Editorial EL UNIVERSAL / Necesario fortalecer el patrimonio de los trabajadores

En los últimos meses se ha retomado la discusión sobre una posible reforma al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones. Tanto líderes de opinión, como académicos y directivos de distintas organizaciones participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro han recordado una vez más el diagnóstico del sistema actual y compartido lo que a su juicio deberían de ser sus principales modificaciones. El diagnóstico mayoritariamente compartido es que existe gran inequidad entre los distintos esquemas pensionarios: públicos vs. privados, no contributivos vs. contribución definida, la generación de beneficio definido vs. la generación post-reforma de 1997 de contribución definida, etc. Esta inequidad no sólo es entre contemporáneos (personas que recibirán distinta pensión dependiendo si hoy trabajan para el Gobierno o para el Sector Privado) también es entre generaciones (los jóvenes de la generación post-reforma recibirán una pensión tres veces menor a la de los demás). De esta forma, dependiendo de en qué esquema esté un trabajador, sus ingresos por pensión serán de mayor o menor proporción a los ingresos de su último salario devengado (esta proporción es conocida como la tasa de reemplazo). Se estima que la tasa de reemplazo para los trabajadores del sector privado, sin tomar en cuenta la Subcuenta de Vivienda administrada por el Infonavit, es de entre 65% y 75% para la generación de transición, y de entre 25% y 30% para la generación del sistema de contribución definida. Estas cifras estimadas sugieren que la generación post-reforma presenta una tasa de reemplazo significativamente inferior a la generación de transición y a lo recomendado por la OCDE (entre 50% y 70%). Ante un desafío de esta magnitud, que como es bien sabido afectará las finanzas públicas nacionales en las próximas décadas, no se pueden tomar soluciones “fáciles” que afecten notablemente la composición de los ahorros del sistema de retiro, y potencialmente afecten a los más de 64 millones de trabajadores que cotizan al sector privado, particularmente al Infonavit. La valoración de propuestas recurrentes como el traspaso de los recursos que administra el Infonavit, que ascienden a 1 billón mil 219 millones de pesos, a las administradoras de fondos de ahorro para el retiro sería una solución insuficiente y con implicaciones patrimoniales aún no evaluadas por las distintas propuestas que sólo repercutirían marginalmente para aumentar la tasa de reemplazo. La propuesta más simple se resume en transferir las aportaciones patronales que recibe el Instituto, equivalentes al 5% del salario de los trabajadores, para adicionar el 6.5% de contribuciones obligatorias al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); esto genera que el ahorro forzado administrado por las Afore, se incremente a 11.5% del salario, lo cual da como resultado aparente el acceso a una pensión cercana al 45% del último salario de un trabajador. Sin embargo, esta premisa es errónea y omite tomar en consideración que, bajo la Ley actual de los Sistemas de Ahorro para el retiro, el ahorro acumulado en el Infonavit por los trabajadores ya se utiliza para complementar la pensión. Esto es, un trabajador de la generación post-reforma que no utiliza un crédito hipotecario está ya ahorrando efectivamente 11.5% de su sueldo (6.5 en una Afore y 5 en el Infonavit, que paga una tasa de rendimiento por este ahorro.) Más aún, la propuesta más simple de transferir recursos, omite evaluar el impacto completo de las transferencias, que se resume en la posibilidad de dejar sin derecho a un crédito para adquirir una vivienda a millones de trabajadores, sobre todo a los que ganan menos de 5 UMAs y quienes difícilmente podrían acceder a una hipoteca bancaria si el Infonavit no cuenta con recursos suficientes para otorgar los créditos. En particular, el Infonavit, para continuar con su mandato, tendría que dejar de ser una Institución de Seguridad Social, fondeada con las aportaciones de todos los trabajadores, y tendría que obtener financiamiento en el mercado, emitiendo deuda que necesariamente encarecería los créditos otorgados por el Infonavit, afectando su capacidad de dar financiamiento barato y asequible en línea con su mandato legal. Por ello creo necesario dejar claro que el dinero que administra el Infonavit de forma conjunta con el que administran las Afore, es propiedad de los trabajadores. Bajo el sistema actual, se permite que el trabajador, a través del Infonavit, cumpla con el