Los mandos de las corporaciones de seguridad, incluida la nueva Guardia Nacional, deben ser sancionados por el uso excesivo de la fuerza de sus subalternos, plantea la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). El organismo internacional envió al Senado de la República documentos técnicos con los estándares internacionales que deberían ser considerados en la creación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos. En su primera comunicación sobre la Guardia Nacional luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Gobierno federal, el representante de la ONU-DH en México -Jan Jarab- pidió una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política del Senado para explicar la información enviada. "En la regulación del uso de la fuerza es pertinente establecer un sistema de asunción de responsabilidades con el fin de asegurar un control superior y parámetros de obediencia", plantea la ONU-DH en uno de los documentos. "Así, la Ley Nacional debe regular cuando menos cuatro dimensiones de responsabilidades: 1) la responsabilidad directa, 2) la responsabilidad por omisión, 3) la responsabilidad de los mandos y 4) la responsabilidad de los mandos por las acciones de sus subordinados". En el mismo texto se explica que un mando tiene responsabilidad por omisión cuando sabe que se va a producir el delito y tiene los medios necesarios para evitarlo, pero lo permite; además de que el mando también sería responsable cuando, una vez cometidos lo crímenes, no garantiza su investigación, judicialización y sanción. Aunado a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención-precaución y no discriminación con que se debe regir el uso de la fuerza, la ONU-DH también incluye los principios de transparencia y rendición de cuentas. "La Ley Nacional debe permitir el acceso a la información sobre la aplicación del uso de la fuerza, incluyendo la obligación expresa de presentar informes en todos los casos en que se haya empleado la fuerza, aun cuando no haya resultado en personas heridas o muertas", indica el documento. La Oficina de Naciones Unidas recuerda que desde 2009 en México se han emitido al menos 10 directrices, lineamientos o protocolos tratando de regular el uso de la fuerza para cuerpos federales de seguridad, además de otros cuatro para las Fuerzas Armadas. "(Pero) no han impedido que sigan ocurriendo violaciones a los mismos, ni han contribuido en la medida esperada a una mayor transparencia y rendición de cuentas en el tema", reprocha la ONU-DH. "Entre los casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos por uso de la fuerza que han ocurrido, a pesar de la existencia de protocolos o lineamientos, se encuentran los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán". -- Reforma