A partir del análisis del informe parcial que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este viernes a la Cámara de Diputados sobre la fiscalización a la cuenta pública de 2017, se desprendió que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí le fue observado solo el 3.8% del importe revisado del gasto federalizado programable. El Contralor General del Estado manifestó que este porcentaje se encuentra por debajo de la media nacional que fue del 5.02%, manteniéndose el orden y disciplina en el gasto de recursos federales que se ha venido realizando en los últimos años. Señaló que el monto observado en la primera etapa de la fiscalización a la cuenta pública 2017 asciende a solo 113.8 millones de pesos de los 3,013.8 que le fueron revisados, de los cuales 97 corresponden a una Solicitud de Aclaración del Seguro Popular, la cual tiene un carácter preventivo y se encuentra sujeta a que la institución ejecutora proporcione la información y documentación adicional justificativa y comprobatoria. Aunado a lo anterior, el funcionario destacó que la muestra auditada al Ejecutivo representa el 74.75 % del total del recurso ejercido por las instituciones estatales de los programas y fondos revisados, y que además se desprende una evolución positiva en las observaciones de las cuentas públicas 2012 a 2016 en los fondos FAFEF, FASSA y Seguro Popular, ya que se redujo el importe observado en un 63.71%. Asimismo, destacó que del informe de la auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la ASF determinó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, obteniendo un puntaje de 86 sobre 100 posibles, lo que lo califica a nivel nacional en un nivel alto en control interno. Finalizó estableciendo que esta administración reitera su compromiso con la sociedad de aplicar los recursos públicos con legalidad, transparencia y la debida rendición de cuentas, así como atender puntualmente las observaciones derivadas de las revisiones de los entes fiscalizadores.