Editorial EL UNIVERSAL /El problema de los despidos

Como parte de las modificaciones en la administración pública, el gobierno federal está prescindiendo de áreas y de personal para la realización de sus funciones. Así, el Estado Mayor Presidencial, cuya tarea consistía en garantizar la seguridad presidencial, desapareció con el inicio de esta gestión. También se determinó finiquitar relaciones laborales con miles de empleados que prestaban sus servicios bajo el régimen de pago por honorarios.Los ceses han ocurrido en varias dependencias. Uno de los primeros casos se dio en el Servicio de Administración Tributaria, pero se extendió a otras oficinas de la burocracia federal.La gran mayoría de los afectados está inconforme por la manera en que se dio el proceso. Recibieron la notificación de un día para otro y sin alguna liquidación.El gobierno federal se convirtió en generador del problema al haber fomentado, en otras administraciones, la contratación de miles de empleados por la vía de honorarios. ¿Intentó intentó evadir su responsabilidad como patrón al otorgar durante varios años contratos anuales, renovables al vencimiento, a miles de trabajadores?A nivel local, en la Ciudad de México también hay protestas contra el gobierno capitalino. Desde 2015 se emitió un acuerdo para otorgar estabilidad a miles de empleados que cobraban por honorarios. Se estableció que recibirían contratos anuales así como seguridad social, aguinaldo y gratificación anual en forma de vales de despensa; sin embargo, no generaban antigüedad ni derechos laborales. Hoy muchos de ellos están despedidos y se encuentran manifestándose, bloqueando calles y evitando el acceso a oficinas públicas.Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos están comenzando a llegar. EL UNIVERSAL publica hoy que el organismo ha recibido 52 querellas, principalmente de trabajadores del SAT y de la Sedatu.Las autoridades argumentan que los cesados cobraban sin trabajar. Los afectados rechazan la acusación; prácticamente todos exigen sólo una liquidación apegada a la ley. Tribunales tendrán que dirimir el asunto.La contratación de trabajadores por honorarios en el gobierno federal no es nueva ni desaparecerá.El lunes la Secretaría de Hacienda dio a conocer las disposiciones para su ingreso: carecerán de seguridad social, aguinaldo y prima vacacional, y no podrán extenderse más allá de este año.En el país la violación a los derechos laborales es una actividad cotidiana —evidente con la carga y rezago existentes en las Juntas de Conciliación— el Estado no tendría por qué ejercerla y menos alentarla.

Frentes Políticos

I.  Haciendo la tarea. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, presentarán hoy dos estudios en torno al futuro de la educación superior en México y su relación con el mercado laboral: “El Futuro de la Educación Superior en México: Promoviendo Calidad y Equidad” y “La Educación Superior en México: Resultados y Relevancia para el Mercado Laboral”. El análisis asegura que aquellos individuos que sólo han alcanzado la educación secundaria superior ganarán, en promedio, 65% de lo que ganaría un graduado en educación terciaria, “perpetuando este círculo vicioso durante las generaciones futuras”. Dominar el ABC, las matemáticas y poner los acentos donde se debe, es prioridad nacional. Hay que salir del bache.

II. Fuerza y unión. Sin ser parte, Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, respaldó a la Planilla Blanca, llamada “Planilla de la Militancia”, de aspirantes a integrar el nuevo Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ante unos mil priistas de diversos grupos, y manifestaciones de apoyo de los municipios, el abogado Ángel Prieto Méndez presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos los documentos de los integrantes. “La militancia es el camino, la ruta para fortalecer al partido y recuperar espacios perdidos. El PRI es fuerte cuando escucha a su militancia y a la ciudadanía y cuando trabaja junto a ellos”, aseguró Ortega Pacheco. Justo lo que otros desdeñaron. Al parecer, viene en serio la reconstrucción de los tricolores. Hay que estar atentos.

III. Factura electoral. La Sala Superior del TEPJF dio un plazo de cinco días a la dirigencia del PRD para que resuelva de fondo la denuncia en contra del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien en la pasada campaña electoral ofreció su apoyo al entonces candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Sin discusión y por unanimidad, los magistrados emplazaron al Partido de la Revolución Democrática a resolver este tema derivado de la queja del militante perredista, Luis Manuel Arias Pallares. “Resolver el fondo”, es decir, si hay o no motivo para la expulsión del partido al gobernador. Todo le sale mal al mandatario michoacano. Ni hablar.

IV. Limpieza. A Adela Román Ocampo, alcaldesa de Acapulco, informó que debido a que la policía municipal se había convertido en cómplice de grupos delictivos, fue necesario que la Marina asumiera sus funciones. Ante legisladores federales y otros alcaldes, Román Ocampo dijo que este trabajo ha permitido reducir los índices delictivos en su municipio. “De ocho o nueve muertes violentas todos los días, hemos logrado que haya días con un solo muerto con violencia, estamos trabajando ya, de la mano, estas instituciones y esto ha logrado que la gente perciba mayor seguridad”. Ya está dando resultados. Adelante.

V. Revelaciones. Personal de la SSP de Aguascalientes detectó un punto de robo de combustible en un ducto de Pemex en la comunidad Lomas de Nueva York. Durante un recorrido de vigilancia los agentes se percataron que la malla que rodeaba la válvula estaba dañada. En Mérida, Yucatán, ocurrió lo mismo. De acuerdo con la empresa, otro hallazgo de tomas clandestinas se detectó cercano a las terminales de abastecimiento de Progreso. Sobra decir que los ductos de Pemex son vulnerables por todo el país, pero lo que ocurrió en la refinería de Salamanca no tiene nombre. Gracias a la intervención del Ejército, se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería con una manguera de 3 kilómetros. Que se castigue a los culpables.