Editorial EL UNIVERSAL / Lo que México negoció en lo oscurito con Trump Conforme pasan los días se va confirmando la noticia: el gobierno federal mexicano estaba a punto de ceder soberanía a cambio de que el Congreso estadounidense ratificara el tratado comercial TMEC. Pero una filtración de prensa alertó, y de emergencia, una delegación de empresarios mexicanos encendió los focos rojos y trabajó intensamente todo el fin de semana y hasta ayer, para frenar al subsecretario Jesús Seade, quien estaba a punto de aceptar lo inaceptable. El mundo al revés: los empresarios se movilizan para impedir a un gobierno de izquierda que ceda soberanía ante Estados Unidos. Todavía anoche se llevaron a cabo negociaciones en la Ciudad de México entre empresarios y gobierno mexicano para poder presentar una postura común frente a la administración de Donald Trump hoy en Washington y desactivar lo que México estuvo a punto de firmar. En breve sabremos si lograron parar el golpe. ¿Qué filtración de prensa? ¿Por qué ceder soberanía? La primera información se dio a conocer en Estados Unidos a través del muy popular portal Politico, y del medio especializado Inside US Trade: el gobierno del presidente López Obrador aceptaba que inspectores del gobierno estadounidense visitaran las fábricas mexicanas para ver si éstas cumplían las leyes laborales de nuestro propio país. Y si no cumplían, los productos (no queda claro si de esa empresa en particular o de toda una industria) serían frenados en la frontera. Estamos hablando de agentes oficiales estadounidenses operando en territorio mexicano para hacer cumplir las leyes mexicanas. Y el gobierno de México estaba aceptando. Es la versión de comercio exterior de la oferta de Trump de mandar tropas a México para que ayuden en el combate a los cárteles, que rechazó la administración López Obrador. Sorprende que el gobierno mexicano haya mandado todas las señales de que había aceptado. Primero, porque eso no estaba negociado en el TMEC que se firmó. Y segundo, porque implica una cesión de soberanía y deja a México en la vulnerable posición de que el gobierno de Estados Unidos determine unilateralmente si México cumple o no su propia ley, y en función de eso puede establecer sanciones que impliquen frenar el comercio libre. Ceder en esta materia quiebra además los postulados históricos de la izquierda mexicana, todo por lo que López Obrador luchó antes de ser presidente: la no intervención, la defensa de la soberanía nacional, el no ser entreguista frente a Estados Unidos. Pero también es cierto que desde que llegó al poder, varios hechos exhiben que ese discurso defensor de la soberanía se quedó en el López Obrador opositor y ya no llegó al López Obrador presidente: Primero, la recepción a Ivanka Trump en el Congreso mexicano el 1 de diciembre, cuando el presidente la elogió en medio de su importantísimo discurso de toma de posesión, mientras los diputados de Morena agitaban sus manos para saludarla a la distancia, en plan fan. Lo nunca visto. Segundo, el presidente no toca ni con el pétalo de la mínima declaración al mandatario estadounidense que más ha dañado a los mexicanos. Tercero, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó la nueva ley laboral tal como la pidió Estados Unidos; en su mañanera, el presidente lo deja claro al día siguiente al hablar de la nueva legislación: “cumplimos con el compromiso con Estados Unidos”. Cuarto, a cambio de desactivar la amenaza de aranceles, puso al servicio de Trump su recién creada Guardia Nacional: mandó 26 mil elementos a detener migrantes y fungir como el muro de Trump (…y México está pagando por él). En este contexto, no extrañaría que con tal de lograr la ratificación del TMEC, el gobierno federal estuviera aceptando esta cesión de soberanía. Muchos dicen que Trump ya le tomó la medida a López Obrador. Hoy están sobre la mesa dos asuntos que pueden darnos una respuesta contundente sobre eso: el combate al narcotráfico y la ratificación del TMEC. OPINIÓN/ La economía de los pobres un año después A un año de gobierno se presentan algunos indicadores que muestran que la economía de los más pobres podría estar empezando a mejorar como resultado del aumento en el salario mínimo y los programas sociales. El aumento del 16% en el salario mínimo, a pesar de modesto, permitió poner fin a 36 años de pronunciado deterioro salarial y ha tenido efectos en el conjunto de los salarios. Según un estudio de Conasami, en tan solo seis meses tuvo un impacto del 6.7% en el salario promedio. Los efectos del incremento al mínimo, según esa institución, han sido mayores entre los más pobres. Si clasificamos a los trabajadores del IMSS en deciles, de acuerdo a su salario, vemos que quienes normalmente ganan menos son los que recibieron los mayores aumentos. El primer decil, por ejemplo, incrementó sus ingresos en un 10%. Pero donde realmente podemos observar el impacto que podría tener una política que consistentemente se plantee incrementar el salario mínimo —como parece buscar esta administración —es cuando vemos lo que ha ocurrido en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el