doble objetivo de formar su principal patrimonio a través de un crédito hipotecario o bien complementar su pensión. Mientras los recursos del trabajador sean administrados con total transparencia por ambos sistemas, mientras estén debidamente regulados e invertidos adecuadamente y mientras el trabajador sepa en todo momento dónde y cómo se integran sus cuentas de ahorro para retiro y para vivienda, entonces los elementos centrales de la reforma de pensiones no deben basarse como solución “fácil” en la simple transferencia de recursos de una institución a otra. El Infonavit es de los derechohabientes. Es una mutualidad en donde los recursos que se acumulan son la principal fuente de financiamiento de sus créditos, y los intereses que se generan contribuyen a los rendimientos de la subcuenta de vivienda. Modificar esta estructura en busca de una solución “fácil” al problema pensionario puede afectar notablemente el patrimonio de los derechohabientes: el cual se integra tanto por ahorro financiero, como por un patrimonio hipotecario. En este contexto es mucho más pertinente plantear soluciones más integrales como la unificación de salario de cotización de seguridad social con la del salario que se utiliza para efectos del impuesto sobre la renta, o considerar la adopción de los esquemas de ahorro automático con opción de salida voluntaria que ya son exitosos en otros países, o considerar incluso el uso flexible de recursos de pensión para acceso a vivienda para que los trabajadores no se apalanquen demasiado en sus años más productivos. Estas medidas estructurales, más otras paramétricas como la edad de retiro, deben siempre tener como objetivo maximizar el patrimonio total del trabajador tomando en cuenta todos sus activos: físicos como su casa y monetarios. El mejor camino siempre será poner al trabajador al centro. En el marco de la Convención Nacional de Afores 2019, el Infonavit se declara listo para participar en esta importante conversación sobre el futuro del ahorro para el retiro de las y los trabajadores de México. OPINIÓN / México y la competitividad

Todas las naciones proyectan una imagen hacia el exterior. Muchas de ellas, durante mucho tiempo, han conservado un rostro positivo, de equidad social y de desarrollo. Otras han mantenido un perfil mediocre. Para establecer parámetros confiables, con base en una metodología, organismos internacionales elaboran análisis globales sobre temas diversos como salud, calidad de vida, seguridad, etcétera, los cuales son de utilidad para conocer fortalezas y debilidades de los países. Este martes el Foro Económico Global presentó su reporte más reciente sobre competitividad. Evaluó a 141 naciones y en ese ejercicio a México no le fue nada bien. En el Índice Global de Competitividad 2019 el país descendió dos lugares al pasar del sitio 46 al 48. Para el Foro Económico Global, competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Por este motivo, el estudio evalúa 12 “pilares” o apartados: 1. infraestructura, 2. estabilidad macroeconómica, 3. habilidades, 4. sistema financiero, 5. capacidad de innovación, 6. salud, 7. instituciones, 8. adopción de tecnologías de la información, 9. mercado de productos, 10. mercado laboral, 11. tamaño de mercado y 12. dinamismo de negocios. El amplio espectro a evaluar ofrece un diagnóstico puntual de las áreas con rezago. En los primeros seis rubros, México tuvo retrocesos. En el que hubo un mayor deterioro fue en la estabilidad macroeconómica, pues se perdieron seis lugares para descender del 35 al 41; otro descenso pronunciado fue en infraestructura al caer del 49 al 54. Los cuatro rubros del 7 al 10 son los que mostraron ligeros avances: en adopción de Tecnologías de la Información, del 76 al 74; mercado de productos, del 54 al 53; mercado laboral del 100 al 96. En Instituciones, aunque hubo mejoría, es el pilar más rezagado de los 12; aquí se pasó del sitio 105 al 98. En esta clasificación se encuentran los lastres del país. En crimen organizado, por ejemplo, México se ubicó en el lugar 140 de 141 naciones; en tasa de homicidios, en el 129, y en confianza en servicios policiacos, en el sitio 139; en libertad de prensa ocupa el lugar 118. En los apartados 11 y 12 el país no tuvo cambios respecto a la evaluación anterior. El estudio ratifica lo que de manera interna también se ha documentado. La inseguridad es el principal freno para que el dinamismo económico de México mejore. El país no puede esperar más. Aunque haya avances en el corto plazo, deshacerse del estigma de un país inseguro puede tomar mucho tiempo eliminarlo.

