La Comisión de la Verdad del caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo. De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos. "Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense", dice el fallo. Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusaron trabas del Gobierno federal. En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria. "Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México. "Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial", establece la sentencia de los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez. Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del Gobierno y del Ejército. Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense. "Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió", cuestiona.

'Tumban' fiscalía especial Una de las consecuencias de la creación de la Comisión de la Verdad es la virtual desaparición de la fiscalía especial que dirige Alfredo Higuera Bernal, la cual estaba a cargo de indagar el paradero de los 43 normalistas. La sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas instruye dejar fuera de la investigación a los fiscales, peritos y agentes ministeriales y policiales que han estado al frente o han participado en dicho caso. "Se considera 'saludable' que nuevos agentes del Ministerio Público sean quienes participen, pues sólo de esta forma se podrán contrarrestar y vencer los defectos de la investigación precedente, que en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos, como se vio, ha sido cuestionada, la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, y el depósito de sus restos en el Río San Juan", ordena el tribunal. "De hecho, agentes del Ministerio Público de la Federación, servidores públicos en general, peritos que hayan actuado dentro de la investigación del caso Ayotzinapa o caso Iguala se encontrarán impedidos para seguir conociendo o participando en la indagatoria". En el caso de los peritajes, el tribunal recomendó la designación de forenses independientes, ya sea que pertenezcan a instituciones públicas o privadas. Sólo en el caso de que lo soliciten las víctimas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) --las únicas que podrán establecer líneas de investigación y desahogo de pruebas--, será la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR la que llevará a cabo un dictamen. Si bien el tribunal prevé la participación de organizaciones nacionales o internacionales de derechos humanos en la Comisión de la Verdad, la única excepción es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "De ser así (formar parte de la Comisión de la Verdad), podría impedirles, posteriormente, presentar el caso a una instancia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos", señala. Por otra parte, el tribunal colegiado consideró como factible y recomendable un nuevo periodo de participación del GIEI. También estableció la posibilidad de que la nueva comisión acuda a órganos internacionales como la Interpol para que le apoye en la investigación.

Excluyen a PGR de estudios por tortura Un tribunal federal ha ordenado encomendar a organismos independientes y no a la PGR llevar a cabo los estudios que integran el Protocolo de Estambul para determinar si fueron torturados los más de 120 procesados por el caso Iguala. El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas estimó que, en caso de que los dictámenes no sean elaborados por entidades ajenas a la PGR, se tendrán por ciertos los alegatos de tortura y malos tratos que han manifestado los acusados. "Se considera imperativo que la práctica de los estudios para identificar la existencia de actos de tortura, sea encomendada a organismos independientes", dice el resolutivo. El colegiado mandó reponer los juicios de ocho presuntos miembros de Guerreros Unidos acusados del secuestro, ejecución e incineración de los normalistas, el 26 de septiembre de 2014, por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Entre ellos se encuentran Gildardo López Astudillo "El Gil", señalado por las autoridades como quien ordenó matar a los normalistas, así como Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", y Agustín García Reyes "El Chereje", presuntos autores materiales del homicidio. Los magistrados del tribunal ordenaron investigar en particular si el fallecimiento de Emmanuel Alejandro Blas Patiño se dio como consecuencia de actos de tortura por parte de sus aprehensores. Este caso no corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aunque versiones periodísticas vinculan al occiso con una célula criminal de Guerreros Unidos. La versión oficial señala que Blas Patiño murió la madrugada del 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, al caer de una azotea desde una altura de 10 metros luego de la irrupción de la Secretaría de Marina.

Otro dictamen y sugieren indeminización La creación de la Comisión de la Verdad abrió la posibilidad de llevar a cabo un nuevo peritaje de fuego para determinar si los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que, en caso de instruirse un nuevo dictamen, éste deberá ser llevado a cabo por forenses independientes con el mismo grado profesional que el GIEI o el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y que sean designados tomando en cuenta la opinión de los familiares. Además, los magistrados sugirieron indemnizar con 500 mil pesos a cada una de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Según la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, este pago sería un "buen gesto" y también un "adelanto" que contribuiría a paliar las dificultades económicas de los deudos. "Es por esa razón, que se considera que sería un buen gesto del Estado mexicano adelantar una indemnización a favor de los familiares de los estudiantes desaparecidos, que pudiera permitirles por lo menos aligerar parcialmente las dificultades económicas que han venido afrontando como consecuencia de la desaparición de sus familiares", señala la resolución. Los magistrados aclaran que, en caso de otorgarse, este pago no liberaría al Estado mexicano de sus obligaciones encontrar a los desaparecidos, esclarecer los hechos, procesar y sancionar a los responsables, y la reparación integral de los daños a todas las víctimas. -- Reforma