Editorial EL UNIVERSAL / CDMX y el poder ciudadano

Involucrar a ciudadanos en actividades que transformen su entorno y en asuntos de gobierno es uno de los temas pendientes en las sociedades democráticas. La apatía predomina en la mayoría de los casos, tanto en gobiernos como en la población. En la Ciudad de México desde 1995 se ha impulsado de manera formal la participación de la comunidad en asuntos que le competen de manera directa. Hace casi 25 años se plantearon los Consejos Ciudadanos, con el objetivo de fomentar la inclusión vecinal en los programas de las entonces delegaciones, por medio de la supervisión y la evaluación. Con los años la posibilidad de que los ciudadanos puedan plantear acciones específicas se ha ido modificando hasta derivar en una ley de participación que permite a los habitantes de las ahora alcaldías proponer y votar proyectos de mejora comunitaria y obtener recursos para realizarlos. Ayer esta normatividad se modificó en medio del rechazo inicial de partidos de oposición, pues, entre otros aspectos, planteaba la elección de los integrantes de las próximas Comisiones de Participación Comunitaria por medio de sorteo o insaculación; al final se ratificó el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados para ser representantes de la comunidad. Entre lo aprobado se encuentra también el aumento de los recursos que se destinan a proyectos vecinales, el llamado presupuesto participativo, que pasó de 3% a 4% de la partida que se asigna a las alcaldías. Cada vez que un grupo de ciudadanos propone formas de mejorar su calle, su colonia o su barrio —y la autoridad proporciona los medios para lograrlo— la ciudad gana habitantes comprometidos con el desarrollo de la calidad de vida en la capital. El gobierno no tendría que colocar obstáculos a la participación, sino fomentarla cada vez más. Al final del día, lo aprobado ayer en el Congreso de la Ciudad de México no recibió ningún voto en contra; a pesar de ello conviene evaluar la nueva forma de participación vecinal, para definir si se limita o se amplía la posibilidad de participar para los capitalinos. Todo cambio tiene que ser para mejorar. Luego de momentos en los que ha parecido haber un desencanto con la democracia y en especial con los partidos políticos, no debe temerse al poder ciudadano. Por el contrario, podría representar aire fresco en las acciones de gobierno. OPINIÓN / Don dinero y los partidos políticos Desde que se iniciaron las reformas que cambiaron el régimen político-electoral en México, el dinero para financiar a los partidos ha sido un tema de debate que hoy regresa de nuevo al escenario. El mundo de la austeridad de la 4T no podía dejar de lado el hecho de tener “partidos ricos con pueblo pobre”, diría el clásico, por eso se ha iniciado el proceso para reducir el dinero partidista. El modelo de financiamiento público para la competencia política fue resultado de la reforma de 1996. Desde el principio los partidos quedaron muy bien acondicionados por el dinero del erario y muy pronto, para 2003, se hizo visible que el modelo tenía un mecanismo progresivo que encarecía las elecciones. El problema estaba en la necesidad partidista de comprar tiempo en los medios para sus campañas, un gasto que llegó a representar más del 70% del dinero que recibían del financiamiento público. Unos años después se hizo otra reforma y se resolvió el problema porque se dispuso de los tiempos del Estado, y los partidos ya no tuvieron que gastar en medios, incluso quedó prohibida la compra mediática. Con ese cambio se generó otro problema: el reparto de tiempos gratuitos reprodujo millones de cápsulas, spots que intoxicaron la comunicación política, pero el dinero público engrosó las finanzas de los partidos para alimentar sus estructuras territoriales, su burocracia y sus redes clientelares. El elevado gasto de los partidos se incrementó a partir de la última reforma electoral de 2014, porque se estableció un doble financiamiento, nacional y local, con lo cual aumentó la ya abultada suma de recursos fiscales que van a dar a manos de los partidos. Hay buenas razones para justificar el actual modelo, pero, de la misma forma, también hay buenos argumentos para ir a un esquema más austero. El modelo de gasto público en la política, junto con el acceso mediático, posibilitaron un sistema de partidos competitivo con una regulación que vigila la equidad en la competencia. Los partidos políticos son las instituciones menos apreciadas por la ciudadanía, han perdido legitimidad y representatividad. Sin embargo, son instituciones necesarias en una democracia. Cada vez que se hace una reforma se promete que habrá menos gasto y más austeridad, pero el resultado es completamente al revés: más dinero y más gasto. El