Ciudad de México.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre cuatro hechos violentos ocurridos la noche del 24 al 25 de marzo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que fallecieron al menos ocho personas y resultaron heridas otras 14, entre ellas efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). Aunque la ONU-DH consideró positivo que Semar asuma la responsabilidad en los hechos, expresó su preocupación por la calificación de la muerte de una madre y dos hijos como un "hecho circunstancial" y lamentó que el comunicado de esa secretaría no ofrezca ninguna disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores. Destacó lo sucedido en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde fallecieron dos menores de edad y su madre, además resultaron heridos otro menor y el padre de las pequeñas. La PGR afirmó que estas personas, todas integrantes de una familia, fueron víctimas de disparos realizados desde un helicóptero de la Semar, y desmintió la versión de ésta secretaría sobre los hechos. La ONU-DH destacó que, de acuerdo a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego de las Naciones Unidas, la Semar puede usar sus armas de fuego, incluidos los helicópteros, únicamente cuando es estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler una agresión sufrida y recordó que estos principios básicos fueron incorporados por la fuerzas militares mexicanas a su manual de uso de la fuerza. "Todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos principios", dijo Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, y afirmó que "la información hecha pública por Semar, que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones". Jan Jarab destacó que los Principios Básicos establecen que si un elemento de la fuerza militar, al usar un arma de fuego, ocasiona lesiones o muerte de una persona, debe comunicar el hecho inmediatamente a sus superiores. "En este sentido, las medidas disciplinarias que fueran pertinentes y la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido. Informes públicos en los días siguientes a los hechos en los que no se informa de las personas muertas y heridas por los disparos realizados desde un helicóptero de Semar podrían constituir un incumplimiento del deber de enviar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial", afirmó. La ONU-DH destacó que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos y destacó que estos casos no han derivado en hacer cambios en el comportamiento institucional. "La gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento", agregó Jarab. En su reacción pública a los peritajes de la PGR, Semar asumió la responsabilidad e informó que realizará las acciones correspondientes para proporcionar, tanto la ayuda como la reparación integral a las víctimas, "a pesar de constituir un hecho circunstancial cuya causa fue originada por grupos delincuenciales". Sobre esto, la ONU-DH expresó preocupación de que se haya querido criminalizar y desprestigiar a las víctimas y defensores de derechos humanos de la localidad. La ONU-DH pidió a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, llamó a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. -- Milenio