Editorial EL UNIVERSAL / Un mercado del crimen

La venta de productos que obtiene el crimen está a la vista de todos sin que la autoridad intervenga para frenar la actividad ilícita. Puestos callejeros y tianguis en zonas populares son la vía más común para dar salida a todo tipo de artículos cuyo origen es el robo. Las medicinas son uno de ellos. En información que hoy publica este diario, diversos tipos de fármacos se expenden en la zona de Tepito de manera abierta sin que los ambulantes sean molestados por la autoridad. El gancho es el precio. Medicinas para tratar diabetes, por ejemplo se consiguen en precios que van de los 15 a los 80 pesos, mientras en farmacias el valor está cinco o seis veces por arriba. Diariamente son decenas de personas las que acuden a esos sitios a pesar de los riesgos que esos fármacos representan para su salud, pues en muchos la fecha de caducidad está vencida, por lo que pudieron haber perdido o disminuido sus propiedades para actuar ante la enfermedad. Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias indican que el mercado negro representa para farmacéuticas y comercios establecidos pérdidas por 16 mil 500 millones de pesos anuales, equivalente a 9% de las ventas totales de medicinas en el país. El ilícito no es exclusivo de la capital del país, el año pasado se recuperaron 23 toneladas de medicamentos en operativos realizados en Veracruz, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco, Puebla, Aguascalientes y la Ciudad de México. En las calles se aprecian dos tipos de medicamentos: aquellos de venta comercial libre o con receta que se encuentran en cualquier farmacia o establecimiento y otros que traen la leyenda “Propiedad del Sector Salud, prohibida su venta”. En los primeros, la forma más común en que se obtienen, para después de terminar en el ambulantaje, es el robo; la Unefarm menciona que con frecuencia son víctimas de asaltos a mano armada en los que se llevan dinero y fármacos. En el segundo tipo de medicamentos, puede darse también el robo, pero lo que predomina es la corrupción; en lugar de que las dosis lleguen a derechohabientes del sector público, se desvían hacia las bandas delictivas. Adquirir medicinas en un lugar no autorizado contribuye a desarrollar un mercado alimentado por la delincuencia, que eventualmente podría evolucionar a otro tipo de crímenes. Frenarlo ahora significará poner un dique a ilícitos futuros. La autoridad, sin embargo, hasta ahora ha sido omisa para terminar con esa práctica. OPINIÓN / Candidatas a ministras, tan cerca de AMLO y tan lejos del derecho

Las aspirantes de López Obrador a la Suprema Corte no solo podrían tener conflicto de intereses con el gobierno en turno; además, por lo menos dos, muestran problemas de Derecho Constitucional I. No saben de qué trata el Artículo Primero. Ni lo que la propia SCJN ha resuelto. Dejen ustedes que sean conservadoras y cercanísimas al Presidente de la República y su partido, parece que ni se enteraron de la reforma del 2011 en materia de Derechos Humanos. El Ejecutivo Federal quiere y puede contar en el Pleno con alguien de toda su confianza. Tiene a la mayoría de las y los legisladores en la mano para aprobarla. Aquellos que en cualquier otro sexenio hubieran respingado, hoy le darán lo que guste y mande. No les importa dejar de lado a valiosas mujeres, preparadas, progresistas, independientes, capaces de ocupar tan relevante cargo en el máximo tribunal. El lunes 4 de marzo, las candidatas comparecieron en el Senado. Celia Maya García dijo: “¿Cómo mandamos al niño a que él, la mayoría de sus compañeritos o todos tienen papá y mamá de diferente sexo, y él va a tener dos, un papá y mamá, del mismo sexo? ¿Sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior?” Sería conveniente que Celia conociera la jurisprudencia del 2015. En la cual, los ministros prohibieron cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En su columna de EL UNIVERSAL, “Matrimonio igualitario, ya no es pregunta”, Leticia Bonifaz (ella, para que vean, sí cuenta con el perfil y la dejaron fuera) recordó que la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana va en el mismo sentido. Y que el Artículo 1 plasma la progresividad de los DH. No puede haber regresión alguna al respecto. La otra propuesta de AMLO, Yasmín Esquivel Mossa, respondió de manera similar sobre la adopción homoparental. También se declaró “a favor de la vida” y a ajustarse a lo que los diputados locales legislen. Es decir, aprobaría la reciente decisión del Congreso de Nuevo León que criminaliza a las mujeres, que las encarcela por abortar. Muy su opinión. Pero considera que la SCJN debe aceptar la votación local. Claramente desconoce el papel de tribunal constitucional del cuerpo colegiado que quiere formar parte. Así como la progresividad de derechos y el control de convencionalidad. El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, informó que no han logrado la mayoría calificada. Por ello, pospusieron la elección para el próximo martes 12 de marzo. Eso sí, de que las tres van, van. A pesar de las críticas y la petición #RechacenLaTerna, de ahí saldrá la nueva ministra. Se ha dicho que la favorita de Andrés Manuel es Yasmín. (Quien se ha esforzado en minimizar el hecho que el contratista Rioboó es su esposo). ¿La negociación monrealista del fin de semana es entre Yasmín Esquivel Mossa y la exmilitante del Movimiento de Regeneración Nacional, Loretta Ortiz Ahlf? (Renunció hace poco, no vayan a pensar que tiene vínculos con ya saben quién). Por lo pronto, el “mecansogansismo” se fortalece en la 4T. Ahora, imponiéndose en el Poder Judicial.

