CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) e instituciones adherentes, presentaron esta mañana en el Senado la propuesta de Ley de Pago en 30 Días, que tiene el propósito de establecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban el pago por sus productos y servicios. Existen empresas que financian su operación a costa de sus proveedores al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días o incluso mayores. Cabe señalar que estos plazos comienzan a contar a partir de la recepción de facturas, para lo cual hay procesos previos (como el alta de proveedores) que incrementan aún más los plazos. Esto se presenta desde una posición dominante y ante el bajo poder de negociación de las mipymes. Esta situación no es exclusiva del sector privado; en el sector público se presentan situaciones similares. "Una de las principales problemáticas de las mipymes es el largo plazo en el que recibimos el pago por nuestros productos y servicios, lo que genera problemas de liquidez que detonan otro tipo de problemas operacionales y financieros. Ante esta situación no nos queda más que recurrir a esquemas de financiamiento muy costosos”, señaló Fernando Mendivil, presidente de la ASEM.

Según datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 52% de las empresas en economías emergentes cierran debido a problemas económicos, entre ellos destaca la falta de liquidez. Por ello, la iniciativa busca atacar este problema. Entre los principales puntos que propone la Ley de Pago a 30 Días es que sea de carácter general, es decir, que se aplique a todas las empresas en México (micro, pequeñas, medianas y grandes) y al sector público. Esto con el fin de no generar asimetrías y promover un círculo virtuoso para cobrar y poder pagar a 30 días. Para el sector privado se plantea un plazo máximo de pago de 30 días naturales a partir de la recepción de la factura, aunque durante los primeros 12 meses a partir de su entrada en vigor, el plazo sería de 60 días corridos (para ajustar el mercado y las cadenas de pago). En caso de que no se cumpla el plazo de pago, se podrían aplicar comisiones a favor del proveedor por cada día de retraso y una multa sobre saldo insoluto que la empresa deudora tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Implementar esta política de pago podría generar beneficios específicos para las grandes empresas, como obtener mejores precios por parte de sus proveedores, detalló la Asociación. Para el sector público el plazo máximo de pago sería igualmente de 30 días naturales desde la recepción de factura (salvo excepciones legales, en bases de licitación y contratación directa). Asimismo habría sanciones administrativas para el funcionario público encargado del servicio que no cumpla con los plazos de pago. Entendiendo que existen ciclos económicos muy particulares que no podrían someterse a un plazo de pago de 30 días, como en la agricultura o ventas a consignación, la propuesta ciudadana estipula casos excepcionales. Dichos casos excepcionales o acuerdos entre privados se registrarían en un portal de la Secretaría de Economía, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la celebración del contrato, con el fin de visibilizar estos acuerdos para evitar plazos de pago abusivos, dando pie además a generar un índice de plazos de pago en México. Durante el evento también se presentó al grupo de Senadores que se comprometieron a mejorar el entorno en el que se emprende en México, al cual la asociación se refiere de forma simbólica como “bancada pro emprendimiento”. Por el momento la bancada cuenta con 10 integrantes: Alejandro Armenta, Américo Villarreal, Dante Delgado, Gustavo Madero, Indira Kempis, Martí Batres, Mauricio Kuri, Patricia Mercado, Ricardo Ahued y Ricardo Monreal. "Algunas externalidades positivas de dinamizar el pago a las mipymes son: mayor capacidad de consumo, mayor liquidez y capacidad de inversión. También detona una mayor participación bancaria en el financiamiento de capital de trabajo, en vez de financiamiento a costa de las empresas más vulnerables”, señaló Rogelio de los Santos, Presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aquellos que han implementado políticas para reducir plazos de pago a proveedores registraron un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) y mejoran sustancialmente el entorno para hacer negocios. Es importante señalar que esta propuesta contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respectivas metas, principalmente: ODS 8: Trabajo y Crecimiento Económico, ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, y ODS 10: Reducción de las desigualdades. Por lo que se espera que cuente con el respaldo de la oficina de Presidencia. Como siguientes pasos, la ASEM y la bancada proemprendimiento convocarán a diferentes organismos empresariales con el fin de recopilar sus observaciones e incorporarlas a la propuesta. El objetivo es que este año se logre su aprobación en el Legislativo y la promulgue el Ejecutivo. En este proceso la asociación contará con la colaboración de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. La ASEM convocó a emprendedores y MIPYMES para que firmen la iniciativa publicada el día de hoy en Change.org y a que cuenten en redes sociales su experiencia con plazos de pagos con el hashtag #LeyPago30Días. -- EXCÉLSIOR