El partido Morena solicitó al INE medidas cautelares para que el PRI suspenda la entrega de dinero en efectivo a personas que acuden a sus instalaciones y han entregado copia de su credencial de elector. Por medio de una queja sobre tales hechos, donde se advierte la compra y coacción del voto, Morena sostiene que el rebase de gastos de campaña puede anular la elección presidencial. "Morena solicita la adopción de medidas cautelares, consistentes en ordenar la suspensión del financiamiento que el Partido Revolucionario Institucional está otorgando a los ciudadanos, a fin de lograr la cesación de los hechos que por esta vía se denuncian y evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales y la vulneración de los bienes juridicos tutelados por las disposiciones contenidas en la legislación electoral", resalta la denuncia firmada por Horacio Duarte, representante ante el INE. La queja señala que las medidas cautelares forman parte de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en materia electoral, mientras se emite la resolución de fondo. En el escrito se presentan como pruebas el vídeo donde se advierte la entrega de dinero a personas que proporcionan copias de sus credenciales de elector, el cual publicó REFORMA. También se presentan las notas periodísticas y testimonios que dan cuenta de la entrega de 500 pesos por persona y de 10 mil pesos a los coordinadores seccionales. "Con base en la teoría de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, resulta fundamental que sean concedidas las medidas cautelares solicitadas, toda vez que al momento en que el Partido Revolucionario Institucional, al hacer entrega a los ciudadanos de una cantidad de dinero en efectivo a cambio de copias de sus credenciales de elector, se encuentra coaccionando el voto de los mismos y con ello violentando el derecho que tienen los ciudadanos de poder emitir de manera libre su voto en la próxima jornada electoral", se argumenta. La denuncia explica que uno de los supuestos por el que se pueden anular las elecciones federales o locales se actualiza cuando se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, siempre que esa violación se acredite de manera objetiva y material. Se remarca que el Instituto Nacional Electoral, por conducto de su Consejo Nacional, es el órgano administrativo encargado de aprobar tanto el dictamen como las resoluciones concernientes a los ingresos y egresos de las campañas electorales. Además, que el procedimiento sancionador en materia de fiscalización se instauró por violaciones a la normativa electoral, entre los cuales destaca el rebase de topes de gastos de campaña. La resolución sobre los rebases de topes deben estar resueltos antes de la aprobación del resultado de la elección, se advierte. La denuncia pide la fiscalización al PRI, porque se podrían estar gastando cerca de 684 mil millones de pesos, solo por entregar a los coordinadores seccionales 10 mil pesos por llevar gente al partido. Se recuerda que en todo el País hay 68 mil 448 secciones electorales.  La denuncia destaca que se vulneran de manera flagrante los artículos 25, 50, 54 y 55 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás relativos y aplicables. Explica el texto que en términos del artículo 218 del Reglamento de Fiesta, el prorrateo de dicha cantidad deberá ser para el candidato José Antonio Meade de 136 millones 896 mil pesos, que tendrían que considerarse en sus gastos de campaña. Por cuanto hace a los candidatos a senador y cargos locales, habrá que dividir el total de secciones en cada estado, para dilucidar el monto en cada caso y verificar el prorrateo del orden del 60 por ciento y 20 por ciento, respectivamente en cada caso, se indica. "Deberá enderezarse la investigación a conocer la cantidad de personas que recibieron 500 pesos a cambio de la copia de su credencial elector, considerando el esquema piramidal priista, de manera que cada presidente seccional debió llevarse por el 'apoyo' a una gran cantidad de ciudadanos". En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá considerar todos los gastos que aquí se denuncian y verificar la forma en que fueron registrados, se solicita. -- Reforma