El INE presentará hoy a los partidos políticos su anteproyecto de presupuesto 2022, en el que solicitan cinco mil 800 millones de pesos para una posible consulta popular y el proceso de revocación de mandato. Del total, cuatro mil millones serían para revocación y mil 800 para consulta popular, lo anterior para instalar 161 mil 490 casillas para la revocación y 96 mil 591 mesas de recepción para la consulta. Como estas cifras son un esbozo de las áreas para presentarse a los partidos políticos, están sujetas a modificaciones. Poco más de mil 800 millones para la revocación de mandato se destinarían para contratar a 37 mil 851 supervisores y capacitadores electorales para coordinar a 1.13 millones de ciudadanos. Otros mil 248 millones se utilizarían para dotar de recursos y equipamientos a las Juntas Ejecutivas y oficinas centrales, a fin de acondicionar espacios para casillas y cómputos de resultados. La mitad del costo de la consulta popular, poco más de 900 millones de pesos, se destinarían a la contratación de 18 mil 281 supervisores y capacitadores electorales, para coordinar a más de 386 mil ciudadanos que atiendan las mesas de recepción. Otros 774 millones de pesos irían para dotar a las Juntas Ejecutivas y oficinas centrales para el equipamiento y recursos que les permitan organizar la consulta popular en cuanto a casillas y cómputos de los resultados. En tanto, 461 millones serían para dar “una remuneración a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, el personal de la Rama Administrativa, así como a los prestadores de servicios por honorarios, por la organización de los dos ejercicios”. Preparan lineamientos El INE no esperará a que el Congreso apruebe la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato y el próximo 27 de agosto aprobará sus lineamientos para que los ciudadanos “que perdieron la confianza en el Presidente” puedan tomar las acciones pertinentes para cumplir los requisitos y solicitar un proceso de revocación, tal como prevé la Constitución, explicó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Detalló que el Congreso tiene 436 días de retraso en la aprobación de la ley reglamentaria y el instituto tiene fechas constitucionales que cumplir al respecto, por lo tanto, consensúan ya con los partidos el tema de los lineamientos. Agregó que si el Congreso de la Unión contempla en la legislación algo que contradiga los lineamientos del INE, verán la forma de ajustarlo para que quede alineado con la ley reglamentaria respectiva. Extraordinario depende de MC

El pleno de la Permanente está citado a partir de las 12:00 horas para discutir el tema. El periodo extraordinario para que Morena logre la aprobación de las leyes Federal de Revocación de Mandato, Juicio Político y Declaración de Procedencia, así como la Orgánica de la Armada de México, depende del partido Movimiento Ciudadano, pues la ausencia de la titular y suplente de su diputación federal le da ventaja a Morena. Ayer fue un día intenso de estrategias políticas, que provocaron una primera derrota de Morena en su afán de abrir el extraordinario, pero por la noche le abrió una posibilidad de lograr su objetivo, por la ausencia confirmada de un asiento de MC, sin posibilidad de suplirlo. La intensa jornada de ayer comenzó temprano, en un desayuno al que convocó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a donde se difundió habían sido citados los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, no hubo presencia del PAN, PRI, MC y PRD, por lo que la reunión fue exclusivamente de Morena con sus aliados políticos. La víspera, el PT y el Partido Verde se habían retirado del proceso de aprobación de la Ley de Revocación de Mandato, pero, en la charla con la secretaria de Gobernación, ambos partidos refrendaron su alianza con Morena, aunque no hubo presencia de senadores del PT, sólo diputados federales. Así, la sesión de la Permanente abrió con las propuestas del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y la iniciativa de los diputados de Morena para el extraordinario. Dado que no existía dictamen, fue necesario que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, sometiera a consideración del pleno si permitía que los dos temas, resumidos en un proyecto elaborado por la propia Mesa, se discutieran como un asunto de urgente resolución. Pero la ausencia del senador del PT Joel Padilla llevó al bloque oficialista a tener 23 votos, mientras que el bloque opositor sumó 12 de 13 posibles, porque no llegó Gabriela Medina, diputada de Movimiento Ciudadano, suplente de Fabiola Loyola, coordinadora de MC en Cámara de Diputados y quien reportó que está de viaje fuera de México. Gabriela Medina usó su cuenta de Twitter para informar que, por segunda ocasión, contrajo covid-19, a pesar de tener el esquema completo de vacunación y, por lo tanto, no podía asistir. Ante la derrota, Morena protestó y exigió que se repusiera la votación, incluso atacó a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, a la que acusó de no entender que la votación de mayoría calificada era con 23 y no 24 votos; sin embargo, la votación de mayoría calificada en la Comisión Permanente ha sido siempre con 25 votos, al ser un total de 37 integrantes y ayer había 35, por lo que la mayoría calificada se formó con 24 legisladores. Después de varias horas de discusión a gritos, el presidente de la Mesa, Eduardo Ramírez, decretó un receso, el cual usó para lograr el acuerdo de que esa votación quedaba firme y las peticiones del extra se turnaran a la Primera Comisión de la Permanente. A las 19:00 horas, en una sesión que duró 40 minutos, con 10 votos en favor y cuatro en contra, la Primera Comisión avaló la convocatoria al periodo extraordinario, que hoy discutirá el pleno de la Permanente a partir de las 12:00 horas, en modalidad presencial. En tanto, Morena logró que tanto Joel Padilla como su suplente, Alejandra León, se comprometieran a asistir al pleno, con lo cual el bloque oficialista tendrá 24 votos, frente a 12 de la oposición, si Fabiola Loyola, de MC, no se presenta a la sesión. De ella dependerá si hay o no extraordinario para aprobar las leyes solicitadas como urgentes por el Presidente de la República. --

Con información de Excélsior / AURORA ZEPEDA Y LETICIA ROBLES DE LA ROSA