Editorial EL UNIVERSAL / Violencia de género, ¿qué hacer?

Pareciera que cada mes tenemos una nueva Lesvy, una nueva Abril, una nueva María Elena; ahora es el caso de Ingrid Escamilla, una joven asesinada por su pareja al norte de la Ciudad de México, y cuyo cuerpo fue desollado para desaparecer sus restos arrojándolos al inodoro y al drenaje de la calle.  Son casos que no tendrían por qué volver a presentarse de nuevo, pero por el contrario pareciera que cada nuevo caso sube un peldaño más en la escala de violencia; si ya es condenable que una mujer sufra maltratos o golpes, luego vienen los ataques en los que hay saña contra la víctima, como el arrojarle ácido en la cara, darle de golpes con un instrumento tan terrible como un bat de beisbol mientras se encuentra dormida o, como en el caso que ahora nos ocupa, no conformarse solo con provocarle la muerte, sino despedazar el cuerpo y arrojarlo al drenaje o a la basura, como si se tratara de desechos indeseables. A ello se deben sumar los múltiples casos de cuerpos femeninos sin vida dejados en la calle o en predios baldíos, muchas veces desnudos o semidesnudos, como una muestra de total falta de respeto por el cadáver, despojándolo de su último resquicio de dignidad. El caso de Ingrid Escamilla sólo viene a confirmar la estadística de que 70% de las agresiones que se dan contra mujeres, provienen de su círculo cercano. Lo que nos dice que sin duda es un tema que involucra no solo a la seguridad pública sino también valores familiares y salud mental.  En este sentido cobra relevancia el esfuerzo que se implementará en el Estado de México, entidad en donde se registran las tasas más altas de agresión contra mujeres de toda la República y en la que durante el año pasado el feminicidio aumentó 7% y las violaciones 14%, con respecto a lo reportado durante 2018. Se trata de un programa piloto que se pondrá a prueba en 11 municipios mexiquenses con alerta de género, mediante el cual se buscará detectar e inhibir conductas agresivas o violentas entre estudiantes de educación básica, que lo mismo permitirá atacar de forma temprana comportamientos no deseables como la violencia de género o incluso el bullying. Para ese objetivo se aplicarán cuestionarios cuyo posterior análisis arrojará conclusiones que permitirán emitir un diagnóstico pormenorizado sobre las problemáticas que aquejan a los alumnos en la infancia y la adolescencia, especialmente aquellos provenientes de hogares conflictivos, pues se ha visto que el mayor número de agresiones contra mujeres se dan al interior de los hogares. Atajando estas disfunciones de manera precoz, es posible que evitemos formar hombres que se sientan con derecho de agredir a las mujeres.  

OPINIÓN/ ¿Quién mató a Ingrid Escamilla? A estas alturas, la pregunta del título parece ociosa: Ingrid Escamilla fue asesinada, mutilada y desollada por su pareja, un psicópata de 46 años que confesó el delito cuando fue detenido por las autoridades. Pero ese individuo no es el único responsable del atroz crimen. A Ingrid Escamilla la mató un sistema de seguridad y justicia que registra mal y atiende peor la violencia de género. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), levantada por el Inegi en 2016, una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años ha experimentado agresiones físicas o sexuales de su pareja a lo largo de la relación. Según la misma fuente, 89% de las mujeres que pasan por ese trance no presentan una queja o denuncia ante una autoridad. De ese total, una de cada cinco se quedó callada por miedo a las consecuencias y una de cada cuatro porque no sabía cómo y dónde denunciar, desconfiaba de las autoridades o ignoraba que existían leyes para sancionar la violencia en el hogar. Y la desconfianza está bien ganada: según reportes de prensa, la propia Ingrid Escamilla denunció formalmente a su pareja siete meses antes de su muerte y no pasó nada. A Ingrid Escamilla la mató la impunidad generalizada. En México, sólo uno de cada diez homicidios de mujeres —sean clasificados como feminicidios o no— terminan con una sentencia condenatoria para el presunto responsable. En 2018, había apenas 1,018 reclusos por el delito de feminicidio en todos los sistemas penitenciarios estatales. Y en otros delitos, la situación es peor: en el mismo año, solo 2,474 personas estaban compurgando una pena por violencia familiar en todo el sistema penitenciario nacional. A Ingrid Escamilla la mató la inatención crónica a la salud mental en México. Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 28.6% de la población ha padecido algún trastorno psiquiátrico alguna vez en la vida, pero solo una de cada cinco personas con esa condición recibe tratamiento. Del gasto público en salud, solo 2% se dedica a la atención de la salud mental y, de ese total, 80% se dedica a la operación de los hospitales psiquiátricos. Asimismo, de acuerdo a una evaluación de la Organización Mundial de la Salud, “los servicios son proporcionados principalmente en el tercer nivel con poca representación del primer nivel de atención.” Es decir, el sistema está mal adaptado para detectar y atender de manera temprana casos como los del asesino de Ingrid. A Ingrid Escamilla la mató una cultura violenta y machista que produjo no solo su asesinato, sino también el repugnante trato que ha recibido tras su muerte. El hecho de que unos funcionarios de la Fiscalía capitalina hayan filtrado fotografías del cadáver y que algunos medios las hayan publicado habla de una indiferencia brutal ante el dolor ajeno que debería avergonzarnos como sociedad. Y los comentarios de algunos energúmenos en redes sociales, acusando a la víctima de “ofrecerse con el primero que le baja la luna”, confirman que el asesinato de Ingrid no es más que la manifestación extrema de una enfermedad más extendida. Y, por último, a Ingrid Escamilla la mató nuestra indiferencia, nuestro fracaso para exigir al sistema político que las cosas cambien de una vez y que este país deje de ser una desgracia permanente.

