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Reitera el consejo del INE que la campaña a la gubernatura no rebasó el tope de gastos de campaña
15:17 miércoles 1 septiembre, 2021
San LuisPor no reportar con veracidad, hacerlo de manera subvaluada u omitir reportar gastos de campaña, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar con una multa de 4 millones 691 mil 557 pesos por unanimidad, la coalición integrada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) por la campaña del hoy gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona. Derivado de seis quejas presentadas por el PAN que en síntesis denunciaban tres conceptos, la omisión de reportar diversos gastos de campaña como arrendamiento de inmuebles para eventos, el pago de la publicidad en redes sociales, la contratación de grupo Calibre 50, así como los ingresos derivados de la monetización de videos YouTube, entre otros. Después de la investigación, la Unidad de Fiscalización del INE propuso declarar parcialmente fundada las quejas que se interpusieron tras acreditar que se omitió reportar diversos ingresos y egresos durante la campaña de Gallardo Cardona, y multar a los partidos por 4.69 millones de pesos. La multa que se impuso fue en específico por los siguientes motivos: no reportar con veracidad los egresos por la elaboración de un jingle, el arrendamiento de inmuebles para eventos de campaña y gastos operativos de eventos de campaña; así como reportar de forma subvaluada concepto de videos en redes sociales, gastos operativos de campaña, pinta de bardas y anuncios espectaculares. Al sumar estos gastos observados después del proceso de prorrateo con las campañas de diputaciones federales y presidencias municipales, se sumaron 2 millones 687 mil 633 pesos al reporte de gastos dictaminado de la campaña de Gallardo Cardona a la gubernatura que fue de 19 millones 554 mil pesos, lo que da un total de 22 millones 250 mil 187 pesos, por lo cual determina que no se rebaso el tope que era superior a los 29 millones de pesos. También se aprobó por mayoría dar vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponda, respecto de los gastos reportados en forma subvaluada en el Sistema Integral de Fiscalización.