Morena y su candidata a la gubernatura, Mónica Rangel Martínez, presentaron cada uno un recurso de impugnación ante la resolución del INE, respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, mismo que fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  En su demanda, Rangel Martínez expone que sí bien la acción que se le adjudica es sancionable no aplica en su caso, ya que el tiempo que participó en la contienda interna de Morena para la selección de la candidata a la gubernatura de Morena ya había concluido el periodo de precampañas. “Fue un hecho notorio que no me encontraba como precandidata al termino de las precampañas (8 de enero) y de la fecha límite de entrega de informe de gastos e ingresos de campaña (18 de enero) … ya que esta posibilidad se produjo hasta el 14 de enero”, se puede leer en el documento. Otro de los argumentos, es que la cantidad que la autoridad le reprocha como erogación, que es la cantidad de 148 mil 769 pesos por concepto de gastos de campaña, algo que niega la abanderada de Morena, porque una de las publicaciones en Facebook donde le adjudican este gasto, pertenecen a la página oficial de Morena, y se trató de un solo post donde se da a conocer su postulación oficial como candidata. Asimismo, Mónica Rangel califica de la multa de 434 mil 400 pesos es “claramente excesiva, desproporcionada y por ende ilegal”. Por su parte, el recurso promovido por Morena fue presentado por su representante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna se argumenta que “el emplazamiento y toda la sustanciación del procedimiento es ilegal, porque está viciado de origen”, ya que desde un principio se habló de un procedimiento oficioso en contra de cinco precandidatos, y finalmente solo se entabló en contra de las cuatro precandidatas: Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Murguía, Luz María Lastras Martínez y Mónica Rangel Martínez.

Y del mismo modo, Morena argumentó que probablemente la “Sala Superior será fácil advertir que las sanciones impuestas son desproporcionadas y excesivas, teniendo en cuenta que no se acreditó la reincidencia o que existiera reiteración o sistematicidad en la comisión de la falta”, la cual es de 5 millones 923 mil pesos.