El pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Seguridad Pública, para que remita al Poder Legislativo, el informe sobre el nivel de cumplimiento de la recomendación 73/2019 emitida por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la situación de las mujeres en los Centros de Reclusión en San Luis Potosí. La propuesta fue presentada por la diputada Beatriz Benavente Rodríguez, quien mencionó que de acuerdo a información periodísticas de los 300 centros penitenciarios que hay en el país sólo 18 son femeniles y concentran el 40.2% de las mujeres privadas de la libertad, mientras que el 59.8% restante se distribuyen en centros penitenciarios mixtos, con calificación reprobatoria de 5.98.

La legisladora expuso que de acuerdo a las visitas que llevó a cabo a los diferentes centros penitenciarios mixtos en el estado, se entrevistó con reclusas como a personal que labora dentro de las cárceles, lo que permitió identificar diversas deficiencias entre las que destacan que no existe la separación entre hombres y mujeres y no se cuenta con un centro específico para mujeres.

Señaló que las mujeres en reclusión son violentadas en su derecho a la salud pues no se cuenta con las condiciones mínimas que garanticen la atención de enfermedades o padecimientos propios de las mujeres, así como no tienen acceso a revisiones que garanticen que pueden contar con información y atención respecto a padecimientos tales como el cáncer de mama, cáncer cervicouterino, entre otros.

Entre las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destacan que las mujeres cuenten por lo menos con un Centro Femenil de Reinserción Social específico para ellas; se cuente con los recursos económicos necesarios para garantizar que todas las personas reciban una alimentación adecuada en cantidad y calidad; así como  brindar la debida atención a mujeres embarazadas, a niñas y/o niños, recién nacidos, personas con discapacidad, personas mayores, pertenecientes al grupo LGBTTTI, con problemas de adicciones, con enfermedades crónicas y/o degenerativas.

Resulta pertinente conocer el avance en cuanto al cumplimiento de dichas recomendaciones pues se habla de requisitos mínimos de tutela de derechos humanos de las mujeres, por lo que de su cumplimiento depende la integridad, seguridad, salud y hasta la vida de las reclusas.