Frentes Políticos I.  El colmo. Una vez más, Nuevo León, ese territorio “gobernado” por Jaime Rodríguez, El Bronco, da de qué hablar. Sus especializadas fuerzas del orden volvieron a fracasar. Utilizando cuchillos y navajas, cuatro jóvenes asaltaron a personal del Instituto de Creatividad Educativa Avanzada y, en su huida, uno de ellos robó el arma de cargo a un elemento de la policía regia y le dio un cachazo, en Monterrey. Un menor de 17 años de edad, a quien se identificó como Luis Kevin, fue quien desarmó y agredió al oficial, para escapar del lugar de los hechos. Si no pueden con los niños, cómo les pedimos que actúen contra criminales de verdad. II. Todo oídos. Marko Cortés, líder de Acción Nacional, aseguró que el partido está “abierto” para escuchar la evaluación de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, para escuchar las propuestas de solución en materia de seguridad pública y los costos de las “malas decisiones económicas”. Cortés señaló que la sociedad mexicana espera respuestas concretas a los temas más sensibles para el país. Mírenlo. Dice ser muy receptivo, pero si ni siquiera escucha las quejas de los panistas ni los brincos que dan al cambiarse a otros partidos. III. Único pendiente. Las elecciones en Puebla deben ser las más complicadas en la historia de la democracia mexicana. Pasan los meses y nada se ha resuelto. A dos semanas del inicio de las campañas para la elección a gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a un ejercicio limpio y libre para hacer valer la democracia. Llamó a la sociedad a no permitir delitos electorales. “Quiero decir que es una gran oportunidad para demostrar en Puebla que se puede hacer valer la democracia”. Pidió acabar con la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, el acarreo o los falsos resultados electorales”. Así la vileza del proceso comicial. Ya párenle. IV. Están viendo… Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado federal de los programas de Bienestar en Veracruz, comenzó su misión con el pie izquierdo y la boca muy floja. “Yalitzas sí funcionan para cuidar niños”, declaró hace unos días y nunca vio venir el lío en el que se metió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobó sus expresiones, al considerar que resultan inaceptables y son contrarias al respeto de la dignidad que todo servidor público debe observar. Conllevan prejuicios y creencias que justifican o toleran la vulneración de la dignidad e integridad y derechos fundamentales. Si eres parte del gobierno, compórtate como tal. No desafines. V. Quedan a deber. El Poder Legislativo es el único que no está haciendo lo que le corresponde y, por ello, permanece fuera de ritmo en la transformación del país. Andrés Manuel López Obrador es el primer Presidente de la etapa de alternancia política que ha presentado más iniciativas al Congreso, dentro de sus primeros 100 días, distintas del Paquete Económico. Sin embargo, sólo se le aprobaron e hicieron realidad los dos instrumentos legislativos que conformaron el Paquete Económico 2019: la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la que modificó la Administración Pública Federal. ¿Van con el proyecto o sólo con la quincena? BITÁCORA DEL DIRECTOR / Las prisas

Cien días fue el tiempo que duró el regreso de Napoleón de su exilio en la isla de Elba hasta su reinstalación en el trono del imperio francés, en 1815. También fue el lapso de la guerra de las Malvinas, en 1982, y del genocidio de Ruanda en 1994. En política, es el breve periodo que pasa entre la asunción de un gobierno y el corte de caja de sus primeras acciones. El primero que, en ese sentido, se propuso dar resultados en cien días fue el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt, quien tomó posesión en marzo de 1933. Era un momento de profunda crisis económica, en Estados Unidos y buena parte del mundo, por los efectos del crac bursátil del 29 de octubre de 1929, el