CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de confianza de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma, en busca de un amparo que los proteja ante la nueva Ley Federal de Austeridad Republicana, pues en ésta se ordena un veto de 10 años para trabajar en la iniciativa privada, la reducción de su salario y la eliminación de prestaciones, como seguro de gastos médicos mayores. Hasta ahora, casi seis mil servidores públicos se blindarán ante esta ley. El martes 19 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Austeridad Republicana, en la cual se establecen los nuevos lineamientos de ahorro y de austeridad en la administración pública, por lo que este miércoles, a primera hora, en el Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar con residencia en la Ciudad de México, 5 mil 777 funcionarios se ampararon, a través de Trusan&Roma. El despacho de abogados ingresará este recurso legal en dos rondas, la primera incluirá a servidores públicos de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, CNDH; de Hidrocarburos, CNH; Bancaria y de Valores; CNBV; Comisión Federal de Electricidad, CFE y el Centro Nacional de Energía; mientras en la segunda ronda entrarán los nombres de burócratas decena de dependencias como las secretarías de Educación Pública y de Gobernación. Esta Ley Federal de Austeridad Republicana incluye más de 60 artículos, los cuales Trusan & Roma impugnará 13, por lo menos, en el amparo. “Las principales razones por las que están viniendo al despacho los servidores para ampararse es para protegerse de la veda de 10 años para laborar en la IP”, aseguró en entrevista con el periódico Excélsior, Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma.

El artículo 24 de esta Ley de Austeridad Republicana prohíbe a los servidores públicos trabajar en la iniciativa privada, hasta transcurrida una década. “Por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, especifica la Ley.

El pasado 14 de octubre, Excélsior publicó que en dos semanas, habían renunciado, por lo menos, 50 de los 184 directivos generales y directores adjuntos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que prefirieron entregar su puesto, antes de que apareciera esta Ley de Austeridad Republicana. Y con su entrada en vigor, quedar impedidos durante 10 años para trabajar en el sector privado. Esta Ley Federal de Austeridad Republicana, llega prácticamente un año después de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que estableció el recorte de salarios de los funcionarios de altos mandos y que ningún funcionario en México, podría ganar más que el presidente de la República, salario que se fijó en 108 mil pesos para 2019. De acuerdo, con las últimas cifras de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, por las medidas de austeridad, en esta administración pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ahorraron 11 mil millones de pesos a nivel federal, tras la suspensión de seguros médicos privad

os, reajuste de salarios a la baja y eliminación de 8 mil 820 plazas de mando. “Nosotros tenemos confianza de que ganaremos la impugnación de la Ley de Austeridad Republicana, pues con la anterior Ley de Remuneraciones, logramos proteger a más de 7 mil clientes, al ampararlos, y con esa medida, impedir que se les redujera su salario”, concluyó Martínez, de Trusan & Roma.

--  CLAUDIA SOLERA / EXCÉLSIOR