Ante legisladores, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho, defendió la permanencia de este órgano al aseverar que los juicios en los que se basa la propuesta de su desaparición son erróneos. Advirtió que eliminar el de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas y propicia que en la educación intervengan intereses privados. "¿Quién llevaría a su hijo enfermo con un médico que compró o heredó su plaza sin haber comprobado contar con la preparación necesaria?", cuestionó. "La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales; prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos", señaló. Acompañada de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE, Bracho acudió a la Cámara de Diputados para emitir la opinión institucional de este órgano en el último día de audiencias públicas sobre la reforma educativa enviada al Congreso por el Ejecutivo federal. Centró su participación en la propuesta de desaparición de este órgano, contra el cual, dijo, se ha impulsado una fuerte campaña de desinformación. Indicó que la cancelación del instituto, se justifica -según la exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo- a que éste "se percibió como un instrumento persecutor para el magisterio". Denostó esa aseveración y cuestionó la pertinencia de cancelar un organismo con casi 17 años de vida "a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna. Ni de la percepción, ni del acto imputado". "Y lo hace con base en información que desvirtúa la participación del INEE en los procesos de evaluación docente y deforma su rol regulatorio", apuntó. "Parece improcedente un juicio sumario construido sobre mitos, sin argumentos y que no toma en cuenta las tareas estratégicas que el Instituto ha realizado para el desarrollo educativo del País". Con la reforma educativa que actualmente opera, señaló, se aumentaron funciones regulatorias como la coordinación institucional, de difusión y uso de las evaluaciones para emitir recomendaciones de mejora educativa. "En estas tareas no vemos algún carácter persecutorio y sí, en cambio, una actividad de naturaleza técnica y desarrollo de capacidades institucionales para llevar a cabo mejores evaluaciones -en ámbitos más amplios, como la evaluación de las políticas educativas- vinculadas con la mejora educativa", insistió. Entre las labores realizadas por el INEE, informó que están las evaluaciones nacionales del aprendizaje de los alumnos y de las escuelas para detectar problemas o logros. Así como la aplicación de pruebas de aprendizaje internacionales, como PISA, ERCE, la prueba latinoamericana de la UNESCO y la de formación cívica, y formular recomendaciones de política pública basadas en evidencia de problemas educativos. "¿En dónde está el carácter persecutorio de lo realizado? ¿Qué tan alto será el costo para la educación del País al dejar de realizar estas tareas en una institución independiente, especializada, autónoma y políticamente neutra?", apuntó. Aseveró que el INEE reconoce el valor de los maestros y pidió que la autonomía para la evaluación también sea conservada. También reviró el señalamiento del costo de la manutención del Instituto. Informó que hasta el año pasado, éste contaba con 33 centavos por cada 100 pesos del presupuesto educativo y, debido a recortes de este año, cuesta 16 centavos por cada 100 pesos del presupuesto federal en educación. "¿Cuántos recursos creen que son necesarios para evaluar un sistema educativo, uno de los más grandes del mundo, y que cada año nos cuesta a los mexicanos más de 300 mil millones de pesos para atender a más de 30 millones de alumnos?", expuso. --

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