Editorial EL UNIVERSAL / Una mujer, pero no una “incondicional” para la Corte

Será hasta que la Suprema Corte le notifique oficialmente de la existencia de una “vacante”, lo cual ocurrirá una vez que el Senado acepte formalmente y por mayoría simple de sus integrantes la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a integrar la terna que mandará a los senadores para el nombramiento del nuevo ministro o ministra. Todas las apuestas y las opiniones apuntan, tanto en el Poder Judicial como en la sociedad civil, a que, por un tema de equidad de género, el Ejecutivo optará por mandar una terna exclusivamente integrada por mujeres. Se garantizaría así la llegada de una nueva ministra a la Corte, aunque también son muchas las voces que, sin dejar de reconocer la facultad exclusiva y constitucional que tiene el presidente, piden que los perfiles de quienes proponga López Obrador garanticen no sólo la experiencia, capacidad y reconocimiento que deben tener las o los candidatos que integren la terna, sino sobre todo la cualidad acreditada de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo. Y es que en el actual contexto, tras el cisma que representó la renuncia histórica de un ministro como Medina Mora, claramente opositor y adverso a la llamada 4T, parecería un despropósito y hasta un grave error político que el presidente López Obrador repitiera, como ya lo hizo en los dos nombramientos que le tocó hacer para la Corte, perfiles de juristas no sólo cercanas, sino abiertamente militantes comprometidas con su partido y con su movimiento político. Ese es el caso de las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz, que han sido ya dos veces rechazadas por el Senado, por su inocultable simpatía y militancia política con la “Cuarta Transformación”. ¿Podría el presidente repetir en la nueva terna a las dos juristas? Sin duda que podría, es su decisión y su facultad unipersonal; pero pretender que sea una de ellas la que resulte electa por el Senado sería no sólo una ofensa a los senadores, que ya en dos ocasiones se las regresaron por no cumplir con los criterios de autonomía e independencia que deben privar en los integrantes de la Suprema Corte, sino que representaría un error político monumental. Porque si López Obrador cae en la tentación de mandar nuevamente una terna formada por mujeres u hombres incondicionales y políticamente comprometidos con su gobierno, le daría la razón a quienes han visto en la renuncia de Medina Mora un golpe político a la Corte y un intento del Ejecutivo por someter y controlar al máximo tribunal y dominar así al Poder Judicial federal, y no un tema de corrupción de un ministro investigado y que utilizó su cargo para hacer negocios y para operar políticamente para el grupo que representaba, que es lo que hasta ahora ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y lo que indaga la Fiscalía General de la República. De la decisión que tome el presidente y de los nombres y perfiles que ponga en su terna, dependerá cómo quiere que se recuerde y se interprete el hecho histórico de la caída, por renuncia, de un ministro de la Corte: si como un acto de combate a la corrupción que rompió paradigmas y confirmó que el cambio en contra del mal uso de los cargos públicos es real y va para todos los poderes y niveles de gobierno, o como un “manotazo” presidencial contra un “ministro conservador” y de derechas que le estorbaba en sus afanes de control autoritario de todos los poderes del Estado. ¿Cuál de las dos versiones querrá López Obrador para ser recordado por la historia? NOTAS INDISCRETAS… Esta semana veremos si Felipe Calderón decide asistir o no al Tec de Monterrey, campus Monterrey, a donde lo invitaron a dar una “ponencia magistral”, a pesar de la oposición de miles de estudiantes que han expresado su rechazo a la presencia del ex presidente en el campus universitario por el caso de los dos estudiantes del Tec asesinados en 2010, Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes fueron confundidos y masacrados por miembros de la Marina a las puertas de ese mismo campus y como parte de los abusos cometidos en la llamada “guerra contra las drogas” que declaró Calderón en su sexenio. A pesar de que el Tec de Monterrey confirmó la participación del ex mandatario y defendió la “libertad de cátedra” y el derecho a la diversidad de ideas en su institución, hasta anoche 14 mil personas, entre estudiantes y otros, habían firmado la petición en la plataforma Change.org para que se cancelara la invitación a Felipe Calderón. Será interesante