Bajo la custodia de militares y con la presencia solo de una tía y una prima, fue enterrado el domingo el ex policía rebelde Óscar Pérez en la cima de una colina de un cementerio del este de la capital en medio de protestas de algunos familiares a los que las fuerzas de seguridad les bloquearon el acceso al lugar durante la inhumación. "Decidieron arbitrariamente realizar el entierro controlado sin permitir velarlo y mucho menos permitir trasladarlo con su familia", afirmó en su cuenta de Twitter Danahis Vivas, viuda del ex policía, al criticar el proceso que siguieron las autoridades para la inhumación de Pérez. El ex oficial murió el pasado lunes junto a otros seis miembros de su grupo y acompañantes en una operación de las fuerzas de seguridad que se realizó en la barriada pobre de El Junquito, al oeste de la capital, donde estaban escondidos. "¡Venezuela! Oración por Oscar Pérez! Acompáñenlo en Oración como él habría querido. Eso no nos lo pueden quitar", agregó Vivas, quien se encuentra fuera del país junto a sus hijos. Aura Pérez, tía del ex funcionario, confirmó que ella junto a su hija fueron los únicos familiares a los que los militares permitieron el ingresar al cementerio para ver por última vez a Pérez poco antes de enterrarlo. Pérez dijo a medios locales que el entierro de su sobrino se demoró "esperando esa oportunidad que llegara su mamá o su papá", situación que nunca se dio. Decenas de guardias nacionales tomaron desde la madrugada la entrada del llamado "Cementerio del Este", donde se concentraron algunos familiares del ex policía, manifestantes, periodistas y fotógrafos a los que se les impidió el acceso al lugar por casi una hora. Tras el entierro se abrió el acceso al panteón y se les permitió a todos los familiares llegar hasta la tumba del ex piloto, que fue identificada con un pequeño ladrillo blanco que tenía escrito su nombre, donde una mujer, vestida con una camisa negra, colocó, entre llantos, una bandera venezolana con la ayuda de otras personas. De inmediato los asistentes comenzaron a colocar sobre la tumba algunos ramos de rosas, girasoles y flores. El director de la organización humanitaria local Foro Penal, Alfredo Romero, dijo a medios venezolanos que en el caso de Pérez hay unas presuntas irregularidades, tales como el intento de desaparecer las evidencias y la demolición de la casa donde fue abatido el ex policía y los miembros de su grupo, e indicó que ante esa situación su ONG exigirá una investigación adecuada para determinar si "hubo o no una ejecución, si efectivamente hubo un homicidio intencional". Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias han condenado la operación en la que murió Pérez el pasado 15 de enero y sus seis compañeros y han denunciado que las siete personas habrían muerto en una "ejecución extrajudicial" a pesar de haber anunciado su rendición tras ser descubiertos por las autoridades en el lugar donde estaban escondidos en el Junquito. La inhumación de Pérez se da un día después del entierro de seis de los integrantes y acompañantes del grupo rebelde, que se dio en medio de protestas de familiares y manifestantes, quienes rechazaron que las autoridades realizaran unas exequias controladas. Los entierros coincidieron con la divulgación de las actas de defunción de los siete miembros del grupo, en las que se señala que Pérez y otros cinco miembros de su organización fallecieron por disparos en la cabeza. Según la autopsia de Pérez, difundida por medios locales, la causa de la defunción fue un "traumatismo craneoencefálico severo (...) herida por arma de fuego disparado a la cabeza". Tras la difusión de las autopsias, la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso, la diputada opositora Delsa Solorzano, dijo que "hay un patrón que anuncia la posibilidad de un ajusticiamiento". Hasta el momento, las autoridades no han comentado sobre las autopsias ni por qué se decidieron los entierros controlados. El ex policía rebelde, de 36 años, murió el 15 de enero junto a otras seis personas en una operación especial de las fuerzas de seguridad en El Junquito, al oeste de la capital, en donde Pérez estaba escondido. Óscar Pérez se dio a conocer a mediados del año pasado tras atacar las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero, que robó a la Policía judicial. Seis meses después, el ex policía -quien envió varios mensajes a través de las redes sociales para llamar a un levantamiento contra el Gobierno- y algunos miembros de su grupo asaltaron a un comando de la Guardia Nacional a las afueras de la capital, y robaron unos 26 fusiles. Después de eso, el Presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad intensificar la búsqueda y captura del grupo de Pérez, que se concretó a inicios de semana. --

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