Frentes Políticos

1.  Si no es Chana en Juana. Invocando a su derecho electoral, Tatiana Clouthier se autodestapó como precandidata a una gubernatura. Pero para no fallarle, explicó que podría ser la de Nuevo León en 2021 o la de Sinaloa en 2023, ya que la legislación la respalda. No es sorpresa, se esperaba. Lo que llama la atención es su doblete imaginario. ¿Legalmente se puede? En la lógica de la legisladora, sí. Argumenta que nació en Sinaloa, pero desde sus 18 años vive en Nuevo León. Al menos no incluyó en la lista a Guerrero porque alguna vez vacacionó en Acapulco, pero bueno. ¿Se habrá puesto a reflexionar cómo recibirán los sinaloenses a una candidata que ha vivido 37 años en Nuevo León? ¿O qué dirán los neoleoneses? Por lo pronto, parece disparatado. Salvo en la mente de la aún diputada federal.

2. El peor escenario. Cada crimen en México, sobre todo de mujeres, causa más azoro en la sociedad que el anterior. El feminicidio de Ingrid Escamilla, no obstante, da una sacudida a la sociedad entera. Nadie puede ocultar el horror de los detalles. Y todo lo que ha venido después: filtración de materiales inadecuados, revictimización y morbo. Lejos de todo lo que este asesinato produce en cada uno, se debe tener el temple para afrontar la realidad. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, exige la pena máxima al responsable y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que habrá justicia para Ingrid y para todas las mujeres mexicanas. Por lo pronto, ya van tras los responsables de filtrar fotos del cuerpo de Ingrid. Un tema para tratarse con pinzas, pero con todo rigor.

3. ¿Arte de magia? El Congreso hizo un llamado a la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México para detectar de manera oportuna casos de coronavirus y evitar el contagio y propagación. Los grupos parlamentarios solicitaron a las autoridades hacer públicos los protocolos de actuación para detectar los casos de coronavirus y a emitir información clara y oportuna sobre los síntomas y posibles formas de contagio, a fin de mantener informada a la población. Lo que ustedes pidan, señores diputados. Eso es lo que necesitaba el coronavirus para no llegar a México, su enérgico rechazo. Estamos salvados.

4. Adiós podredumbre. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana capitalino, detalló que una investigación coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia determinó la responsabilidad de nueve agentes involucrados en el delito de secuestro. Son ocho hombres y una mujer, quienes actuaron por separado y serían los responsables de tres plagios con cuatro víctimas cometidos en distintas fechas de diciembre pasado. Uno de estos fue el 9 de diciembre, cuando dos policías a bordo de una patrulla interceptaron a un comerciante en la colonia DM Nacional, Gustavo A. Madero, quien al no poder acreditar la propiedad de la mercancía que traía fue subido a la unidad, amagado, amenazado y le exigieron dinero para dejarlo en libertad. Y a estos se les pagaba por proteger a la sociedad. ¿Cuántos más, señor Harfuch?

5. Compromiso gordo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se comprometió con todas las diputadas a formular la nueva tipificación del feminicidio con enfoque de género y presentar el proyecto conjunto este mismo mes. Y es que, lejos de pensar en desaparecerlo, este delito requiere de un tratamiento especial. “Para atacar y acabar con el feminicidio en México no se tiene que negar, sino visualizar y atenderlo desde distintos enfoques”, consideró la senadora Patricia Mercado. Y sobre el tema de los ataques con ácido hacia las mujeres, la excandidata presidencial señaló que “hay que detenerlo porque está creciendo, el odio es muy fuerte. Y lo tenemos que atacar desde muy diferentes perspectivas: desde la política cultural, la educativa, la de salud, la política, el tema de justicia y procuración de justicia”. Cerrar los ojos no sirve. Hay que actuar, ya.