infausto Martes Negro. Desde entonces, distintos mandatarios en el mundo han tomado la decisión de emular el primer corte de caja de Roosevelt, que implicó, en 1933, la propuesta y aprobación de 19 leyes para hacer frente a la debacle. Hay muy poco en el panorama de México que amerite que el nuevo gobierno se fije un lapso de cien días para dar resultados. Si bien hay nubarrones en la economía internacional, estamos a años luz de una crisis como la Gran Depresión. Pero si casi todos los observadores están haciendo caso a la conclusión del lapso autoimpuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para medir el éxito o el fracaso de su naciente administración es porque él sigue en control de la agenda informativa del país. Nadie pidió que López Obrador dé resultados en cien días. El lapso representa apenas 4.69% del tiempo para el que fue elegido, es decir, ni una vigésima parte. Parece injusto, pues, hacer un examen tan tempranero, pero hay que enfatizar que es él mismo quien lo ha pedido. López Obrador ganó la Presidencia sobre la espalda de demandas muy concretas de la ciudadanía: atacar la corrupción y la inseguridad que azotan a México. Yo no creo que haya forma de siquiera comenzar a mostrar mejoría en problemas que llevan siglos, en el caso de la corrupción, y años, en el de la inseguridad. Aquí he relatado que uno de los primeros esfuerzos que se hicieron contra la corrupción en lo que es actualmente México lo realizó el rey Carlos III, quien envió como visitador a José de Gálvez, en 1761, para ver por qué habían bajado tanto las rentas que llegaban desde la Nueva España. Pese a que esos hechos sacudieron en su tiempo a la Colonia, sobra decir que no fue el fin de la corrupción novohispana, que siguió y sigue presente hasta hoy en el México independiente. Ojalá no interprete el lector que el propósito de ese antecedente histórico es decretar la imbatibilidad de la corrupción, porque pienso que sí se le puede frenar. Pero eso requiere un trabajo de años, consistente en hacer valer el Estado de derecho. Es, además, una labor institucional, no voluntarista. Ni Nelson Mandela, con toda su autoridad moral, pudo acabar con la corrupción en su país, existente desde los tiempos del Apartheid y que tomó un nuevo aire bajo el mando de los sucesores de Madiba, los presidentes Thabo Mbeki y Jacob Zuma. A diferencia de la corrupción, la inseguridad no es un problema tan añejo, pero lleva al menos tres lustros incubándose. Sería imposible explicar en el espacio restante los antecedentes de lo que hoy es, claramente, una carnicería, pero es obvio que, igual que en el caso anterior, obedece principalmente a la indolencia de las autoridades para aplicar la ley. Tanto la corrupción como la violencia criminal son temas complejos, heredados por López Obrador. Insisto: sería injusto esperar que los resuelva en cien días y, en una de esas, en todo su sexenio. Pero —repito— es el tabasqueño quien ha pedido que la ciudadanía evalúe su desempeño en este periodo. Y aunque es claro que una parte enorme de la población lo sigue respaldado, en estos cien primeros días su gobierno tiene poco que presumir en el combate de los dos fenómenos mencionados. Para ser breve, no ha puesto en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay corruptos en la cárcel y las cifras de inseguridad siguen creciendo, mientras el gobierno se aferra a solucionarla mediante la conformación de la Guardia Nacional. También habría que decir que, de forma incomprensible, López Obrador ha declarado casi resueltos los dos problemas: según él, ya se terminó la corrupción y la “guerra” contra el crimen organizado se ha acabado. En sus prisas, el Presidente ha provocado que el tiempo juegue en su contra. Debe bajar ese ritmo al que él mismo se ha sometido. Queda más de 95% de su sexenio y los tumores contra los que va no son fáciles de extirpar. No olvidemos que al vertiginoso regreso de Napoleón siguió Waterloo.