Editorial EL UNIVERSAL / Un país huachicolero

La lucha contra el huachicoleo se libra en múltiples campos. La dimensión real del fenómeno quizá no se hubiera conocido si este gobierno no hace del combate a ese ilícito una de sus principales banderas. EL UNIVERSAL da a conocer ahora que el robo de combustible se efectúa no ya sólo del modo tradicional de ordeña de ductos, sino que también es realizado por auténticos piratas de altamar que asaltan las instalaciones y embarcaciones de Pemex situadas en aguas del Golfo de México. Los piratas huachicoleros atacan en dos modalidades: asalto a buques cargueros a los que extraen con mangueras el combustible que transite por las costas de Campeche y Tabasco, y abordaje con violencia a las plataformas petroleras. Estos ladrones de altamar aprovechan la situación de aislamiento e indefensión en la que está el personal de embarcaciones y plataformas. Si bien los asaltos a estas últimas no son nuevos —de 2017 a la fecha se reportaron más de 300 incidentes de ese tipo—, se habían limitado a sustraer equipo y otros objetos de valor, pero llama la atención que el objetivo se ha dirigido esta vez hacia los propios hidrocarburos, tanto procesados como en crudo. Se trata de una cara más del huachicoleo. Hace poco más de un año, la plataforma Abkatún fue asaltada por delincuentes que hicieron presencia en el lugar a bordo de 23 lanchas rápidas. El botín consistió en material eléctrico y de iluminación con el que estaba equipado su helipuerto. Aunque las medidas de seguridad se reforzaron en la instalación marítima, ello no intimidó a los criminales que buscaron dar un nuevo golpe a fines de 2018, siendo repelidos por personal de Marina al momento de intentar el abordaje. Se cree que el móvil del ataque era el robo de material de construcción empleado para la instalación de la estructura Akbatún 2, recién anclada en la zona. Robo, corrupción, perforación de ductos, asalto a pipas, sabotaje y vandalización de la red de explotación, producción y distribución, e incluso bloqueos de autopistas con vehículos incendiados, son algunas de las aristas que ha comenzado a mostrar el problema que engloba el huachicol y que habla de su creciente penetración que ha provocado muertes, daños materiales y afectaciones a la economía nacional. López Obrador habló de atacar tanto al huachicoleo “de arriba como al de abajo”, pues queda claro que diversos sectores participan en él: funcionarios, empresarios y población de todos los sustratos sociales. Por consiguiente, la guerra emprendida contra el huachicol debe darse, literalmente, en todos los frentes, sea por tierra o por mar, en el campo o en la ciudad, y lo mismo contra el alto funcionario, el empleado de Pemex, el criminal organizado o el ordeñador solitario. El desafío no es fácil.

OPINIÓN / Huachicol no es asunto de pobreza

Fueron imágenes devastadoras: la gente arremolinada en el saqueo de un ducto de gasolina y luego la tragedia que hasta el momento ha dejado 118 personas muertas y otras tantas desaparecidas. Se piensa que es el resultado del huachicoleo, pero el problema es más profundo. Ante la falta del Estado y la prevención del delito, ante la impunidad que impera en México, el crimen organizado penetró las comunidades aledañas a los oleoductos, contaminó, trastocó los valores de una parte de sus pobladores y los llevó por la senda equivocada. Las escenas de pobladores enfrentando al Ejército y los cuerpos policiacos, para impedir los operativos se volvieron cotidianas; las explosiones y sus saldos de muertos y heridos, no son algo nuevo, como tampoco el saqueo a los trenes en el sureste del país. El problema es que nos acostumbramos a eso. A los pobladores les dijeron que el petróleo les pertenece, que estaba bien tomarlo. Hubo quienes así lo asumieron, otros prefirieron seguir trabajando el campo, pero se dividieron, algunos se convirtieron en delincuentes y los que no, los consintieron, no lo denunciaron, les compraron el combustible, convivieron. En un análisis más profundo veríamos que la causa no está en la pobreza, porque no todos los huachicoleros son pobres, la causa está en la permisividad de la justicia que deteriora el tejido social. No será sencillo recomponerlo sólo con programas sociales mediante inversiones dirigidas a los 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Las políticas asistencialistas de los regímenes pasados demostraron plenamente su ineficacia. Hace falta mirar profundamente la realidad, entender la desesperanza de la gente y su pragmatismo; su trasmutación en pueblos huachicoleros, no será desterrada con 9 mil pesos mensuales a través de distintos programas. La descomposición de la sociedad, de la familia; la ruptura de los vínculos de confianza entre vecinos, el desafío a la autoridad es ocasionada porque la gente, todos los días al levantarse, se mira al espejo de sus necesidades y al mirar el aparato televisor observa que ante los grandes delitos nacionales, de políticos, empresarios o narcos, nunca hay castigo. El huachicol es sólo un delito más de los que se cometen en el país: la piratería, el asalto, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, feminicidios, saqueo de las arcas públicas, el robo de gasolina en las máquinas despachadoras y un largo etcétera. Este país ha invertido miles de millones de pesos en las políticas de seguridad, que se reducen a tener más cuerpos policiacos, armas y patrullas. Ahora mismo la Guardia Nacional sólo se compone de eso, pero se han olvidado las otras dos partes, el fortalecimiento de la justicia para castigar eficazmente los delitos y lo más importante el fortalecimiento del ser humano, la gente que debe tener oportunidades de desarrollo integral para que cometer delitos o hacerse de la vista gorda ante éstos no sea un asunto normal. Si hay compromisos serios con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y un cambio de estrategia que priorice el fortalecimiento de las capacidades productivas de la gente y que visibilice que delinquir no es normal ni un tema de pobreza, y que si hay delitos, hay castigo. Si hay voluntad de ir a fondo en el combate a la impunidad en todos sus niveles, entonces podrá haber resultados. Pero si todo se reduce sólo a poner a disposición los programas sociales que han fracasado una y otra vez, los resultados serán los mismos y lo seguiremos lamentando como país.

