Editorial EL UNIVERSAL / El caos mexicano, en la mira de Estados Unidos

En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a los Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre, en donde el gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadounidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos estadounidenses, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona. Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico, se ha puesto directamente en la mira del radar estadounidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos, hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia. Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento, que fue declinado por el presidente López Obrador argumentando la soberanía nacional, no era sólo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual administración para enfrentar a los “monstruos” que el presidente de los Estados Unidos ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios. Paralelamente, en el discurso de los medios y los analistas estadounidenses, comenzó a ser utilizado el término de “terrorismo criminal” para definir el acto de barbarie cometido en contra de mujeres y niños de origen estadounidense en la comunidad de Bavispe, Sonora, de la que curiosamente es originario el cuestionado secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño. Y hablar de “terrorismo” desde Estados Unidos, en cualquiera de sus acepciones, en este caso de “terrorismo criminal”, es abrir la puerta a un terreno que siempre ha rechazado el gobierno de México pero que al gobierno de Estados Unidos le daría elementos legales, de acuerdo a sus leyes extraterritoriales de Seguridad Nacional, para intervenir en cualquier país donde grupos terroristas amenacen intereses o a ciudadanos estadounidenses. Por eso el canciller Marcelo Ebrard rápidamente entró en acción para “ponerse a las órdenes” de la embajada de Estados Unidos y colaborar con el embajador Cristopher Landau, que definió como “prioridad” de su gobierno defender la vida de sus ciudadanos en el extranjero. Ebrard sabe muy bien que hablar de “terrorismo”, como ya lo intentó hacer el gobierno de Estados Unidos en el crimen contra ocho mexicanos en El Paso, Texas en agosto pasado, equivale a aceptar que Washington tiene injerencia para combatir fenómenos terroristas en territorio mexicano; por eso desde aquel crimen el gobierno mexicano insistió en hablar de “crimen de odio”, y ahora, en el caso del brutal asesinato contra nueve mormones estadounidenses en Sonora, tampoco quieren que se hable de “terrorismo criminal”. Hubo voces de la política estadunidense que empezaron a hablar del riesgo de un “Estado fallido” en México y cuestionaron duramente la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador, entre ellas las del senador y ex candidato presidencial Mitt Romney, quien le exigió que su gobierno trabaje “en conjunto” con el gobierno mexicano para detener a los culpables de lo que llamó una “violencia sin sentido” contra la comunidad mormona, de la cual el propio Romney es integrante e incluso él vivió de niño en una de las comunidades menonitas en México; mientras otro senador republicano, Lindsey Graham, dijo en un video que prefería “ir a Siria que a México” ante los niveles de violencia que se registran en nuestro país. Pero el tono de las reacciones subió no sólo en Estados Unidos y una muestra del impacto que la terrible masacre de Bavispe tendrá también en México para la imagen del gobierno de la 4T, sobre todo sumado a la crisis de Culiacán y a otras masacres ocurridas en este gobierno, es el mensaje que ayer mandó en Twitter el actor Gael García Bernal, quien había sido un entusiasta defensor y votante del presidente López Obrador: “Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)”, dijo ayer el actor. Está claro que, por más que al presidente López Obrador le cause gracia y hasta se ría en medio de la tragedia al decir que, “aunque no quieran voy a tener que hablar del pasado”, el discurso de eludir su responsabilidad y culpar a las estrategias fallidas de presidentes o gobiernos anteriores, cada vez funciona menos, ya no sólo en México, sino en Estados Unidos, donde tienen la mira puesta en el caos de violencia en que se está sumiendo nuestro país, sobre todo cuando afecta directamente a sus intereses y ciudadanos.

