Editorial EL UNIVERSAL / El atentado en Cuernavaca: lo que ignoramos y lo que sabemos El miércoles, Cuernavaca vivió algo inusitado. En pleno centro de la ciudad, a pasos del Palacio de Gobierno, frente a las cámaras de los medios de comunicación, un pistolero asesinó a un empresario y a un dirigente de comerciantes informales e hirió a dos periodistas. Por ahora, hay más preguntas que respuestas sobre el misterioso atentado. Ignoramos si hubo un solo tirador o hubo algún tipo de acción concertada. Ignoramos cuál era el móvil último del doble asesinato ¿Qué buscaba quien quiera que le haya pagado al pistolero y a sus posibles cómplices? No lo sabemos. Ignoramos si estos hechos están vinculados de algún modo con el homicidio del hijo de una de las víctimas, acaecido en 2017. Ignoramos si esto tiene algún tipo de relación con los múltiples grupos de delincuencia organizada que operan en Morelos o si se trató de un episodio de una disputa intergremial o fue la expresión de algún conflicto político más amplio. O la combinación de varias de las anteriores. Ignoramos cómo fue que la pistola presuntamente utilizada en el homicidio pasó de una corporación policial al mercado ilícito y de allí a las manos del asesino. Y no tenemos idea precisa de cómo una pistola que estuvo resguardada por la Fiscalía del estado en 2017 regresó a las calles y al submundo criminal. Ignoramos si el presunto homicida y sus posibles cómplices contaban o creían contar con algún grado de protección oficial, y por eso suponían que podían salirse con la suya tras matar a dos seres humanos frente a decenas de cámaras y a unos cuantos metros de la sede del gobierno estatal. Sabemos que algo no marcha bien en Morelos. El acontecimiento del miércoles fue extraordinario, pero se enmarca en un proceso de violencia creciente. En el primer trimestre, el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio en el estado creció 38% con respecto al mismo periodo del año pasado. Al ritmo actual, Morelos va a terminar el año con 1,119 asesinatos y una tasa de homicidio dos veces más alta que la nacional. Sabemos que el proceso de construcción institucional en el estado se quedó trunco. En la administración anterior, bajo el liderazgo del comisionado Alberto Capella (hoy secretario de seguridad pública en Quintana Roo), se hicieron esfuerzos importantes de transformación de la policía estatal. En el Índice de Desarrollo Policial 2018, elaborado por la organización Causa en Común, la policía de Morelos recibió la mejor calificación global de todas las policías estatales del país. Pero, producto de conflictos políticos, muchos de esos avances se frenaron después de la salida de Capella. Y en materia de reforma policial, dejar de pedalear conduce a una caída inevitable. Sabemos que, al igual que en muchos otros estados, el sistema de justicia en Morelos está roto. Según información que ha aparecido en medios de comunicación, el presunto asesino habría enfrentado procesos penales en 2015 y 2016. Tal vez haya pisado la prisión, pero no hay aún datos precisos en ese sentido. Nada de esa experiencia parece haber sido particularmente disuasivo. Sabemos que una vida no vale mucho en Morelos (o en México entero, para ser francos). Un hombre estuvo dispuesto a acabar con dos vidas y arriesgar la propia por cinco mil pesos, según algunas reseñas periodísticas basadas en filtraciones de la Fiscalía. Y sabemos, por último, que muy probablemente nunca sabremos lo que hoy ignoramos. OPINIÓN / Los otros desplazados

Desde hace algunos meses la atención de todos ha estado enfocada en las caravanas de millares de centroamericanos que ya casi a diario están cruzando el país con destino hacia Estados Unidos, ya sea en busca de oportunidades de trabajo que en sus naciones de origen se les niegan o no existen, o bien, huyendo de la violencia y las pandillas que los acosan en su cotidianidad. Sin embargo casi no se ha hablado de la existencia de otro grupo de desplazados cuyo tamaño no es poca cosa. Se trata de alrededor de 31 mil mexicanos que durante el año pasado tuvieron que dejar su lugar de origen por causas de fuerza mayor como los desastres naturales o huyendo de la violencia generada por el empoderamiento regional de la delincuencia organizada. Un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados revela que también entre nuestros connacionales se experimenta esta necesidad de dejar el terruño y buscar