Frentes Políticos 1. Procedimiento efectivo. Sendos conflictos ha resuelto Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación. Primero, negoció con los representantes de taxistas, quienes ahorcaron el lunes las vialidades en la capital del país. Acordó con ellos integrar a un grupo de especialistas para definir la legalidad de las aplicaciones a nivel nacional y logró una tregua. Ayer, encabezó la mesa de diálogo con alumnos de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Estado de México, quienes mantuvieron secuestrados a 92 conductores de autobuses durante una semana. Al final, el funcionario de la Segob concretó la liberación de los choferes retenidos. Los más felices son los funcionarios a quienes Peralta les hace la tarea. Pocos solucionan como él. 2. Deuda saldada. En comparecencia, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, afirmó que ha comenzado el rescate del campo. Los productores lograron registrar una balanza comercial agropecuaria y agroindustrial con un superávit de seis mil 688 mdd al cierre de julio, informó. Precisó, además, que el 49% del presupuesto de la Sader para el 2019, es decir 65 mil 400 millones de pesos, se ha destinado a apoyar a los pequeños y medianos productores. Lo que viene: la promoción de inversiones con productores altamente tecnificados, estímulos fiscales para las unidades económicas rurales, y para productores pesqueros y acuícolas, se buscarán precios preferentes en combustibles. Dijo que en el corto plazo, se podrá pagar la enorme deuda social que se acumuló en los territorios rurales. No hay fórmulas mágicas. Trabajo a fondo, soluciones reales. 3. Baño de realidad. Su propia historia lo alcanzó. Felipe Calderón, expresidente de México, declinó impartir una conferencia en el Tec de Monterrey luego de que los alumnos rechazaron su visita. Fue invitado por estudiantes de la Facultad de Derecho, pero ante los reclamos por el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, efectuado por militares el 19 de marzo de 2010, Calderón canceló su presentación en ese plantel. Le tenemos malas noticias al exmandatario: la gente se organiza para pedir firmas para cancelarle toda posibilidad de gestación al nuevo partido México Libre, que promueve junto con su esposa Margarita Zavala. La vida real no se parece en nada al diario acontecer de las redes sociales, ¿verdad? 4. Lo Primitivo. Lo siguiente, aunque usted no lo crea, sucedió en pleno siglo XXI. Un grupo de campesinos del poblado Santa Rita Invernadero, en Chiapas, se enfrentó con empleados de la presidencia municipal de Las Margaritas, al intentar llevarse retenido al alcalde de extracción perredista, Jorge Luis Escandón Hernández. Reclamaban la falta de construcción de un camino prometido por el edil, y ante la negativa, el funcionario fue amarrado de las manos y obligado a salir del inmueble, posteriormente fue atado a una camioneta y arrastrado varias cuadras en la cabecera municipal. El resultado fue un enfrentamiento con palos y tubos. Tuvo que rescatarlo la policía estatal. Hay once detenidos. Rutilio Escandón, gobernador, ¿permitirá que humillen de esta manera a la autoridad? Luego no se quejen. 5. Merecido. Se acabaron las especulaciones. Ni el cineasta Guillermo del Toro ni el diputado Pedro Carrizales, El Mijis ni la bloguera Mariand Castrejón, Yuya. El pleno del Senado de la República avaló, con la seriedad que requiere el caso, que la Medalla Belisario Domínguez 2019 sea otorgada a la activista y excandidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra. En 1977 fundó el Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también conocido como Comité ¡Eureka! Ya dedicó el máximo galardón que otorga el gobierno de México a madres de desaparecidos. Recibirá la medalla el próximo 23 de octubre. Está confirmada la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Excelente decisión. Bitácora del director / Nadie por encima de la ley... salvo que sea aliado