NOTAS INDISCRETAS…

Lo que está convertido en un galimatías para la mayoría de Morena en el Senado es el nombramiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de que el presidente López Obrador ya se pronunció abiertamente por Rosario Piedra Ibarra, al decir que él prefiere “alguien que haya vivido en carne propia las violaciones de derechos humanos, que a un experto”, con lo que dibujó a la hija de Rosario Ibarra, Ricardo Monreal no la tiene nada fácil ante la negativa del PAN y de otras bancadas de oposición para darle los votos que necesitan Morena y sus aliados para sacar el nombramiento por mayoría calificada. El asunto se ha puesto tan tenso, que no sólo se pasó para este jueves, sino que ya se habla en el Senado que otra vez las pugnas internas de Morena están también impactando este tema y que el ex presidente del Senado, Martí Batres, se ha encargado también de empujar a Rosario Piedra como única opción de la bancada oficial para complicarle las cosas a su enemigo Monreal. El caso es que si el zacatecano no busca otra opción entre los perfiles de Arturo Peimbert o de Jesús Orozco, e insisten en complacer al presidente, lo más probable es que Monreal no pueda sacar la votación y terminen por regresar la terna actual para formar otra a partir de nombres como Rosa Laura Castellandos, Michael Chamberlain, Ricardo Bucio, Carlos Pérez, Alberto Athié y Elizabeth Lara. Lo malo es que de todos esos, la mayoría responden a otros grupos, entre ellos el del senador independiente, Emilio Alvárez Icaza o al Padre Alejandro Solalinde. ¿Aceptará López Obador alguien que no sea quien el quiere en la CNDH?... Los dados mandan Serpiente doble. Mala racha.

OPINIÓN / Culiacanazo: un general bajo la lupa

En la entrega pasada le informaba aquí —en medio de la polémica que desató la decisión de AMLO de revelar el nombre de quien comandó el fallido operativo de Culiacán y que resultó ser el jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) del Ejército— que el líder de esas fuerzas especiales reportaba directamente al general secretario de la Defensa Nacional desde que fueron creadas en 1995, pero que en el actual gobierno ya depende del subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, cuya identidad, le comentamos aquí, mantendríamos en reserva para no poner en riesgo su integridad personal y la de su familia.  Sin embargo —siempre en medio de la disyuntiva entre transparencia y garantías para quienes se ocupan de la delicada como peligrosa misión de la seguridad nacional— el nombre que reservábamos aparece en el portal “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal” de la Secretaría de la Función Pública (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/) por lo que desde ese momento es público.  Se trata del general brigadier Inocente Fermín Hernández Montealegre quien antes de asumir su actual encargo fue, de julio a diciembre del año pasado, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, lo que resulta curioso si se ve con malicia. Y antes, entre el 15 de abril de 2016 y el 7 de junio de 2017, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) de la hoy extinta PGR.  Igual de curioso, si se ve con malicia, es que en el periodo en que desempeñó ese puesto, tuvo a su cargo el programa Pegasus (malware que penetraba celulares para espiar usando la cámara y el micrófono del teléfono intervenido, según revelaron archivos de WikiLeaks) en un lapso en el que se habrían cometido ataques cibernéticos a al menos 46 activistas y periodistas, entre otros a Carmen Aristegui, quien ayer reveló en su portal de noticias documentos administrativos con que prueba el aserto.  El general Hernández Montealegre acepta que al asumir en el Cenapi recibió el programa Pegasus pero niega que le haya tocado a él operarlo o haber ordenado tareas de espionaje como las señaladas.   El caso es que, según explicó a principios de esta semana el propio general secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, quien debió informarle, y no lo hizo, que estaba en marcha la operación que terminó en el vergonzoso repliegue militar y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” a cambio de evitar —argumentaría después el gobierno federal— una masacre de inocentes, era Hernández Montealegre, en su calidad de jefe de la inteligencia militar y mando del GAIN.  La comunicación, según la línea de mando, tenía que seguir este camino: del mayor Juan José Verde, comandante del GAIN, al jefe de la inteligencia, general Hernández Montealegre y éste al general secretario Sandoval, quien la tenía que transmitir al gabinete de Seguridad y al presidente de la República. Tanto la Fiscalía General como el propio estamento militar ya investigan dónde y quién o quienes, rompieron la comunicación en esa cadena de mando.  Por la alta exposición que el caso Culiacán le da, ha dejado de ser funcional al general secretario de la Sedena, motivo por el cual debería ser removido se compruebe o no su responsabilidad. Instantáneas

1. PUS POR TODOS LADOS. Agentes de Seguridad Pública y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron a una mujer y a un hombre en posesión de dos vehículos de lujo que están relacionados con hechos delictivos. La mujer es la exdiputada local Jacqueline Gómez Moreno quien en la 61 Legislatura local sustituyó al priista Juan Carlos Campos Ponce al ser juzgado por corrupción, y actual funcionaria del gobierno michoacano a cargo de la administración Sanitaria 3 de Zitácuaro. De acuerdo con algunos medios estatales, Jacqueline depende laboralmente del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, de quien, se asegura, es cuñada, razón por la cual se ha ocultado la detención ocurrida el pasado 2 de noviembre.  