ver si el expresidente decide acudir a lo que podría ser o un día de gloria o un Waterloo para él, a juzgar por lo divididos que están los ánimos en la principal universidad privada del país. Hace poco, otro panista, Ricardo Anaya, prefirió cancelar su participación en un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, ante el rechazo de los estudiantes que incluso tomaron el plantel para exigir que no se invitara al ex candidato presidencial. Anaya prefirió la prudencia política a verse expuesto a una situación desagradable y difícil en territorio universitario. Cosa de recordar a Peña Nieto y su penosa huida de la Ibero en donde tuvo que esconderse en el baño y hasta dio pie a un movimiento estudiantil como el #Yosoy132. Veremos qué decide ahora Calderón con su polémica invitación al Tec… A propósito de Medina Mora, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay quienes afirman que el actual director de Comunicación Social, Alfredo Medellín, llegó a ese cargo por recomendación directa del ministro investigado, con quien colaboró en la Embajada de México en Washington entre 2014 y 2015, en el área de Prensa y Asuntos Públicos. Fue por esa “recomendación” de Medina Mora que a Medellín lo han sostenido en el cargo, dicen funcionarios del TEPJF, a pesar de múltiples denuncias de abusos del personal en su contra y hasta de señalamientos que tienen que ver con una denuncia por “violencia familiar” documentada en tribunales por su exesposa. Pues si ese era el caso, ya se le cayó el recomendante… Todavía no sale del problema de las marchas y movilizaciones violentas y ahora a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se le viene una megaprotesta de taxistas hoy en la CDMX. Qué tan difícil se va a poner la movilidad y el tráfico con los bloqueos de los taxistas inconformes que hasta en el propio gobierno capitalino están “avisando y advirtiendo” desde ayer que se viene el apocalipsis y pidiéndole a los ciudadanos “que tomen previsiones ante las severas afectaciones que provocarán los bloqueos de taxistas” en la circulación urbana. ¿O sea que de plano la autoridad en esta ciudad nomás alcanza para mandar “cinturones de paz” con burócratas vestidos de blanco y para dar “advertencias y avisos a tiempo”?... Paran los dados. Serpiente. La semana empieza complicada. OPINIÓN/ Todos juntos en el combate a la piratería Hoy, por tercer año consecutivo, durante el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en materia de derechos de autor, empresarios, titulares de dependencias federales, representantes de la sociedad civil y especialistas hemos sido convocados por Concamin y Canacintra para analizar las causas, riesgos y efectos de la piratería y, así, buscar soluciones que se traduzcan en acciones para combatirla transversalmente. A continuación algunas reflexiones que compartiré con mis compañeros de panel. La piratería, entendiendo por tal el uso y aprovechamiento indebido y no autorizado de derechos de propiedad intelectual, no es otra cosa que el robo de los activos de mayor valor e importancia económica de un emprendedor, investigador, diseñador, una pyme o de una gran empresa. Es el vil robo de los frutos de la innovación y creatividad que no sólo daña a su legítimo titular y cuyas repercusiones van desde lo económico y lo social hasta poner en riesgo la salud de personas. En el terreno económico podemos destacar el daño que este delito hace al comercio global. De los múltiples análisis con los que se cuenta, destaca el publicado (marzo de 2019) por la OCDE y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), y del cual se desprende que el valor de mercancía pirata asegurada en las aduanas del mundo en 2016 ascendió a 509 mil millones de dólares, que equivale a 3.3% del comercio global de ese año. Con los resultados de dicho reporte se confirma que la piratería daña la economía de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de sus empleados y familias, de comunidades e, incluso, de países. Las pérdidas para las empresas y para los Estados son enormes: desde la disminución de ingresos por perder ventas y dejar de percibir impuestos, respectivamente, hasta la disminución de inversión y falta de generación de empleo. Las consecuencias negativas transgreden lo social y sobretodo al Estado de derecho, al cual la piratería ha hecho mucho daño, pues ha conseguido la aceptación de la mayoría de la población al considerar, entre otras cosas, que no hay víctimas. En el caso de México, varios estudios indican que ocho de cada 10 consumidores adquieren