nuevas perspectivas ya no sólo en pos de una vida mejor, sino por lo menos para dejar una peor. El reporte señala que aunque del total de desplazados, la mayor parte, unas 20 mil personas, lo hicieron al verse afectados por algún fenómeno natural (se calculan hasta 13 mil afectados por un solo evento, la tormenta tropical Willa), existe también una preocupante cifra de 11 mil personas cuya razón para migrar ha sido como escape de la violencia a la que han estado expuestos en sus lugares de origen. Los principales focos rojos son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. Es de suponer que en el registro para cuando 2019 concluya, se sumarán entidades como Guanajuato y Puebla, e incluso el Estado de México. Estar bajo el yugo de una delincuencia que cada vez se muestra más descarada y desafiante, hace un infierno de la vida de la gente a la que afecta ya sea con sus extorsiones, secuestros o sus exigencias de reclutamiento de integrantes para ponerlos al servicio de intereses cada vez más oscuros e incomprensibles. Como se ve, no sólo el problema es el de los asesinatos como afectación directa del crimen organizado, pues también están esas otras historias de las que pocos se enteran pero que cada una encierra una vorágine de angustia y desazón. Se ha puesto mucho énfasis en la migración centroamericana, pero no debemos olvidar que en estos momentos hay al menos 31 mil compatriotas que fueron obligados a emigrar dentro de México por la violencia. Queremos un país con progreso, pero el reclamo hoy más que nunca, es por una nación con estabilidad, paz y tranquilidad. Frentes Políticos 1.  Fantasmitis. El consejero político de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz Durán, va contra los superdelegados. Propuso que los funcionarios a cargo de programas sociales que busquen ser candidatos de su partido renuncien al cargo tres años antes de las elecciones en las que aspiran competir. Aseguró que no es éticamente correcto ni políticamente conveniente, ya que les da una ventaja indebida respecto a otros aspirantes a los mismos puestos de elección popular. La propuesta no es propia, por supuesto, es el miedo de los ahora opositores, priistas y panistas, quienes ven en los superdelegados el enemigo a vencer. Nada les da tanto miedo. 2. Enojado. Dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, después del crimen en el centro de Cuernavaca, que estaba “enojado, muy molesto, porque esto no puede estar sucediendo aquí”. No, no puede ser que bajo su mandato la violencia se haya recrudecido en los últimos meses. Asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones, principalmente de mujeres, tienen aterrada a la sociedad. La cronología de la violencia alcanza niveles alarmantes en el estado. En diversos puntos la gente se encuentra insegura y, claro, molesta, tanto o más que el mandatario estatal. La tranquilidad de la que antes gozaban les ha sido arrebatada en la administración del exfutbolista. ¿Quién, en el gabinete de el Cuauh, asume la responsabilidad?, ¿quién entregó la plaza? 3. Pequeños detalles. La ley que regirá a la Guardia Nacional fue enfrascada porque los senadores de oposición consideran un exceso castigar con cárcel de hasta tres años a un elemento que exprese ofensas de palabra o de señas a un superior, ya que es propio de la disciplina militar y no de una corporación civil. Pero el gobierno federal la valora fundamental para evitar la descomposición interna de la institución. Los senadores de oposición buscan quitarle todo viso militar a la Guardia Nacional y eso incluye no sólo el cambio de denominación de cargos, sino la disciplina interna que se aplicará. Afinen. No hay prisa. La delincuencia puede seguir actuando a sus anchas en lo que ustedes deciden para cuándo permiten trabajar a la actual administración para combatir la inseguridad. 4. Balas perdidas. Durante años, muchos mexicanos han muerto por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Puede usted creer que un hombre, durante diez años, en determinadas fechas, puso en el cielo de la Ciudad de México miles de proyectiles, específicamente de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía de Iztacalco? Sí, el cielo de México es el segundo de América Latina donde más balas perdidas vuelan, según el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Este juego cruel o travesura o como le llamen debe castigarse. Infinidad de tragedias han sucedido gracias a gente inconsciente que, por diversión, festejo o simple fanfarronería, ponen en peligro vidas inocentes. Demasiada miseria. 