aumento fue del 100% (paso de 88.36 a 176.72 pesos). El aumento en esa franja, según la Conasami, permitió incrementar en más del 70% los ingresos del decil con menos ingresos, casi el 50% del segundo decil y más del 20% del tercer decil. Eso ilustra los beneficios que podría tener una política igualmente ambiciosa a nivel nacional. Algo interesante que se ha podido comprobar es que ni la inflación ni el desempleo aumentaron como resultado de ese incremento salarial en la zona fronteriza, lo que derrumba dos de los viejos mitos que justificaron una política regresiva en materia de salario mínimo. Tan solo un año de gobierno ha sido suficiente para comprobar los efectos del incremento del salario mínimo en la reducción de la pobreza. Aunque resta conocer la medición que hará Coneval el año próximo, los datos de Conasami ya permiten observar cómo la pobreza laboral (hogares donde no alcanza para adquirir la canasta alimentaria) bajó 1.74 puntos porcentuales, el equivalente a dos millones de personas. El otro factor que está mejorando la economía popular son los programas sociales que hoy benefician —según datos del gobierno— a más de 20 millones de familias. Durante 2019 se presupuestó para estos programas más recursos que en toda nuestra historia. Pese a que dicho presupuesto está todavía por debajo de las enormes necesidades, y pese a los subejercicios registrados en este primer año, se están virtiendo al conjunto de la economía una suma de recursos que permitirán incrementar la capacidad de consumo de los más pobres, beneficiando además al conjunto de la sociedad. Evidentemente, las transferencias que llegan a esas familias no son destinadas al ahorro, como ocurre con los ingresos que recibe la clase media y alta. El grueso de esa suma se vierte casi automáticamente al circuito de la economía generando mayor consumo y favoreciendo el mercado interno. Así, aunque han disminuido las ventas en bienes de consumo duradero (como los carros), según la Asociación Nacional de Abarroteros, entre enero y septiembre se registró un incremento del 7.9% en las ventas que registran las tiendas de abarrotes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata apenas del inicio de una tendencia apenas perceptible, pero que habla de una tenue mejora en la capacidad de consumo familiar. De continuar y profundizarse, se podrían lograr cambios perceptibles en la reducción de las pobreza y, en menor medida, también en la desigualdad de ingresos. Eso se logró en Brasil, durante el gobierno de Lula, cuando 30 millones ingresaron a una cierta clase media. Según diversos estudios, aquella reducción obedeció principalmente a tres factores: la política de aumentos consistentes en el salario mínimo, los programas sociales y… el crecimiento económico. Difícilmente la política salarial y los programas sociales serán suficientes si nuestra economía permanece estancada.

Frentes Políticos 1.  Bandazos. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sugirió a coordinadores de legislaturas estatales implementar leyes propias sobre la amnistía, una vez que se apruebe en el Congreso de la Unión. Afirmó que será respetuosa de la configuración de los Congresos locales y no se buscará imponer ningún criterio que viole la soberanía de los estados. Meter ruido al debate no le conviene a la funcionaria. Por otro lado, cuestiona lo que están haciendo los gobernadores y los presidentes municipales en materia de seguridad y advierte que no dan resultados. Ningún gobierno estatal tiene ni los elementos ni el armamento para detener lo que sería una liberación de delincuentes en desbandada. Hay temas en la agenda en los que la secretaria Sánchez Cordero mejor debería mantenerse al margen. No abona. 2. Lo que le faltaba. En medio de acusaciones por falta de paridad en el gobierno de Jaime Rodríguez, con sólo una mujer en su gabinete, el Congreso de Nuevo León aprobó, con 29 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, que Gerardo Guajardo asuma el cargo de contralor. La legisladora Karina Barrón, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, acusó al gobierno de El Bronco de misógino. Y el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que se está faltando a lo establecido en el artículo 41, que habla sobre la paridad. La elección de Guajardo va en contra de ese mandato. Acostumbrado a ser cuestionado, pues nada le sale bien, Rodríguez sigue sumando puntos como el gobernante que pasará a la historia, sin más. 3. Unión impostergable. La panista Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, advirtió que para transformar a México, el jefe del Ejecutivo no puede solo. En retos tan importantes, “que son retos de Estado, que durante décadas no hemos podido resolver como país, como es el tema de la inseguridad y la violencia, la economía, que estaba bien y ahorita no ha crecido y el tema de la corrupción... tenemos que construir la solución entre todos”. Ante esos retos, en donde la ciudadanía se ve afectada, es necesaria la unidad. Traducido, ¿quiere decir que los albiazules ahora sí se bajarán de la crítica fácil para sumarse al quehacer del resto de los mexicanos?