financiamiento para los partidos es el único que se encuentra establecido —con todo y sus fórmulas específicas— en un artículo de la Constitución, el 41. Desde hace años diversas iniciativas de la hoy menospreciada sociedad civil, han impulsado una política de austeridad para los partidos, la cual se tiene que acompañar de otras medidas que hagan un modelo electoral más europeo y menos como en Estados Unidos, en donde el dinero mande menos y no sea el factor determinante para ganar en las urnas. Para eso se necesitan campañas más cortas, con debates más intensos y menos spots. Adelgazar esas enormes maquinarias llenas de burocracias prescindibles y modificar de raíz las legiones de mercadotecnistas, encuestólogos y toda una parafernalia de la política, incluidas las gorras, las tortas, la propaganda inútil y contaminante y, por supuesto, la compra del voto. Sin duda, que campañas con más contenido, mas breves y más intensas en el debate, le subirían el nivel a nuestra dispendiosa competencia electoral. Hoy la 4T propone bajar el financiamiento a la mitad, pero la propuesta se enfrenta a importantes resistencias. Esta propuesta se da en el contexto de la política de austeridad de la 4T, que ha sido excesiva en muchos casos y con consecuencias injustas, como lo hemos señalado en este espacio en repetidas ocasiones. El otro argumento viene de los partidos que hoy son oposición y por esa razón tendrán menos recursos que el partido gobernante, Morena. Nunca habrá la situación ideal, neutra, para reducir el financiamiento a los partidos. Sin embargo, hay que hacerlo y cambiar hacia un mejor modelo de política más democrático, austero y equitativo… Investigador del CIESAS. @AzizNassif 

Frentes Políticos 1. Campanazo. La sacudida más grande en los ocho meses que lleva el nuevo gobierno es la vinculación a proceso de Rosario Robles. Oficios de la Sedesol y de la Sedatu, secretarías de las que estuvo a cargo, dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, una licencia de conducir con un domicilio diferente al que registró y un pase de abordar, entre otras pruebas presentadas por la FGR, la llevaron al reclusorio Santa Martha Acatitla, donde permanecerá, cuando menos, dos meses, en lo que se desahoga la investigación. Se le acusa de ejercicio indebido del servicio público. Su abogado, Julio Hernández Barros, argumenta que fue un proceso viciado. Histórico: una secretaria de gobierno federal pasará unos meses en prisión preventiva. Cayó el primero de los naipes del castillo de la corrupción. ¿Quién sigue? 2. Sin freno. Joel Islas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, instó a la Fiscalía General de la República a que el caso de la Estafa Maestra no se límite a investigar únicamente a Rosario Robles, porque, dijo, es evidente que participaron más personas. “Este tipo de hechos no se cometen con la voluntad de una sola persona. Son redes las que permiten que esto se siga reproduciendo. Hay que llevar la lupa hacia los distintos lugares para que haya consecuencias en todos los que hicieron posible que esto sucediera”, expuso. Aseguró que éste es sólo “uno de múltiples casos” que, gracias al acceso a la información, hoy se encuentran en la mira de la luz pública “y les están exigiendo consecuencias a las autoridades”. El Inai muestra su verdadera valía. Ya era tiempo. 3. Se ve un cambio. Para el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, todos los inculpados en la Estafa Maestra tienen cuentas pendientes con la justicia. Aplaudió el combate contra la corrupción y la impunidad, y consideró que la justicia tiene que meter “al orden” todos los actos de corrupción que se denuncian en el país. Agregó que los empresarios firman convenios con la Secretaría de la Función Pública, entre ellos uno con la ASF, y que, además, presentarán un libro contra la corrupción. En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que podrían presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, pues se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF. Algo está cambiando en el país de la eterna corrupción. Qué bien. 4. De más barbas para remojar. Sospechosista petición. Exigente como es, el coordinador de los senadores del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a las autoridades a respetar el Estado de derecho y a que Rosario Robles tenga un proceso apegado a la ley. “Hago el llamado a que se dé en estricto apego a la ley, que no se preste a perspicacias y que, dentro del Estado de derecho, se haga valer lo que a la ley corresponde”, ordenó. ¿Será que adelanta esta solicitud por si, en un futuro, deban aplicarla para él debido al presunto derroche y desvío de recursos de la extinta Policía Federal, que dependía directamente de la Segob que él “administraba”? Dicen por ahí, piensa mal y... 5. Contra todos. Aldo Ruiz, delegado de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, se mostró feliz porque se está eliminando la corrupción. El caso Rosario Robles, dijo, “es una prueba de que no estamos jugando a eliminar la corrupción, la estamos eliminando”. Afirmó que la ciudadanía se tiene que acostumbrar a que México es ya otro país. “Quien haya cometido un acto de corrupción será juzgado y procesado conforme a la ley y no, no se trata, dijo, de una persecución política”. Ojalá así sea, porque Fernando Alférez, secretario de Organización de Morena, le advirtió: “Que (Ruiz) ponga sus barbas a remojar, porque la Secretaría de la Función Pública está atendiendo todas las quejas”. Los frutos podridos comenzarán por azotarse en el suelo. ¿Se acabó la corrupción?  Bitácora del director / Nervios

Apenas unas semanas después de que el mundo revivió, mediante una serie de televisión, los acontecimientos en torno del accidente de la planta nucleoeléctrica de Chernóbil, una nueva explosión de materiales radiactivos ha vuelto a poner los reflectores sobre Rusia. Ayer, autoridades rusas recomendaron a los residentes de Nyonoska —un puerto del océano Ártico, en el noroeste del país— que abandonen la población mientras se llevan a cabo labores de mitigación de la radiación, luego de un accidente con el motor de un misil ocurrido la semana pasada, informó la agencia de noticias Interfax. Igual que sucedió con Chernóbil hace 33 años, el gobierno ruso guardó silencio sobre los hechos del jueves pasado. Pero en esta era de comunicaciones instantáneas vía internet, el encubrimiento duró apenas dos días. El sábado, Moscú reconoció la muerte de al menos 7 personas “como consecuencia de la explosión de un motor experimental de combustible líquido”. Rosatom, acrónimo de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, detalló que se probaba un misil en una plataforma marina frente a las costas de la base militar de Severodvinsk. De acuerdo con la empresa, sus especialistas estaban realizando investigaciones sobre la propulsión de misiles con radioisótopos. “Una vez terminadas las pruebas, el propulsor se incendió y posteriormente explotó, causando una onda de choque que arrojó a varios de ellos al mar”, se agregó en el comunicado. La explosión provocó que la radiación en Severodvinsk –una ciudad de 190 mil habitantes, situada a 30 kilómetros– oscilara temporalmente entre cuatro y 16 veces los valores del día previo al accidente, tres veces por encima del nivel máximo permisible. Esto llevó a la defensa civil a recomendar a la población consumir tabletas de yodo, utilizado para contrarrestar los efectos de la radiación, mismas que se agotaron rápidamente en las farmacias locales. Las escasas y vagas explicaciones de las autoridades rusas sobre el incidente del jueves han llevado a los expertos a concluir que se estaba ensayando con un misil de propulsión nuclear, algo que Estados Unidos probó en los años 60 sin éxito. El proyecto, denominado Plutón, se abandonó en aquel tiempo por considerársele demasiado peligroso. Un misil de propulsión nuclear teóricamente volaría por un tiempo ilimitado hasta alcanzar su blanco. Para algunos expertos estadunidenses, la prueba fallida en el Ártico podría ser un intento de dar vida a una nueva súper arma anunciada en marzo de 2018 por el presidente ruso Vladimir Putin: el Buresvéstnik, palabra rusa que significa petrel, un ave popularizada por un poema de Máximo Gorki. Sin embargo, esto fue desmentido por medios rusos, que incluso se mofaron del presidente Donald Trump –que hizo suya la versión en un tuit– por no saber distinguir entre diversas fuentes de energía nuclear. Lo cierto es que la explosión del jueves, ocurrida en una instalación militar, sucede en un momento inquietante, mismo que ya he comentado en este espacio: a principios de este mes, EU y Rusia abandonaron un acuerdo suscrito por los presidentes Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, en 1987, que prohibía el desarrollo de armas nucleares de alcance intermedio, conocido como Tratado INF, y en febrero de 2021 prescribirá el acuerdo que limita el número de armas de largo alcance, el START. El desdén de Washington y Moscú por estos instrumentos de contención ha dado lugar a la interpretación de que las partes están dispuestas a entrar en una nueva carrera armamentista. Durante la Guerra Fría, no fueron raros los accidentes en el desarrollo de armamento de destrucción masiva, como los ocurridos a la industria militar soviética en Mayak, en septiembre de 1957,y Sverdlovsk, en abril de 1979. La explosión de la semana pasada en Nyonoska es un recordatorio de los peligros que entrañan estas armas, incluso cuando no se apuntan al enemigo.