Editorial EL UNIVERSAL / Senado aprueba que cárceles sean universidades del crimen

El Senado equivoca la ruta pensando que penas más severas reducirán el delito, que castigos más duros inhibirán a quienes violan la ley, que cárceles más llenas significan éxito en el combate a la delincuencia. Es todo lo contrario. El modelo de justicia fracasado que aprobó la semana pasada Morena, PAN, PRI, PT, PES y Verde, contribuye más a generar culpables que a aproximar la justicia a las víctimas; más a la venganza que a la prevención; más a la violación de los derechos humanos que a su respeto; más a perfeccionar las prisiones como universidades del crimen, que a convertirlas en centros de reinserción. La mayoría de los senadores decidió enviar la presunción de inocencia a la basura, y optar, ante el legítimo reclamo de una sociedad harta de la violencia e inseguridad, por ahondar en ella, apostando por un sistema que ya demostró que no funciona, no pocas veces corrupto y, casi siempre, impune. Aprobaron que es mejor detener para investigar y sobrepoblar las cárceles de “presuntos culpables”. ¿Qué buscan al aumentar las penas? ¿Inhibir la comisión de delitos? ¿Sancionar ejemplarmente para disuadir al delincuente? En realidad, lo que se alimenta es un sistema penal que fabrica culpables. El uso de la cárcel como solución vengativa de un país lastimado es contraproducente para reconstruir el tejido social. *** Durante años, he escuchado a quienes están tras las rejas. Nadie se ha detenido a cometer un delito por temor a la sanción. Son la corrupción e impunidad las que los alientan. Tendríamos, pues, que comenzar a abatirla antes de pensar en penas más severas. “Lo último que piensas es en la pena que te van a dar. La idea es que no te cachen”, me dijo Andrés “N”, uno de los secuestradores más sanguinarios que han existido en nuestro país. “Llegué a la cárcel acusado por robo. He matado y ayudado a desparecer a más de 40 personas”, relata Jorge “N”, quien apenas tenía 18 años la primera vez que estuvo en prisión. Dentro de la cárcel escaló en su carrera criminal. “Cuando aumentaron las penas a secuestradores, corríamos menos riesgo si matábamos y desaparecíamos a la víctima”, cuenta Daniel “N”. Ejemplos, hay cientos. La Lore, por ejemplo, acusada de participar en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, salió de la cárcel con un “disculpe usted” después de 11 años, pese a que había otra mujer con la misma carpeta abierta que ella. Técnicamente eran la misma persona. *** Tendríamos que apostar a la prevención y el servicio a la comunidad como medida reparatoria para delitos no graves; a la justicia restaurativa y la medida alterna, para en serio hablar de reinserción. Pero eso no deja votos ni da popularidad. ¿Cómo entender que 20% de las iniciativas presentadas en la Legislatura tengan que ver con penas y castigos más severos? Populismo punitivo. Lejos de voltear a ver los casi 400 centros de reclusión, las autoridades insisten en que legislar con penas más altas y usar la cárcel como medida “preventiva” son la solución a la delincuencia. La mayoría de las prisiones están en el autogobierno. No reinsertan. Son universidades del crimen que capacitan a los siguientes criminales. Los grupos dedicados al secuestro, por ejemplo, casi siempre se forman en ellas, así lo retratan más de 800 entrevistas con secuestradores, que elaboramos en Reinserta. La banda de Los Petricholet se conformó en la cárcel, la del Mochaorejas se integró tras las rejas, la de Andrés Caletri fue reclutada en prisión. La lista es larga. Se piensa que aumentar las penas traerá más seguridad, cuando el efecto es el contrario. El análisis debe de venir desde otro ángulo: la delincuencia es rentable. Las posibilidades para ser detenido son remotas (97% de los delitos no se denuncian, y de los denunciados 99% permanecen impunes), y las de reincidir altísimas: 67% de quienes cometen un delito, vuelven a hacerlo. *** “La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de los enemigos del Estado, diferentes en su comportamiento a los ciudadanos normales”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa. Adiós prevención, derechos humanos, presunción de inocencia y reinserción. El Senado ha dado un peligroso paso. Lo avalado es un sinsentido. Presidenta de Reinserta, A.C.

Frentes Políticos I. El ímpetu. La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, tiene la más grande encomienda, sacar del bache al partido que dominó durante siete décadas en México. Llamó a los priistas a estar listos para el 2021, pues “en tres vamos a ganar”, dijo. Sostuvo que México necesita a un partido popular para quienes más lo necesitan y para los que no tienen oportunidades. “Eso nos hizo grandes y nos va a volver a hacer grandes”, dijo al tomar la protesta a la nueva dirigencia priista en Sinaloa, que encabezan Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela Langaríca, presidente y secretaria general, respectivamente. Hará falta mucho más que buenos deseos. Ella tiene los arrestos para eso y más.  II. Reacomodo. El exlíder de la corriente de Izquierda Democrática Nacional en el PRD, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que los integrantes del sol azteca que se unen al proyecto de René Bejarano lo hacen convencidos y sin presiones políticas. Anunció la renuncia de cerca de 50 mil militantes que se unirán al Movimiento Nacional por la Esperanza, que dirige Bejarano. Apoyarán al gobierno de López Obrador. “Por si algo le faltaba al PRD para desfondarse, viene este chapulineo masivo”. A Bejarano no hay que perderle la pista: es uno de los alfiles que viaja por el país con la finalidad de fortalecer las próximas elecciones. ¿Quién duda de su valía como operador político? III. Informantes. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunció la creación de la figura de “ciudadanos alertadores de corrupción”, con el objetivo de que denuncien soborno, cohecho y otras prácticas ilícitas ante el gobierno federal. “Dentro de la nueva configuración de la Función Pública enfatizaremos en caminar al lado de la ciudadanía. El concepto en idioma inglés de la figura que se intenta instrumentar en México es whistle-blower, el cual opera en varios países y sirve para denominar a los ciudadanos que denuncian presuntos hechos ilícitos de servidores públicos y del sector privado”, dijo. El problema no es señalarlos, sino que se les castigue. IV. ¿Noticia buena? La PGR obtuvo sentencia condenatoria de 26 años ocho meses de prisión y 666 días multa contra un hombre por delincuencia organizada, por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. La SEIDO, con apoyo de la PF, detuvieron a Ramón Moreno por su participación en las actividades delictivas de una organización criminal con operación en Michoacán. En 2017 el juez de la causa dictó sentencia condenatoria en su contra, pero un tribunal unitario la revocó y ordenó la reposición del procedimiento. Una vez subsanadas las observaciones del tribunal unitario, el juez de la causa dictó la sentencia condenatoria referida, explicó la PGR. ¿Sabe usted cuándo lo detuvieron? ¡En 2009! Así de pronta y expedita nuestra justicia. V. Quejoso. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que los consejeros están abiertos a reunirse con los legisladores para explicar cada peso presupuestado, pues solicitaron lo que necesitan para cumplir con las funciones encomendadas al INE en las leyes. “Se ha pedido lo que se necesita, no se pidió un peso más, no pedimos un presupuesto abultado, sino por el contrario, hemos hecho un esfuerzo para tener el presupuesto más bajo”, dijo. Está dispuesto a explicar a los diputados cómo organizar elecciones más baratas. Presupuesto de austeridad republicana es lo que sigue, para todos, pero Córdova no se acostumbra. Cómo no sentirse abatido, si su soñado proyecto de edificio sede, en el que iba a gastar mil cien mdp, tampoco se le hizo.