¿Al fin se pondrán a la altura de la exigencia social? 4. Advertencia. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, dijo que no tolerará que en su administración haya vacas sagradas y lo más importante: se acabaron la corrupción y los moches. Héctor Mares y Laura Torres sustituyen a Jesús Damián Núñez y a Cynthia Gissel García en la Oficialía Mayor y la Secretaría de Bienestar, respectivamente, por exigir dinero a un empresario para ser proveedor. Bonilla precisó que si “el gobierno anterior trata de infiltrar gente en este gobierno, como ha estado haciéndolo, lo vamos a detectar y no vamos a esperar ni vamos a estar de manera muy tranquila esperando que alguien venga a hacer las denuncias, nosotros mismos vamos a hacer las investigaciones”. Ni moches ni corrupción… 5. Archivos negros. Pasar la charola fue tan común en otras épocas y tanto ha cambiado la historia, que hoy se puede ventilar el tema. Después de 25 años de silencio, el empresario Carlos Cabal Peniche, dueño del antiguo Banco Unión, revela que financió con cinco millones de dólares la campaña de Roberto Madrazo, cuando compitió en 1994 contra Andrés Manuel López Obrador por la gubernatura de Tabasco. También le dio 15 millones de dólares a Luis Donaldo Colosio y cinco millones de dólares a Ernesto Zedillo para sus campañas. Cabal aceptó que las cajas con las pruebas del fraude electoral en Tabasco en 1994 sí eran reales. “Las Leyes no eran claras, se permitían esas cosas. No fue dinero a la mano, se hicieron fideicomisos que están documentados. Yo creo que más que ilegal, se ocultaba“. Pero las preguntas que surgen son: ¿Por qué no lo declaró antes? ¿Qué estará buscando ahora con esa declaración?. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Bitácora del director / Repartir responsabilidades en tareas de seguridad... ¿sin discutir la estrategia y el presupuesto?

El domingo 1 de diciembre, mismo día en que Andrés Manuel López Obrador cumplió un año en la Presidencia de la República, hubo 127 homicidios dolosos a nivel nacional, según el reporte diario de fiscalías estatales y dependencias federales a la Comisión Nacional de Seguridad. La cifra rompió el récord de asesinatos diarios en lo que va del sexenio, que era de 114, correspondiente al 20 de septiembre pasado. Buena parte de los muertos del domingo se dio por el ataque de presuntos sicarios del llamado Cártel del Noreste –sucesor de Los Zetas– contra la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila. De hecho, al elevarse a 22 la cifra mortal allí, serían 128 los asesinados en el país el domingo. La violencia criminal incontenible es lo que más ha golpeado la imagen de López Obrador, de acuerdo con lo que reportan distintas encuestas. El Presidente ha recibido sugerencias de modificar su política de seguridad, pero él ha insistido en mantener el curso. Sigue convencido de que mediante la aplicación de programas sociales eventualmente aumentará el nivel de vida de los mexicanos más pobres y eso hará que bajen los asesinatos y otros delitos. Pese a que el 14 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el número de homicidios había llegado a un punto de inflexión y había comenzado a descender, el dicho no se corresponde con los datos del propio gobierno. Desde que Durazo dijo eso, ningún día ha estado por debajo de los 50 homicidios y ha habido 15 jornadas por encima del promedio diario de 82 asesinatos, según la misma fuente. El tema incluso ha adquirido una mayor relevancia en el debate público a raíz de la matanza de integrantes de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre pasado, en Bavispe, Sonora, pues el presidente estadunidense Donald Trump ha amenazado de inscribir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de las organizaciones terroristas identificadas como tales por Washington. La nueva masacre en Villa Unión, a 65 kilómetros al sur de la frontera, seguramente mantendrá la atención de la opinión pública y el gobierno estadunidense. Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador comentó que dentro de unos días dará a conocer un nuevo informe sobre seguridad que señalará qué tanto han cooperado los gobiernos estatales con la Federación en esta materia. Da la impresión de que se buscará repartir las culpas sobre la incidencia delictiva en un intento del gobierno federal de no cargar solo con el paquete. Yo siempre he pensado que la lucha contra la inseguridad debe ser una tarea de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el Presidente ofreció desde los tiempos de la campaña electoral que el gobierno a su cargo se haría responsable de resolver el problema que le heredaron los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto. Si la presentación de ese informe anunciado es una llamada de auxilio a los gobiernos locales, habría que comenzar por discutir la estrategia y también por repartir mejor los recursos del presupuesto para el tema. Recordemos que el Presidente apuesta a resolverlo mediante el reparto de masivo becas y abrazos y no con la violencia legítima del Estado. Y también que de los 4 mil millones de pesos que había en el presupuesto 2019 para las policías locales, sólo quedaron 2 mil 500 millones en el de 2020. A responsabilidades compartidas, corresponden decisiones tomadas en conjunto. ¿O no?