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06:23 martes 14 mayo, 2019
PLUMAS NACIONALESEditorial EL UNIVERSAL / Un ambiente enrarecido Durante tres días consecutivos la zona metropolitana de la Ciudad de México ha vivido una situación “atípica” en materia ambiental ocasionada por “partículas suspendidas en el aire, producto de incendios”. La falta de un protocolo específico para ese fenómeno impidió la declaración de una contingencia; la Comisión Ambiental de la Megalópolis se limitó a recomendar el cierre de puertas y ventanas, así como evitar actividades al aire libre. Desde el sábado era evidente una visión fantasmal de la ciudad —originada por la bruma que la envolvía— y el olor a pasto quemado. En la capital del país, de acuerdo con datos oficiales, entre viernes y sábado se registraron 23 incendios en zonas forestales y urbanas; además de 30 siniestros similares en el Estado de México, incluido el estallido de un polvorín en Tultepec y el incendio en una fábrica de plásticos en Atizapán. El problema de la contaminación para la urbe no es de ahora, ha sido una lucha constante al menos en las últimas tres décadas. Por muy poco frecuente que sea la presencia de partículas suspendidas en esta temporada ¿no pudo preverse? Millones de habitantes de la megalópolis estuvieron expuestos por más de 48 horas a las llamadas partículas PM2.5, que tienen una estructura similar a los aerosoles, por lo que se introducen en los pulmones, frenan en los niños el desarrollo del sistema respiratorio y disminuyen los niveles de oxigenación en las personas. Ese hecho exhibió las debilidades de la normatividad para declarar contingencia, pues se carece de protocolos para actuar ante la presencia de partículas suspendidas; solo se emitió una “alerta ambiental” el domingo. El gobierno de la CDMX reconoció ayer que se tienen que establecer parámetros para determinar una contingencia ambiental para las partículas 2.5. Ante la contaminación, por la causa que fuere, no puede continuarse apostando a que el clima (viento o lluvia) resuelva los problemas que tienen un origen humano. Medidas de prevención y la concientización social son los elementos que deben privilegiarse y no solo las acciones reactivas. La megalópolis ha logrado contener —no resolver— los índices de contaminación con la coordinación de gobiernos vecinos, grupos ambientalistas, especialistas, empresarios y población, pero es claro que no se puede bajar la guardia un instante. Este fin de semana fue notorio que hay protocolos que deben actualizarse. No debe perderse más tiempo, literalmente puede ser cuestión de vida o muerte. OPINIÓN / La falta de transparencia de los nuevos gobernadores
Tras el primer trimestre más violento desde que existen registros de incidencia delictiva, es natural reflexionar y evaluar el rumbo que tiene el país en materia de seguridad y justicia. Si bien es importante partir de la premisa de que las actuales condiciones de alta incidencia delictiva son en parte, efecto de un proceso de comportamiento al alza que lleva dos años y medio en una escalada sin precedentes, es importante conocer cómo las actuales autoridades pretenden enfrentar el cúmulo de retos que significa recuperar niveles aceptables de seguridad. Por ello, y con miras a los cambios de gobierno que enfrentaba el país, ya desde 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo el ejercicio denominado Por un México Seguro, que pretendía entender el diagnóstico del que partía cada uno de los entonces 55 candidatos que buscaban ocupar el cargo de titular del ejecutivo federal o de titular del ejecutivo de uno de los 9 estados en contienda. La metodología establecía que cada candidato respondiese a 258 preguntas que desglosaban el proceso a través del cual, del diagnóstico, pasarían a la cristalización de la visión que cada uno tenía para el final de su gobierno en 2024. El cuestionario incluía preguntas sobre presupuesto, transformación y fortalecimiento institucional, cambios en el marco regulatorio y solicitaba que cada candidato expresase qué retos tendría que enfrentar en caso de ser elegido. Por parte del ONC hicimos llegar a los candidatos y dimos a conocer a la opinión pública, los escenarios de riesgo que cada entidad enfrentaba, cuáles eran las tendencias delictivas, dónde se encontraban los focos rojos de crisis y cuáles eran los pronósticos. En su momento, lamentamos una baja participación de los candidatos, su desconocimiento en la materia y la ambigüedad de las respuestas. La mayoría contestó con un “por definir” temas que debían ser básicos para enfrentar los problemas una vez electos. El próximo 22 de mayo presentaremos una actualización de los escenarios de riesgo que deben enfrentar las nuevas administraciones, así como un