La semana pasada, jueces de la Audiencia de Navarra en España condenaron a apenas 9 años de prisión a cinco integrantes de un grupo denominado “La Manada”, que durante las Fiestas de San Fermín, en 2016, presuntamente violaron a una joven. Dicha sentencia se basó en que los jueces consideraron que la víctima aparentemente cooperó, por lo que no se encontraron pruebas de agresión sexual y únicamente se consideró como abuso sexual. Esta sentencia, de acuerdo a expertos y expertas en la materia, sienta un precedente muy negativo en la lucha por frenar la violencia contra las mujeres alrededor del mundo, sin embargo, expertas también apuntan que San Luis Potosí está incluso por detrás de España en materia de justicia para las mujeres y casos como el de “La Manada” ocurren todos los días en el estado. 2017: EL AÑO MÁS VIOLENTO CONTRA MUJERES

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que el 2017 tuvo la cifra más alta de violaciones en San Luis Potosí durante al menos los últimos 20 años, con un total de 454 denuncias por este delito, es decir más de una diaria. Esta es la cifra más alta desde 1997, que es el primer año que se reporta en este informe y contrasta con los 147 casos de violación que se denunciaron en 2014, que fue el año con menor incidencia en este periodo de tiempo. Entre enero y marzo de 2018 se reportan ya 96 casos, es decir poco más de uno al día. La abogada y consultora de la iniciativa Rise Up Together México, Fabiola Rivera Rojas, consideró que casos como el de “La Manada” ocurren todos los días en México, sin embargo, no tienen el impacto mediático suficiente para salir a la luz y consideró que el país está “sobradamente superado” por España en materia de equidad de género, toda vez que mientras en el país europeo la sociedad salió a manifestarse, tras la resolución del juez por el caso de “La Manada”, en México la indignación social se volcó en contra de la joven víctima por el caso de “Los Porkys”, ocurrido en el estado de Veracruz. La falta de justicia para mujeres violentadas, explica Fabiola Rivera, no se debe a deficiencias en el marco normativo del país o del estado, sino a la falta de sensibilización de las autoridades encargadas de impartir justicia, lo cual se traduce en interpretaciones erróneas de jueces que exoneran a los agresores y en la revictimización de las mujeres que fueron agredidas, a quienes, al momento de acudir al Ministerio Público, incluso les llegan a preguntar qué hicieron para provocar la agresión del hombre. SLP “BLINDADO” CONTRA “LOS PORKYS” El caso de “Los Porkys” en México tiene diversas similitudes con el de “La Manada” en España. En enero de 2015, un grupo de cuatro jóvenes agredieron sexualmente a una menor de edad en el estado de Veracruz y la sentencia de un juez exoneró a uno de los involucrados, al considerar que el introducir sus dedos en la vagina de la joven no implicaba un acto de violación, además de que señala que el joven no tenía intención de “copular”, dado que nunca se lo dijo directamente a la víctima. El Código Penal de San Luis Potosí, en su artículo 174, estipula que se considera también como violación “a quien por la vía vaginal o anal introduzca cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral”, lo que intenta prever que existan sentencias como la emitida en Veracruz. Este delito, de acuerdo al Código Penal potosino, se sanciona con una pena que va de los ocho a los 16 años de prisión. La consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Arely Torres Miranda, consideró que el hecho de que se tengan que crear leyes tan específicas en materia de violencia de género significa que en México no se ha entendido el concepto de justicia, sin embargo, consideró que ante este panorama sí es necesario hacer especificaciones muy precisas en las leyes, a fin de evitar resoluciones “tramposas”, por parte de los jueces. La también activista comentó que lo más difícil para una víctima no es aportar pruebas en torno a un delito de violación, sino el que son revictimizadas al momento de acudir a realizar la denuncia y al enfrentar todo el proceso para obtener justicia, ya que no se tiene un personal capacitado y sensible al tema en los Ministerios Públicos y en el propio Poder Judicial y no existe un protocolo que funcione para evitar que las víctimas tengan que “peregrinar” por distintas oficinas gubernamentales para poder acceder a la justicia. En San Luis Potosí, el caso más visible de violencia contra la mujer en donde, de acuerdo a la opinión pública, se dictó una sentencia injusta para las víctimas, fue el del feminicidio de Viviana en noviembre de 2016, cuyo homicida obtuvo una sentencia de 20 años de prisión y su cómplice de 10 años, pese a que este delito puede alcanzar penas de entre 45 y 60 años; la disminución de la pena se dio debido a que la parte inculpada aceptó su responsabilidad.