La Comisión Estatal de Derechos Humanos condenó enérgicamente los atentados en Vanegas y Huehuetlán y realizó un llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a investigar los hechos y resolver conforme a derecho. Y es que aparte del asesinato de un operador político del PAN en Vanegas, se registró el atentado en contra de la caravana del candidato a la presidencia municipal de Huehuetlán del Partido Verde Ecologista. Según los datos del Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018 publicado por la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de Etellekt Consultores, durante el periodo del 8 de septiembre del 2017 al 8 de mayo de 2018, San Luis Potosí se sitúa en onceavo lugar a nivel nacional respecto del número de agresiones directas contra políticos, con un total de 9 agresiones: 2 asesinatos, 4 intimidaciones y amenazas, 1 herido por arma de fuego y 2 asaltos con violencia.   El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el marco del proceso electoral que se vive hoy en día y ante los episodios de violencia que se han documentado en la entidad, realiza un llamado a las autoridades locales y a todos los actores políticos a que contribuyan a garantizar la seguridad y la integridad personal de todas las personas que desde una candidatura participan en la contienda, sus equipos de campaña, simpatizantes, así como de toda la ciudadanía.  Mencionó la CEDH que La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “desde septiembre de 2017 y hasta abril de este año, se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos”. En este contexto, el Consejo de este Organismo Constitucional Autónomo se suma a la exigencia hacia las autoridades locales competentes para que tomen las medidas necesarias que garanticen el derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal de todas las personas que participen en la jornada electoral. De igual forma, “exhortamos a los actores políticos a que fomenten el respeto y la civilidad entre sus simpatizantes y ciudadanía en general, a fin de prevenir actos violentos y asegurar un clima de legalidad”.