El Parlamento de Cataluña, de mayoría independentista, reconoció hoy el "derecho" de Carles Puigdemont, reclamado por la Justicia española, a ser elegido presidente regional y reclamó la libertad "inmediata" de los políticos encarcelados por el proceso secesionista ilegal. La cámara legislativa aprobó sendas resoluciones en ese sentido con el apoyo de los tres grupos parlamentarios separatistas -JxCat (centroderecha), ERC (republicanos de izquierda) y CUP (anticapitalistas)-, que suman mayoría absoluta en conjunto, aunque la primera fuerza política parlamentaria es Ciudadanos (liberales). Puigdemont (JxCat), presidente de Cataluña entre 2016 y 2017, fue detenido el domingo pasado en Alemania en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega (OEDE, euroorden) dictada por el juez español que investiga el proceso independentista ilegal iniciado en Cataluña en 2017. El exgobernante catalán, procesado en España por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, entre otros, fue elegido diputado regional en las elecciones de diciembre pasado, pero renunció "provisionalmente" el 1 de marzo a ser candidato a la reelección como presidente. Con anterioridad, el Tribunal Constitucional (TC) español había advertido que el Parlamento catalán no lo podía elegir sin su presencia, pues huyó hace cinco meses a Bélgica y pretendía ser elegido jefe del ejecutivo regional telemáticamente. La coalición encabezada por Puigdemont, JxCat, cuenta con 34 diputados de los 135 de la cámara regional, seguida por ERC, con 32, mientras que Ciudadanos, ganadores de las elecciones del 21 de diciembre tiene 36 escaños, seguidos de los socialistas con 17 y el PP con 4. La CUP, con 4 escaños, se ofreció el pasado domingo a "facilitar" una investidura "a distancia" de Puigdemont, pese a las advertencias del Constitucional español. Además del 'derecho' de Puigdemont a ser elegido para encabezar el nuevo Gobierno regional, el Parlamento catalán también defendió hoy el de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Turull, ambos también en prisión provisional, a ocupar ese cargo. Sánchez renunció hace unas semanas a ser candidato porque no obtuvo permiso judicial para someterse a la sesión parlamentaria de investidura, mientras que Turull no pudo presentarse a una segunda votación para su elección -perdió la primera- porque fue procesado y encarcelado el viernes pasado, como otros líderes independentistas. Sobre ambos pesan los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Con los votos de los separatistas, el Parlamento regional aprobó comprometerse a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Puigdemont, Sánchez y Turull "puedan ejercer sus derechos políticos", incluido "el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos". La petición de libertad para ellos fue respaldada, además, por Catalunya en Comú-Podem (izquierda partidaria de un referéndum sobre la independencia pactado con las autoridades estatales). Ciudadanos, rehusó participar en la votación al considerar "una barbaridad" decirle a la Justicia "lo que tiene que hacer". El partido liderado por Inés Arrimadas había presentado una propuesta en la que solicitaba la dimisión del presidente del Parlamento Catalán, el independentista Roger Torrent (ERC), por considerar que "ejerce sus funciones de forma arbitraria y tendenciosa en favor de los partidos independentistas". La solicitud fue rechazada en el pleno con los votos de las fuerzas independentistas, así como de Catalunya en Comú-Podem y de los socialistas catalanes (PSC), que ven a Ciudadanos como "parte del problema" institucional que vive Cataluña porque a su juicio "no aportan soluciones". El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento de entonces aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña, y convocó las elecciones regionales de diciembre. Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron el viernes pasado con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes. Ese día el juez Pablo Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco y pidió la detención de cuatro huidos al extranjero, como Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira. Otros cuatro, como Sánchez, ya estaban encarcelados provisionalmente. -- EXCELSIOR