Fue en julio del 2016, cuando la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, sufrió una lesión ocasionada por un arma de fuego calibre 22, hecho que requirió el traslado de la funcionaria a un hospital de la capital y a que la Policía Ministerial llevara a cabo una investigación por la presunta portación ilegal de dicha arma, sin embargo dicha investigación al parecer ha quedado en el olvido, al grado de que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Federico Garza Herrera, dijo desconocer a detalle esta investigación. "Ese es un hecho que sucedió en la Zona Huasteca, habría que preguntarle al subprocurador de aquella área para ver cómo quedó integrada esta carpeta de investigación". Además dijo que existe la posibilidad de que la misma subprocuradurías de la zona Huasteca no haya indagado a profundidad sobre este asunto, debido a que la misma funcionaria refirió que se trató de un accidente. "Hay que recordar también que en aquel tiempo ella misma señaló que había sucedido, no hubo la imputación a nadie seguramente la carpeta de investigación el Ministerio Público se abstuvo de llevar una investigación mayor porque no hay una imputación directa a cargo de nadie". Finalmente refirió que el Ministerio Público es quien debió señalar la procedencia del arma, misma que se desconoce debido a que no se investigó a fondo el asunto y no hay imputados. La funcionaria se lesionó con una pluma de defensa personal, que es un artefacto prohibido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo cual debió haber sido investigado de oficio por las autoridades de procuración de justicia.