CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobernadores y alcaldes que soliciten la intervención de las Fuerzas Armadas para atender una emergencia de Seguridad Interior deberán comprometerse con la profesionalización y depuración de sus cuerpos policiacos, con tiempos, estrategias, presupuestos y resultados, apegados a los criterios del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y serán evaluados para que la presencia de los militares sea breve. Así lo establece una adición acordada ayer por el PRI, PAN, gobierno federal y las Fuerzas Armadas, para enriquecer la Ley de Seguridad Interior, la cual quedó anoche en la antesala de la aprobación por parte del pleno del Senado, luego de que las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda aprobaran con 19 votos en favor y 11 en contra el dictamen, con el acuerdo de 10 cambios a nueve artículos y la adición de un transitorio. Durante cerca de cuatro horas de negociación, que se abrieron sólo unos momentos antes de que comenzaran a trabajar las comisiones unidas, el PAN logró el respaldo para agregar un artículo transitorio que busca evitar que los gobernadores sean omisos en sus tareas de seguridad pública, una vez que la Federación asuma la tarea de atender los problemas de Seguridad Interior, y no se prolongue más la historia de los últimos 11 años en que a pesar de la ayuda militar, los gobiernos estatales y municipales no mejoran la seguridad pública. Este nuevo transitorio dispone que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que pidan el auxilio federal “deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de 90 días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante”, dice. La sesión de las comisiones unidas, presidida por Cristina Díaz, responsable de la Comisión de Gobernación, comenzó con algunos problemas, porque el Partido del Trabajo, el PRD y algunos senadores del PAN intentaron prolongar lo más posible la discusión, ante la evidente mayoría en favor del dictamen, que contiene los 10 cambios hechos a nueve artículos avalados por la Cámara de Diputados, de los cuales Excélsior dio cuenta detallada ayer. Incluso hubo un momento de tensión, pues el activista Alfredo Lecona logró entrar hasta el área reservada para los asesores y auxiliares de los senadores, y comenzó a gritarles “golpistas”, incluso al panista Roberto Gil le pidió recordar que a él lo espiaron y ahora “quieres que nos espíen a todos. No sean como los diputados”. Molesta, Cristina Díaz, quien ya sumaba varios minutos de intentar que los senadores opositores la dejaran aprobar el orden del día, gritó para exigir que se respetara el orden. Le pidió a la perredista Angélica de la Peña que controlara a sus invitados, pero su compañera no atendió la petición. Cristina Díaz cerró el puño y lo golpeó en la mesa, como si fuera el mallete de un juez, para exigir respeto y pedir que el activista se retirara. JUSTIFICA HÉCTOR FLORES ADECUACIONES REALIZADAS

El senador del PAN, Héctor Flores Ávalos, afirmó que eran necesarios los cambios a la Ley de Seguridad Interior avalados en comisiones del Senado, y que refrendan que la norma no busca militarizar al país. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, aseguró que estas modificaciones responden a las voces en contra del dictamen inicial, tanto de integrantes de organizaciones civiles, expertos en la materia y académicos, hasta de gobernadores, con quienes, aseguró, se tuvo un diálogo constructivo para llegar a la propuesta de dictamen. No se trata, dijo, de dejar tranquilas a las voces en contra, algunas de las cuales, precisó, emitieron “críticas muy fuertes y certeras, producto, asumo, de un análisis profundo, con fundamento”. “Otras, también hay que decirlo, me parece que provenían quizás más de suposiciones o de situaciones en donde no había propiamente una información suficiente”, por lo que se abrió un espacio de discusión, como exhortara el Presidente Enrique Peña Nieto, “lo cual celebro”. Detalló que escucharon diversas posturas, incluso de los gobernadores que,“ salvo algunos, creo que fue unánime su voz en el sentido de decir vamos adelante con la regulación del tema”, dejando la responsabilidad en el Senado de analizar “cuál es la mejor forma de aterrizar el texto”. Por ello, precisó, “las modificaciones que hoy se tienen están enfocadas a atender este tipo de temas, que estuvieron sobre la mesa y que constituyen las principales críticas al texto de la Ley Seguridad Interior”. Sin embargo, reconoció que indudablemente habrá un sector de la sociedad que seguirá inconforme con la aprobación de esta Ley.   AÚN NO ACABA Este jueves, el Pleno del Senado votará la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada ayer en comisiones.

Una vez que sea aprobada, se devolverá de inmediato a la Cámara de Diputados.

Los diputados deberán ratificar los cambios que realizaron los senadores.

Una vez aprobada por los diputados, se turnará al Ejecutivo para su promulgación.

El problema es que los diputados podrían parar su actividad, pues la oposición no quiere una consulta popular del PRI. -- Excélsior