2. ETIQUETADO. No todo está dicho sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas aprobado recientemente como parte de las reformas a la Ley Federal de Salud. Falta hacer las modificaciones correspondientes a la Norma Oficial Mexicana (NOM) para determinar detalles de los sellos de advertencia nutricional. La senadora panista Alejandra Noemí Reynoso presentó un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de Salud y Economía a reunirse con la Comisión de Salud del Senado para discutir los términos de la aplicación de la NOM. El argumento central es que la obesidad es multifactorial y no se erradicará solo con un etiquetado de advertencia. 

3. CHOCOLATES. Furioso ha de estar el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la cámara baja y exdirigente de “El Brazón Metropolitano” (organización de deudores de la banca), pues el Senado volvió a batearle ayer, con 108 votos en contra y solo tres a favor, su ya añeja pretensión de regularizar alrededor de 18 millones de autos “chocolate” que están ilegalmente en México. De esta manera se eliminó el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos y se mantiene la normativa vigente que establece que los autos importados serán autorizados siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos, las normas ambientales y las físico-mecánicas, así como la coincidencia del número del motor con la serie del vehículo. 

 4. OMBUDSPERSON. Ante la falta de un consenso que permita la requerida votación calificada, el Senado volvió a posponer, esta vez para mañana, la designación de quien será el nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la terna finalista, como se sabe, están Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert Calvo y José de Jesús Orozco. Pero ayer en su mañanera, AMLO metió la lengua. Dejó saber su simpatía por Piedra Ibarra, lo que desequilibró los consensos que se habían tejido en la Junta de Coordinación Política de la cámara alta. A como se ven las cosas, parece poco probable que el asunto se resuelva en la tercera votación de mañana, por lo que los integrantes de esa terna bien podrían estar despidiéndose de su aspiración y las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado trabajando en otra terna.

Frentes Políticos

1.  Al mejor cazador se le va la liebre. Conocido en el ambiente político como un buen cabildero, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, esta vez topó con pared. Apoyar a María del Rosario Piedra Ibarra, para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, complicó los consensos y por tanto, la mayoría calificada. La oposición va contra el posicionamiento político del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de Piedra Ibarra y construyó un veto natural en la designación del sustituto del ombudsman Luis Raúl González Pérez. La discusión se ha “ideologizado”, acusó el senador. La tozudez va ganando. Si el actual titular de la CNDH cumple el periodo de su encargo sin tener sustituto, la posición sería ocupada por el primer visitador. A pesar de los oficios de Monreal, se antoja complicada la tarea. Este “atorón” le costará al país. 2. Juguetones. Durante su comparecencia en el Senado, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, analizó con autocrítica el caso Culiacán y aseveró que se deben revisar los protocolos, pero los legisladores panistas lo tomaron a chunga. “Si vemos el tema de la inseguridad debemos reconocer que es una tragedia que lleva décadas”, dijo Durazo; “la paz y la tranquilidad sólo pueden ser fruto de la justicia”, remató. Los blanquiazules con mantas y cartulinas cuestionaron al secretario. La senadora Indira de Jesús Rosales quiso regalarle un muñeco Pinocho, que no fue recibido por el funcionario, pero que sirvió para la foto. ¿Se divierten, amigos panistas? La política de juguetería es lo que les hizo perder el poder. ¿Lo saben, no? Por eso están donde están. 3. Todos deben algo. Con gritos e insultos, los diputados federales iniciaron la sesión de ayer, repartiéndose culpas por la masacre de los miembros de la familia LeBarón. Tras la riña verbal guardaron un minuto de silencio. Dolores Padierna dio el más sentido pésame a la familia LeBarón a nombre de la Mesa Directiva y condenó “enérgicamente los hechos violentos acontecidos el día de ayer contra los integrantes de la comunidad mormona en nuestro país. No debemos permitir que este hecho quede impune. La pérdida de vidas humanas, sobre todo de mujeres y niños, nos indigna. Como sociedad nos obliga a actuar en consecuencia”. Si ha habido violencia con Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador es claro que no es sólo cuestión de un gobierno o un partido, sino del sistema del que somos parte. México es un cuerpo con metástasis. 4. Funcionaria ideal. La Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, informó que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se exportará a Centroamérica, pues forma parte de la estrategia de cooperación internacional y el Plan de Atención a Migrantes, comentó Horacio Duarte, subsecretario de Empleo de la dependencia. Dijo que es indispensable emplear a los jóvenes antes de que opten por la migración. Se desarrolla en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente de la Cancillería. “México encabeza esta cooperación internacional como no se había visto antes”, pues los jóvenes de nuestros países “comparten problemáticas semejantes que debemos atender para prevenir la migración ante la falta de oportunidades”. La STPS sigue con resultados inéditos. De que hay compromiso e idea, queda claro. 5. Cero pesos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se han congelado cinco mil millones de pesos y 27 millones de dólares por operaciones de lavado de dinero a mil 945 personas físicas y morales, entre ellas cuentas relacionadas con los cárteles Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y de El Pacífico. Informó que la UIF le sigue la huella a las cuentas del exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps, en seis países y confirmó que hay dos denuncias contra él. Esta tenacidad no se vio en sexenios anteriores. Lo increíble es que aun así hay quienes critican todo lo positivo que llegó con la Cuarta Transformación. Bitácora del director / La Mora: daños colaterales de una estrategia fallida

