En el 2017, el Congreso del Estado de San Luis Potosí destinó el 64% de su presupuesto a servicios personales, una cuarta parte para apoyos sociales, 8% a servicios generales según lo consignó el reciente Informe Legislativo realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Se detectó que en el periodo del 2015 al 2018 cada diputado tuvo un presupuesto de 10 millones 854 mil 374 pesos, por lo cual el estado ocupa el 13° lugar nacional con el mayor monto por cada uno. Además en lo que va del 2018, el presupuesto aprobado para el Congreso potosino fue de 293 millones 68 mil 50 pesos, lo que implicó un incremento del 12% a comparación del monto aprobado en el 2015. En entrevista exclusiva para GlobalMedia Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Publicas del IMCO, comentó que el principal tema que se detectó en este informe es que los Congresos siguen en la gestión de apoyos sociales, acto ajeno a la función legislativa. “Encontramos un tema muy grave que es, que los Congresos locales están ejerciendo funciones que no les corresponden, nos referimos al tema del otorgamiento de ayudas sociales por parte de los diputados, y que no es un tema para el cual tengan facultades legales, sin embargo año con año se repite esta práctica, e inclusive en algunos Congresos está prácticamente institucionalizada” En promedio, los congresos locales presupuestan 11.7 millones de pesos por diputado y en 11 rebasan esta cantidad “Si los congresos locales en México tuvieran un presupuesto por diputado de 3.5 millones de pesos (como en el caso de Puebla), los estados dejarían de destinar más de 10 mil millones de pesos a sus órganos legislativos”, señala el informe. Sobre el presupuesto del congreso por habitante en la entidad federativa es de 104 pesos, en los Congresos de Quintana Roo y la Ciudad de México representan el costo más alto por habitantes con 274 y 269 pesos. El reporte señala que “las funciones de los congresos no varían en el tiempo. La administración de recursos para presentar y votar proyectos legislativos, llamar a rendir cuentas o canalizar demandas sociales a través de leyes no debería tener diferencias sustanciales. Tener crecimientos presupuestales (positivos o negativos) alejados al de la inflación puede revelar una mala planeación e ineficiencia en el ejercicio de los recursos”.