El diputado Oscar Vera Fábregat propuso hacer reformas a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para obligar a las agrupaciones políticas estatales a que presenten los informes financieros, ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Unidad Técnica Fiscalizadora, de manera semestral y anual.

Expuso que las agrupaciones políticas estatales por disposición legal ya no cuentan con financiamiento público para el mantenimiento de sus actividades, y únicamente mantienen el financiamiento privado.

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización

puede ser decretada por el Estado (para comprobar si una empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las mercaderías, etc.).

En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del aparato estatal a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos como las entidades fiscalizadoras superiores y las superintendencias, entre otros.

El diputado Oscar Vera dijo que de conformidad con el artículo 3° de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la organización, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios de elección de Gobernador del Estado, diputados, y ayuntamientos, estará a cargo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo al artículo 65 de la ley en cita, el Pleno del Consejo ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios en materia de Fiscalización, a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará integrada por tres consejeros electorales.

Las observaciones hechas por el Órgano Público Electoral Local del Estado (OPLE), tienen el objetivo de llevar a la ley las distintas áreas de oportunidad normativa para hacer más eficiente y eficaz el proceso electoral.

De acuerdo a la reforma político electoral del año 2017, las agrupaciones políticas del Estado dejaron de percibir financiamiento público para el mantenimiento de sus actividades, quedando únicamente autorizados a recibir financiamiento privado.

Los entes políticos deberán presentar los informes financieros, ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Unidad Técnica Fiscalizadora, de manera semestral, y no de manera trimestral, como ha venido sucediendo, generando una mayor atención en relación a diversas actividades técnicas del propio Consejo.