Poco después del operativo del 17 de octubre en Culiacán escribí que era probable que la decisión de no enfrentar allí a los sicarios haya salvado vidas momentáneamente –como ha alegado con insistencia el gobierno federal–, pero que nada garantizaba que esas mismas armas que los delincuentes exhibieron en la capital sinaloense, u otras en poder del mismo grupo, no se usaran para matar a otras personas. Bien podría ser que eso haya ocurrido en el municipio de Bavispe, Sonora, donde nueve personas –tres mujeres adultas y seis menores de edad– fueron asesinadas el lunes. En esa zona opera una de las células del grupo criminal Gente Nueva, uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa, quizá el más violento de todos. Gente Nueva apareció en 2007 para hacer la guerra a la banda de Los Zetas. Su fundador, Noel Salgueiro Nevárez, detenido en 2011, ha sido señalado como uno de los personajes más sanguinarios de la violenta escena criminal. El 28 de marzo de aquel año aparecieron dos cadáveres en el puerto de Veracruz. Junto a ellos había una cartulina en la que Gente Nueva reivindicaba los asesinatos y amenazaba con hacer lo mismo con todo el que apoyara a Los Zetas. Posteriormente, el grupo comenzó a actuar en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, siempre con el sello de la máxima violencia. Suele subir fotografías a internet en las que presume su armamento. Se calcula que tiene unos cinco mil integrantes, divididos en una decena de células, que están bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán, quien el 17 de octubre salió al rescate de su hermano Ovidio, cuando había sido detenido en Culiacán. Actualmente, buena parte de los elementos de Gente Nueva pelean una guerra encarnizada con La Línea, el grupo armado del Cártel de Juárez. La pugna de estas dos bandas ha sembrado de cadáveres las zonas serranas de Chihuahua y Sonora. Una de esas células tiene a su cargo un corredor que va desde Madera, Chihuahua, hasta Agua Prieta, Sonora. Se conoce como Los Jaguares, por el apodo de su líder, Francisco Arvizu Márquez. Las otras células se dividen buena parte de la geografía chihuahuense, como de la José Noriel Portillo, El Chueco, señalado como responsable del asesinato del excursionista estadunidense Patrick Braxton, ocurrido hace un año en Urique. En diciembre pasado, una insólita manifestación de pobladores de Madera, Chihuahua, impidió la entrada de ocho camionetas de la Policía Federal a la comunidad de El Largo, en el norte del municipio. Los manifestantes portaban pancartas en las que decían que se sentían más seguros protegidos por El Jaguar que por las fuerzas del orden. Las tres camionetas en las que se desplazaban el lunes los miembros de la comunidad mormona de La Mora, Sonora, rumbo a LeBarón, Chihuahua, pudieron haber sido atacadas por hombres armados de Los Jaguares o por sus rivales de La Línea. Lo cierto es que permitir que esos grupos criminales u otros controlen territorio significa una amenaza constante contra personas inocentes que las autoridades mexicanas no debieran tolerar. Creer que ellos no atacarán si no se les agrede es una falacia. El Estado tiene que recuperar el territorio perdido ante la delincuencia y hacerlo pronto. Como lograr esto es decisión de las autoridades, comenzando por el gobierno federal –para eso se les eligió–, pero ninguna estrategia funcionará mientras no se reconozca que lo que se hace hoy –o más bien, dejado de hacer– no está dando resultados. Demorar más el cambio de rumbo sólo conseguirá un mayor derramamiento de sangre.