5. Factura. La historia le tiene asignado un lugar a miss Mónica, la exdirectora del Colegio Rébsamen, sobre cuyos salones construyó un departamento que terminó aplastando y matando a 26 personas en el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. Mónica García Villegas, la dueña y exdirectora, se declaró inocente del homicidio calificado del que fue acusada. Dos detalles: ella asumió su defensa personal a pesar de tener dos nuevos abogados particulares y, dos, no gustó a los padres de los niños fallecidos que la audiencia fuera privada. Mucho menos que ella achaque las muertes a “un fenómeno natural”. Claro, un terremoto que costó la vida a inocentes por mandarse construir “comodidades”. Linda palomita. Bitácora del director / Embajador Odebrecht

“Ningún Estado está obligado a aceptar en su territorio como representante extranjero a una persona que no le place”, dice la definición de plácet del Diccionario Jurídico Mexicano, escrito por la especialista Lucía Irene Ruiz Sánchez. El que el gobierno mexicano haya decidido otorgar el plácet (beneplácito) a Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela dice mucho. Primero, que México ha tomado partido en una disputa política en ese país, pues la constitución venezolana establece que los representantes diplomáticos deben ser avalados por la Asamblea Nacional, el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en aquel país. Arias Cárdenas, exgobernador del estado de Zulia y exrepresentante de su país ante la ONU, fue nombrado embajador en México sin pedir la aprobación de la Asamblea Nacional, a la que el régimen de Nicolás Maduro ha buscado someter por la violencia después de que la oposición obtuviera la mayoría en ese órgano en las elecciones de 2015. En enero pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue juramentado como presidente encargado de Venezuela, luego de que Maduro asumiera un nuevo periodo como resultado de un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones democráticas. Guaidó es reconocido como mandatario legítimo por medio centenar de naciones. Pero, además, México ha aceptado como enviado diplomático de Maduro a un hombre que está señalado como partícipe de la trama Odebrecht, la constructora brasileña que —de acuerdo con investigaciones en Brasil— sobornó a decenas de funcionarios extranjeros, incluidos jefes de Estado, para asegurarse el otorgamiento de contratos. Compañero de armas de Hugo Chávez —estuvo a su lado en el fallido golpe de Estado de 1992—, Arias ha sido acusado de ser parte de una operación de lavado de dinero en torno de la construcción del puente Nigale, sobre el lago Maracaibo. De acuerdo con la oposición venezolana, que cita las investigaciones que realizó la exfiscal Luisa Ortega —quien huyó a Colombia en 2017 luego de ser destituida por el chavista Tribunal Superior de Justicia—, el tres veces gobernador de Zulia está directamente involucrado en un esquema de financiación de campañas electorales que tuvo como mecanismo la erección de dicho puente. El proyecto arrancó en 2005 como una de las obras estrella del gobierno de Hugo Chávez. Hoy es, a decir de un reportaje del periodista Gustavo Ocando, “una oda a la orfandad, un fiasco congelado en un cosmos de playa, salitre y metales oxidados”. El Nigale debió abrirse en 2014, ocho años después de que Chávez colocó la primera piedra. Pero hoy, esta obra, responsabilidad de la constructora Odebrecht y supervisada por la petrolera Pdvsa, sufre de parálisis, al igual que más de 15 proyectos de infraestructura en Venezuela, que se tragaron grandes sumas de dinero, según Transparencia Venezuela. Por el llamado “puente invisible” se pagaron 470 millones de dólares del erario. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha usado el caso Odebrecht como epítome de la corrupción, ¿entregará cartas credenciales como embajador a un hombre al que se ha señalado de tener una relación directa con la constructora brasileña? Arias sólo podrá fungir como representante diplomático cuando reciba dichas cartas credenciales. Entregárselas sería una incongruencia por parte de un gobierno, que tiene como uno de sus propósitos centrales combatir la corrupción y ha dicho que no tendrá relaciones con empresas y personas que hayan incurrido en ella.