Organizaciones civiles urgieron a la Federación y a los Gobiernos estatales a crear un mecanismo de protección para policías locales, ante el homicidio de 91 agentes de diciembre a la fecha. El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), el Laboratorio de Innovación para la Paz y el Observatorio Nacional Ciudadano coincidieron en que la realidad en México pone como un blanco fácil del crimen organizado a los policías Silvano Cantú, director de Innovación para la Paz, propuso tomar ejemplos del caso Colombia, donde, además de los periodistas y activistas, los policías son considerados un grupo endeble ante la delincuencia. "Colombia cuenta con un mecanismo que protege a 13 grupos expuestos, entre ellos policías locales: son los que menor blindaje tienen ante la violencia", explicó. Miguel Garza, director de investigación aplicada del Insyde, profundizó que en Colombia los mandos policiacos, durante todo su cargo, viven dentro de la corporación, al igual que sus familias. Francisco Rivas, titular del Observatorio Ciudadano, destacó que no sólo se debe blindar a las agrupaciones, sino también eliminar actos de corrupción en los procesos de justicia. "Necesitamos mejorar las unidades de asuntos internos y los casos de posibles lazos de corrupción. Necesitamos hacer una buena depuración, en donde no todo es correr, pero sí tal vez depurar algunas áreas para encapsular otras", propuso. De diciembre a la fecha, de los 91 asesinatos registrados -reconocidos oficialmente o reportados en la prensa-, 52 corresponden a elementos municipales, 27 a estatales y 12 a ministeriales.

Advierten abandono Las policías locales están abandonadas en su infraestructura y seguridad, situación que se acentuará con la entrada en funciones de la Guardia Nacional, alertaron integrantes de organizaciones civiles. Silvano Cantú consideró que la actual administración federal, al igual que los dos anteriores Gobiernos, ha menoscabado a las corporaciones municipales y estatales. "Este creciente patrón de agresiones contra policías es también un resultado de una política de Estado, de Gobierno federal, como de locales, que han favorecido esquemas de excepción como el de la militarización, en menoscabo del fortalecimiento policial", señaló Cantú a REFORMA. "Es una política desafortunada desde el punto de vista de las instituciones porque se está creando un régimen paralelo de seguridad híbrida militarizada, y otros esquemas, donde la seguridad pública tradicional se está dejando de lado y al margen". La debilidad de las corporaciones se visibiliza en sus presupuestos, su equipamiento, la capacitación a sus integrantes y la respuesta de éstos ante la ola criminal en los estados, agregó. "Llama la atención que el Gobierno federal declarara terminada la 'guerra' contra la delincuencia, pero se limitó a hacerlo a nivel declarativo. Esta conflictividad propia de la crisis de violencia de los últimos sexenios no se clausura con una declaración oficial", aseveró el activista. Francisco Rivas planteó incrementar el número de elementos policiales, mejorar la unidad de asuntos internos y canalizar de manera correcta los casos de posible corrupción. "El ataque a la autoridad se da donde hay un problema de seguridad, y ese problema incluye una serie de redes de corrupción, por lo tanto el homicidio es utilizado como un mecanismo de amenaza o de alguna manera de venganza", argumentó. Rivas consideró que ante la actual debilidad se debe plantear de qué forma proteger a los uniformados. "Hoy quien tiene guaruras, generalmente las altas autoridades, pero las medias y bajas autoridades, que pueden estar expuestas a un peligro, pues no necesariamente reciben el apoyo que deberían estar recibiendo, es por ello que es un tema mucho más complicado", alertó. "Necesitamos exigirle al Estado que los proteja, es decir, cómo los vamos a proteger, cuál debe ser el protocolo adecuado, cuando sí, cuando no, y bajo qué contexto". Otra forma de blindar a las instituciones, agregó Miguel Garza es apostar por la profesionalización. "Las condiciones laborales de los policías, derecho a pensión, seguro o indemnización a las familias en caso de que pase algo, como ejecución, por ejemplo", dijo. Garza criticó también que, en su recorrido como director de investigación aplicada en la materia, ha detectado debilidades en el proceso disciplinario de la Policía, así como equipos en deterioro como los chalecos antibala y vehículos. -- Reforma