Hace dos semanas, el país vivió una discusión sobre los secuestros que realizó la guerrilla en los años 70, misma que culminó con el despido del director del INEHRM por haber llamado “jóvenes valientes” a quienes mataron, en un intento de plagio, al empresario Eugenio Garza Sada hace 46 años. Todavía fresco ese debate, estudiantes normalistas privaron de la libertad a los choferes de los 92 autobuses que robaron en las terminales de Tenancingo e Ixtapan de la Sal, Estado de México. Al momento de escribir estas líneas se acababa de acordar su liberación –en una mesa encabezada por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta–, pero sin castigo para los secuestradores, que en declaraciones a la prensa admitieron tener retenidos a los conductores. El robo de los autobuses, por parte de los estudiantes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, quedó grabado en videos que se reprodujeron en medios nacionales y están disponibles en internet. Pese a ello, no se nota interés alguno por parte de las autoridades en fincar responsabilidades por lo que es, claramente, un delito grave. En este caso no se amenaza con prisión preventiva oficiosa, como se hace con los contribuyentes que pudieren tener la mala fortuna de recibir de forma inadvertida una factura falsa. Y tampoco se le atendió con la celeridad con la que se removió de su cargo a Pedro Salmerón por deshonrar la memoria de don Eugenio. Los hechos de días pasados en Tenancingo, donde se ubica la escuela normal –fundada en 1927 y también conocida como Tenería–, han puesto a prueba al gobierno federal en muchos sentidos. El robo de los autobuses y secuestro de sus operadores son una calca de las acciones realizadas por alumnos del mismo plantel en septiembre de 2008. Hoy, como ayer, los estudiantes y quienes los manejan exigen la entrega de plazas automáticas a quienes egresan de la normal. Hace 11 años se salieron con la suya. La pregunta es si esta vez también lo harán. Una vez liberados los choferes y los autobuses, ¿permitirá el gobierno que se ponga en duda la rectoría del Estado en la asignación de plazas magisteriales? Con motivo de la aprobación de la nueva reforma educativa y sus leyes secundarias, las autoridades de la SEP aseguraron que la eliminación de los concursos y evaluaciones de la anterior reforma no significaba que volverían por sus fueros quienes traficaban con esas plazas. Todo sería paz y armonía para decidir quiénes quedan frente al aula y eso contribuiría a serenar al país. ¿Acaso no fue ésa la conclusión de las reuniones que la CNTE sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No quedó claro que, en el nuevo arreglo, los normalistas tendrían preferencia en la contratación? ¿A qué obedecieron entonces estos secuestros y qué hará al final el gobierno?    En este caso se cometieron delitos graves frente a los ojos del país. Se robaron autobuses –en terminales, pero también en plena carretera, donde fueron bajados los pasajeros, abandonándolos en descampado– y se privó de la libertad a los operadores. De que estos normalistas están por encima de la ley y han actuado al margen de ella, no hay duda. En declaraciones a los medios, Odilón López Nava, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo, afirmó que estos hechos ocurrieron en las narices de elementos de la nueva Guardia Nacional. Si el gobierno no actúa con firmeza frente a estos ilícitos, se reforzará la idea de que hay dos tipos de justicia en la 4T: una para los aliados del gobierno y los grupos que delinquen con el pretexto de causas sociales y otra para todos los demás.