Frentes Políticos I.  Derrumbe. El senador por Chiapas, Noé Castañón, militó 20 años en el PRI, y sin más, presentó su renuncia. Cuentan que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador en el Senado, lo habría echado por petición de Manuel Velasco. Se fue a Movimiento Ciudadano. Desacreditado tras la acusación de su exesposa, Mayte López, por violencia familiar, se lleva la mala fama a MC, donde no fue bien recibido. La diputada Martha Tagle rechazó su llegada y señaló la necesidad de inhabilitar, para ocupar cargos públicos, a quienes tengan sentencia por violencia de género. La senadora Patricia Mercado dijo sentirse incómoda con él en su partido. No obstante, el derrotado es el PRI. Pierde una posición dentro de su ya pequeño grupo parlamentario, y en Chiapas acusan a Osorio Chong de traición. La bancada está más flaca. Ya sólo coordina a 12 senadores, lo nunca visto en la historia del tricolor. ¿No le da pena? II. Pendiente. El INE pide organizar la elección para gobernador de Puebla. Los consejeros Marco Baños, Pamela San Martín, Dania Ravel y José Roberto Ruiz Saldaña firmaron una solicitud para el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, a fin de que inicie el procedimiento. La propuesta será votada este 6 de febrero. Por la falta de perfiles, el escenario político que se vive en Puebla y la fuerza que ha perdido el PAN, por el fallecimiento de la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta Villegas, informó que se analiza no lanzar candidato en el proceso electoral extraordinario que arrancará en marzo. Y en Morena no se deciden si lanzar otra vez a Luis Miguel Barbosa. Piénsenle. Hay una virtud que se llama tacto político. III. Con los niños no. Después de meses de deliberaciones, al fin quedó establecido que la utilización de menores de edad en campañas políticas, ni es ético ni resulta un buen negocio. La organización Mexicanos Primero informó que pagará la multa de 80 mil 600 pesos establecida por el TEPJF. Ayer, se determinó que la transmisión del spot ¿Y si los niños fueran candidatos? estuvo dirigida a influir en las preferencias de los ciudadanos y, por tanto, era una violación al artículo 41 constitucional. Mexicanos Primero deberá pensar antes de volverse a involucrar en una campaña similar. Prohibida la aparición de niños en spots políticos. ¿Y Yuawi, el niño del partido naranja? IV. Apuntada. Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, buscará la presidencia del PRI, cargo que ocupa la senadora Claudia Ruiz Massieu y que dejará en agosto próximo. A través de un video, difundido en redes sociales, pidió a los priistas su respaldo y al mismo tiempo presentó su programa de trabajo donde prioriza la unidad y la renovación del partido. Aseguró que está preparada para recuperar al PRI, su ideología, “la emoción de ser priistas”, sus territorios y a su militancia. En ella se puede encontrar liderazgo, sencillez, cercanía con la gente y firmeza para tomar decisiones. Destapada está para el rescate del tricolor. Y quien pega primero, pega dos veces. V. Movidos. Germán Martínez al frente del IMSS se está poniendo a trabajar. Ante la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, presentó el programa piloto para la incorporación de personas trabajadoras del hogar, que partir de ahora tendrán acceso a todos los rubros que brinda el IMSS como servicio médico, incapacidades, pensiones y prestaciones sociales. También, aseguró, que el programan no es geográfico, sino para todo el país y llegará a quien tenga que llegar. Sí cambia México, no lo nieguen. BITÁCORA DEL DIRECTOR / El inquietante mensaje en la refinería

Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había declarado finalizada la guerra contra el crimen organizado, apareció en una de las puertas de la refinería Ing. Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato, una camioneta con un paquete explosivo y una manta firmada por el líder de un grupo delincuencial que encabeza el robo de combustible en el corredor industrial de ese estado. El miércoles, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Ejecutivo había respondido a una pregunta sobre cuántos capos habían sido detenidos en el marco de la lucha contra el huachicoleo. La solicitud fue dirigida a los secretarios de Seguridad Pública y de la Defensa, ahí presentes, pero López Obrador quiso contestarla él mismo: “No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal, sino garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que podamos disminuir el número de homicidios diarios, de robos, de secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”. —¿Se acabó la guerra contra el crimen? –le preguntaron. —No hay guerra. Oficialmente no hay guerra. Nosotros queremos la paz. Vamos a conseguir la paz. La víspera, elementos de la Armada habían acudido a un poblado del municipio de Villagrán, en Guanajuato, para decomisar camiones con combustible que se habían reunido en ese lugar. Los marinos se toparon con la resistencia de los lugareños, quienes atravesaron vehículos en los caminos aledaños –entre ellos, la carretera libre Celaya-Salamanca– y los incendiaron, tratando de inhibir el operativo militar. “Yo llamo a la gente de Guanajuato y de todo el país para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos”, agregó López Obrador. No había pasado un día de que había pronunciado estas palabras cuando apareció una camioneta pick up roja estacionada frente a la puerta número 4 de la refinería de Salamanca. En su interior había un objeto formado por varios cilindros, del que salían unos tubos o cables. Además, una manta en la que alguien había escrito un mensaje dirigido al presidente López Obrador, exigiéndole sacar a soldados, marinos y policías federales de Guanajuato y amenazando con matar a personas inocentes en caso de incumplimiento. “Esto no es un juego”, decía el mensaje, firmado por El Señor Marro. Ése es el apodo de José Antonio Yépez Ortiz, identificado como el jefe de la organización criminal conocida como Cártel de Santa Rosa de Lima, cuya base está en la zona de Villagrán y se dedica principalmente al robo de combustible. El jueves 24 de enero, en este espacio, escribí que me había parecido imprudente que el Presidente hubiese atravesado 170 kilómetros del territorio de Guanajuato, la noche que estalló el ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, para viajar de Aguascalientes al lugar de la mortífera explosión. Hoy, ese viaje tiene que verse en otro contexto, por las amenazas contra López Obrador en la manta que apareció en Salamanca casi dos semanas después. La vida del Ejecutivo pudo estar en serio peligro aquella noche del 18 de enero. Ayer, mientras estaba al aire en Titulares de la Noche de Excélsior Televisión, fui alertado de una información aún más inquietante. La confirmación, por parte de la Sedena, de que el objeto encontrado en el asiento de la camioneta frente a la refinería contenía Emulex 1, un explosivo usado en voladuras de minería y trabajos de construcción. Pronto comenzaron a circular fotos de soldados con trajes antibomba, junto con datos que daban cuenta de que el artefacto había sido destruido en un paraje rural al sur de Salamanca. La información de la Sedena se conoció casi 12 horas después de que el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez Cuevas, había desmentido que se hubiese encontrado un explosivo frente a la refinería. Más tarde, cuestionado sobre las amenazas escritas en la manta que apareció en Salamanca, López Obrador dijo que éstas no harían que incrementara sus medidas de seguridad. “Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”, indicó durante una visita a Tlaxcala. En mi opinión, el explosivo y las amenazas que alguien dejó frente a la refinería durante la madrugada de ayer cambian las reglas del juego: sobre la seguridad del Presidente, sobre la estrategia contra el huachicoleo y sobre la lucha contra el crimen organizado. Es cierto, aún no se sabe con certeza quién dejó ese macabro mensaje, pues el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima desmintió que fuese de su autoría, pero lo que queda claro es que los intereses en juego son muy grandes.