser una herramienta para imponerse en la percepción de los potosinos, y sobre todo de aquellas personas que buscarán a toda costa, colocarse en la boleta de los procesos electorales del 2021.

Los mercenarios de la política, no pueden estar por encima de nuestros intereses, porque ahora más que nunca, lo que demanda la sociedad es recobrar la tranquilidad que en los últimos años nos ha sido robada. 

                                       APUNTES

BUENAS EXPECTATIVAS PARA SLP.- A pesar de las protestas que hay en algunos sectores burocráticos por la asignación de recursos federales para el 2020, a San Luis Potosí no le irá mal, luego de que la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) pactara con el Presidente Andrés Manuel López Obrador que en el Presupuesto de Egresos para ese año, se respetaran los montos del 2019, más los resultantes inflacionarios. PROYECTO EN PUERTA.- Del mismo modo, el Presidente López Obrador acordó que cada uno de los gobernadores le entregara un proyecto de infraestructura, el que más necesite su entidad para ejecutarlo con recursos federales, de tal forma que el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, está en una posición inmejorable para elegir uno que de verdad convenga, que bien podría ser el que solucione la movilidad hacia la zona industrial. DESARROLLO.- Por otra parte, la ACBO se encuentra en la fase de integración de algunos proyectos regionales que se van a ventilar en la próxima reunión que se celebrará en esta capital el mes próximo, consistentes en desarrollo manufacturero, movilidad y de servicios, que también ya tienen el aval presidencial y se empezarán a ejecutar el próximo año. DENUNCIA.- Resulta que grupos Indígenas de la zona huasteca, denunciaron a la administración municipal de Tampamolón Corona, encabezada por Isidro Mejía Gómez, quien quebranta la Ley, ignora el amparo de una jueza federal e incumple el acuerdo emitido por los tres poderes para otorgarles a los pueblos indígenas su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo. OMISO CHISTOSITO.- A pesar de lo anterior, se dijo que el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), Raúl González Vega, se muestra omiso, a pesar de que sobre él pesa la exigencia de cientos de indígenas para que sea destituido, y cuenta con sendas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales nunca han sido atendidas. Ambas autoridades se niegan a realizar la reposición de una consulta, que se encuentre enmarcada y de acuerdo con las disposiciones justamente de la “Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí” para que dichas comunidades ejerzan su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. RESPETO IRRESTRICTO.- El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental, reconocida en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe hacer mención que en la legislación internacional se previene que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. Estos actos deben efectuarse de buena fe y en forma apropiada a las circunstancias, cuya finalidad radica en llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.