Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno capitalino por el gasto federalizado del 2016, se aproximan a los 150 millones de pesos, no son 422.6 millones de pesos como dijo de manera errónea el contralor estatal Gabriel Rosillo Iglesias, aclaró el Secretario General del Ayuntamiento, Marco Antonio Aranda Martínez.

Los recursos federales de los ramos 28 y 33 que ejerció el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el 2016, ascendieron a unos mil 800 millones de pesos y fueron auditados por la ASF y la Secretaría de la Función Pública, y se nos observó por cuestiones administrativas 150 millones de pesos, aproximadamente, y equivalen al 9 por ciento del gasto total realizado, es lo que reporta el informe final de resultados de la ASF, añadió.

El funcionario municipal enfatizó que “se trata de observaciones de carácter administrativo, no contable, y estamos en el proceso de solventaciones de 20 días hábiles, no es un hecho consumado que sean los 150 millones, el monto se va a reducir de manera significativa cuando se hagan las aclaraciones pertinentes”.

Aranda Martínez se mostró sorprendido por el hecho de que el contralor estatal Rosillo Iglesias “nos endilgue una cantidad que no corresponde a la realidad, desconozco de dónde saca esa cantidad y con qué intenciones, lo cierto es que el gobierno municipal tiene observaciones por un monto aproximado de 150 millones de pesos de un monto de mil 800 millones ejercidos”.

Vamos a aclarar todo lo que sea necesario, se trata de cuestiones de forma, no de fondo ni de desvío de recursos, pero es falso lo que dijo el contralor Rosillo, espero que no esté buscando la manera de desviar de la atención de las propias observaciones que le hicieron al gobierno estatal, que cada quien se ocupe de lo suyo, recomendó.

Destacó que el manejo financiero del Ayuntamiento de San Luis Potosí está abierto al escrutinio público, sus recursos son revisados de manera periódica por órganos internos y las auditorías Estatal y Superior de la Federación, se cumple con ley, con la transparencia y la rendición de cuentas.