La oposición chilena rechazó este lunes el anuncio del gobierno de un Congreso constituyente que formule una nueva carta magna que sea ratificada en un posterior plebiscito, lo que se suma a los fallidos intentos por calmar el estallido social que ya lleva 25 días. Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que mayoritariamente tienen una muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas. El anuncio fue formulado la noche del domingo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de una reunión de Piñera con algunos de sus ministros y parlamentarios de su coalición política “Chile Vamos”. Agregó que el proceso tendrá “una amplia participación” ciudadana. El senador opositor Felipe Harboe declaró que “la ciudadanía está demandando una cosa distinta, que haya una Asamblea Constituyente o exista un mecanismo donde participen los ciudadanos”. Su colega oficialista Manuel José Ossandón señaló que “los parlamentarios no tenemos la credibilidad hoy día, el Parlamento no la tiene para hacer algo sin la participación más activa de la comunidad”. Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a The Associated Press que “con los niveles de aprobación que tiene el Congreso y el gobierno, la legitimidad (del proceso) es un bien muy escaso dentro de la clase política como para suponer que sectores de la oposición… vayan a aceptar esto como un procedimiento legítimo”. El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva Constitución. La mañana del lunes, estudiantes protestaban en barrios de la capital chilena en una jornada en que los profesores también llamaron a manifestarse, el día previo a que organizaciones sociales y gremiales convocaron a un paro nacional. La Constitución chilena, que privatizó los servicios básicos, creó sistemas de educación y salud a los que se puede acceder según el poder adquisitivo y consagró el libre mercado, fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Como parte de las protestas que han sumido al país sudamericano en una de sus mayores crisis políticas de su historia reciente se ha exigido la modificación de la carta magna.

-- Con información de Noticieros Televisa

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