Transferir los contratos ya firmados para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco a Santa Lucía, como lo ha planteado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no es viable y tendría altos costos para el país, según expertos consultados. “Desde el punto de vista legal, los contratos no son trasladables, tendrían que cancelarse e indemnizar a los inversionistas. En el ámbito de las inversiones financieras el panorama es más complejo, si incumples cláusulas de alguno de los contratos se acelera tu deuda, cualquier cantidad tendría que pagarse de inmediato”, explicó Luis Rubio, socio director de la firma legal Holland and Knight. Este jueves, después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador votara en la consulta para decidir la ubicación del nuevo aeropuerto, declaró a la prensa que en caso de que sea cancelado el proyecto los contratos se trasladarían a Santa Lucía. Según Juan Francisco Torres, director general de la firma Hogan Lovells México, los contratos están atados al diseño arquitectónico, ingeniería, medio ambiente, operativo y aeronáutico del proyecto original, por lo que no es factible simplemente trasladarlos a un proyecto distinto. “Los costos serían muy altos, no sólo en materia financiera, sino en credibilidad. Los inversionistas tienen otros lugares en donde invertir, México no es el único”, dijo Torres. Para Santa Lucía no se tendrían las mismas necesidades de servicios que las dimensionadas para el aeropuerto de Texcoco, en cada proyecto los terrenos, las plataformas son diferentes, explicó Rubio. Las consecuencias no paran con el tema de las indemnizaciones, que serían pagadas con ingresos públicos, a los inversionistas por la cancelación de sus contratos. En el caso de las inversiones extranjeras, los privados pueden demandar al gobierno apelando a los tratados internacionales que ha firmado México. “Si tú como gobierno no das trato nacional al inversionista extranjero (acordado en tratados internacionales) esto te puede llevar a un panel internacional por daños y prejuicios, los inversionistas pueden demandar al gobierno y arreglarlo en paneles de arbitraje”, explicó Rubio. “Hay que observar los términos de la negociación y en cuanto a la solución de la controversia dependerá de la cláusula específica por la que la vas a dirimir. Si es por una solución litigiosa, el común denominador es someterse a cláusulas arbitrales, terceros privados que por su imparcialidad e independencia serían nombrados para dirimir esas controversias”, señaló por su parte Omar Guerrero, socio de la práctica de arbitraje de Hogan Lovells México. --------------

INFOBAE