productos apócrifos a sabiendas y estando convencidos “de no hacer daño”. Esta aceptación social hace que, guardando las debidas proporciones, el combate a la piratería sea mucho más difícil respecto de otros delitos, los cuales, incluso los de gran escala, son financiados por las grandes ganancias a muy bajo riesgo, que aquélla reporta. La salud e integridad de las personas no escapan a este ilícito. Piratas encontramos desde medicamentos y dispositivos médicos y dentales; juguetes con materiales que contienen sustancias tóxicas o piezas demasiado pequeñas; refacciones para automóviles e incluso aviones, hasta partes de escaleras eléctricas que de fallar y zafarse, pueden causar mutilaciones y hasta la muerte. Así como la piratería de marcas, patentes, diseños o derechos de autor se manifiesta en un sinnúmero de productos y de diversas maneras, su análisis y estrategia de combate debe ser multidisciplinario, desde diferentes ángulos y bajo diversas lupas; los involucrados deben asumir cada cual su rol y tarea. La piratería no sólo se combate con operativos en las calles o tianguis, también se ataca en los puertos de entrada al país por la autoridad aduanera y con campañas masivas en medios tendientes a inhibir la demanda de estos productos. Puedo anticipar la primera conclusión del diálogo que hoy sostendremos: El combate a la piratería no sólo corresponde a la autoridad, es responsabilidad de todos.

Frentes Políticos 1.  Mano dura, ¿ahora sí? Omar García Harfuch, nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, señaló que la instrucción que tiene de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es dar resultados inmediatos, por lo que considera que, para comenzar a “resolver” el problema de inseguridad, también debe haber detenidos. “Si no, no hay forma de que bajen; es estrechar la coordinación con la Procuraduría”, expuso. Deberá lidiar con la tibieza de algunos jueces y con los expedientes que se desvanecen por sí solos, por lo que los delincuentes vuelven a las calles. La pregunta obligada es si permitirán que en las manifestaciones se siga violentando el Estado de derecho. Los comercios afectados no pueden tolerar tanta tersura con los grupos violentos. Movilizaciones ciudadanas, eso será su prueba de fuego. 2. Día clave. Hoy lunes vence el plazo para que los elementos de la Policía Federal decidan a qué servicio desean integrarse. Actualmente hay dos grupos que están negociando un pago de retiro voluntario con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Encabezados por los abogados Enrique Carpizo e Iván Chávez, ambos litigantes, aseguran haber obtenido el pago de liquidaciones a sus representados, de entre 250 mil a 450 mil pesos, de acuerdo a sus antigüedades. Los presentados por Carpizo han realizado bloqueos en las inmediaciones del aeropuerto. El otro, mantiene la advertencia de realizar el cierre del Periférico Sur en caso de no ser atendido su reclamo del pago de una liquidación. ¿Cuántos de los policías que desquician la vialidad serán remitidos? 3. Eterno inconforme. Viene el proceso de Morena para cambiar de líder y se anuncian tempestades. El aspirante a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz-Durán, denunció que fue “rasurado” del padrón de ese partido y anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rojas Díaz-Durán, que tiene pleito casado con Yeidckol Polevnsky, la acusó, junto con Bertha Luján, de estar “perredizando a Morena”. Comentó que millones de militantes “fueron excluidos para evitar que participemos en la renovación de las dirigencias en todo el país”. Y de paso, por supuesto, cree ser la solución. El golpeteo apenas comienza. Habría fracturas múltiples. 4. Ganar perdiendo. Desde la llegada de la 4T hay un punto que no ha logrado concretarse: que nadie gane más que el Presidente de la República. Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, el Presidente López Obrador señaló que a algunos funcionarios públicos no les gustó esa ley, pues había quienes ganaban hasta 700 mil pesos al mes, y se ampararon. “Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada”, consideró el primer mandatario, acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. No dio nombres, pero existen 27 mil amparos de servidores públicos contra Ley de Remuneraciones. Eso, convertido en quincenas, es un dineral. 5. En campaña. A estas alturas de su vida, cuando el expresidente Felipe Calderón debería cumplir con el ritual de sus antecesores y retirarse de la vida pública, permitir que su investidura se vuelva una leyenda, pues no, regresa a la política. El proceso de fundación de México Libre, partido que encabezan Calderón y Margarita Zavala, se realizó en Saltillo. René Liñán, coordinador del instituto político en Coahuila, dijo que, a mediados de noviembre, se espera la presencia de Calderón en Piedras Negras. Liñán recordó que cada año el INE da la oportunidad de crear un nuevo partido, recabando, entre los requisitos, 234 mil firmas, con 200 asambleas y 300 personas en cada una. Dicen que van a toda velocidad y hablan de números fantásticos. Una duda, ¿esta vez actuarán con legalidad? En los comicios anteriores la señora Zavala tuvo que declinar envuelta en un escándalo de firmas falsas. Pregunta en serio: ¿habrá mexicanos que se afilien al sueño político de este par? Bitácora del director / Justicia

La impunidad es el principal problema que tiene México. Lo es, porque es fuente de muchas de las calamidades de nuestra vida pública: 1) la inseguridad que padecen millones de personas, viendo afectadas sus posesiones y su integridad personal; 2) la corrupción que enriquece a servidores públicos y a quienes se benefician de una relación especial con ellos y 3) la incertidumbre jurídica que frena las inversiones y la competitividad, y con ello, la esperanza de un mayor ingreso para todos. El antídoto de la impunidad es la justicia. México requiere de una como la que define la Constitución: expedita y pareja, oportuna y para todos. Los hechos de los últimos días demuestran que la justicia en México sigue subordinada a la política. La lucha contra la inseguridad no busca que quien la haga, la pague. Los operativos de las fuerzas del orden están guiados por la orden presidencial de no hacer olas y un discurso de justificación social de los actos delictivos. Si han cometido crímenes es porque son pobres y no han tenido oportunidades, se dice. No es gratuito que los índices delictivos no hayan logrado abatirse, pese a que los plazos que se impuso el propio gobierno para acabar con la violencia se hayan vencido o estén a punto de vencerse. Ante la cercanía del 22 de octubre, cuando se termina el lapso de tres meses que para ello pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio Ejecutivo anunció hace unos días que dará un informe esta semana sobre qué está pasando con el tema. El combate a la corrupción en el que está empeñado el gobierno –ante la exigencia muy clara que planteó el electorado hace un año– también se ha politizado. Mientras se amenaza y se persigue a críticos y opositores, que presuntamente incurrieron en actos de patrimonialismo, a los adictos del régimen que están en la misma situación se les exime de cualquier investigación. Al mismo tiempo se torpedea la construcción de instituciones especializadas en el combate a la corrupción; se denuesta a organizaciones sociales que tienen un historial de lucha contra este mal, sólo por enfocar sus lupas en el oficialismo; se presiona a jueces y se les hace cambiar de opinión; se hacen licitaciones a modo o asignaciones directas en contratos públicos; se tacha de corruptos a quienes recurren al Poder Judicial para hacer prevalecer el interés público, y se busca colocar a suficientes simpatizantes en la Suprema Corte para evitar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por las bancadas oficialistas en el Congreso (con cuatro ministros, basta). Por último, se afecta la certidumbre jurídica con legislaciones que ordenan la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio a quienes pudieren incurrir en errores a la hora de cumplir con sus obligaciones como contribuyentes. Errores, como el que, por ejemplo, dice la dirigente formal del partido de gobierno, cometió su contador y pese al cual, ella terminó beneficiándose con un no pago de impuestos por más de 16 millones de pesos. Sí, México necesita justicia para salir de la selva de impunidad en el que está perdido desde hace años. Pero no una justicia, como la que piden muchos de los defensores del oficialismo, que castigue a los políticos de antes y beneficie a los de hoy. La justicia que se requiere es una a la que teman todos los que violen la ley de manera dolosa y a la que puedan recurrir, con confianza, todos aquellos a los que se les haya violado un derecho.   Buscapiés Extraño país, éste, en el que el jefe de la policía de la capital renuncia después de un operativo de contención de la violencia, que el gobierno local considera exitoso, y en el que un ministro de la Suprema Corte renuncia para hacer frente, sin fuero, a las acusaciones del gobierno federal. Muy extraño.