análisis de la evolución de las políticas públicas y líneas de acción que han definido para atender la falta de seguridad y mejorar el acceso a la justicia. Ante ello, le pedimos a cada uno de los gobernadores que respondiesen un nuevo cuestionario para entender si la entidad que recibió se encuentra en iguales, mejores o peores condiciones de lo que contemplaba en su diagnóstico inicial, cómo enfrentará la problemática de la procuración de justicia, del sistema penitenciario, de las policías; cómo construirá procesos de articulación con otros gobiernos para combatir los delitos y qué acciones llevará su gobierno en materia. Para este ejercicio, debido a los terribles acontecimientos que han sucedido en Puebla, decidimos no incorporar a la entidad. Lamentamos decir que sólo tres autoridades accedieron a rendirle cuentas a la sociedad y de manera transparente explicaron qué piensan hacer y cómo pretenden actuar ante la problemática de seguridad. Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz no aceptaron participar. Los casos de Tabasco y Veracruz son los más preocupantes pues, por un lado, son entidades que viven una crisis de seguridad y, por otro, simplemente las autoridades responsables nos contestaron “que no tenían la información solicitada”. Este tipo de respuesta es un tanto desconcertante, ya que puede referir a dos tipos de escenarios: no quieren transparentar ni rendir cuentas o bien, aún no tienen claridad sobre cómo enfrentar el problema. Por su parte, reconocemos el esfuerzo de Guanajuato, Jalisco y Yucatán por abrirse a la sociedad, ser transparentes y estar dispuestos a dialogar acerca de cómo construir junto con la ciudadanía, políticas públicas más efectivas que nos permitan regresar a vivir en una sociedad pacífica. Si 2017 y 2018 fueron respectivamente los años más violentos de la historia, si los gobernantes reclaman una y otra vez que heredaron un desastre en esta materia ¿no debió haber sido su primera preocupación desarrollar un plan para atender la alta incidencia delictiva, la inseguridad y la violencia? Si un gobernante trabaja para servir a su comunidad ¿no debe ser su compromiso informar, abrirse, rendir cuentas cuando se le solicite? Si el problema que enfrentamos en materia de seguridad es tan complejo y requiere del apoyo de todos los actores sociales ¿no es acaso un ejercicio como éste el que ayuda a que todos nos hagamos corresponsables de atender el problema? Parece que para nuestras autoridades es fácil quejarse del pasado, descargar responsabilidades, esperar que las cosas se resuelvan por sí solas y que la sociedad calle. Sin embargo, la actual crisis no se resuelve con retórica, no tomará su cauce por sí misma y sí requiere de un plan específico. Debido al actual rumbo del país, es muy probable que 2019 rompa el terrible récord del año más violento de la historia, es probable que ante estos resultados nuestras autoridades sigan perdidas, sin un plan, culpando a los malos gobiernos del pasado, a pesar de que serán ellos los responsables del creciente número de víctimas.
Frentes Políticos 1. No es temporada de charros. Al asegurar que arrancó el fin del liderazgo priista en los sindicatos, los diputados del PT y trabajadores del sector salud advirtieron a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, que debe alinearse a los objetivos de la 4T o será removido. Desde la Cámara de Diputados, Rubén Alvarado Manríquez, secretario general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, acusó que Ramírez Pineda está en contra de la democracia sindical y frente de la institución ha defendido los intereses de los “sindicatos charros del PRI”, partido en el que militó. El sindicato que encabeza hoy Rubén Alvarado representa a alrededor de mil 500 trabajadores de varios estados del país. ¿Y el pastel económico que representa el ISSSTE es un manjar que se acabó? 2. Frases prometedoras. Con el objetivo de contribuir a la salud financiera de Pemex y fomentar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de la empresa, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que contiene diversos estímulos fiscales. Carlos Urzúa, titular de Hacienda, explicó que los incentivos consisten en un aumento a los límites de costos, gastos e inversiones en asignaciones en aguas someras y áreas terrestres, que puede deducir la empresa para el cálculo del derecho por la utilidad compartida. Bajo la normatividad vigente, agregó, Pemex puede deducir hasta 12.5% del valor anual de la producción, pero con los estímulos podrá deducir hasta 35% del valor de los hidrocarburos extraídos en aguas someras y hasta 40% del valor de la producción de áreas terrestres. Suena ideal para tener un futuro mejor. ¡Háganlo realidad! 3. Más que un problema. El sargazo es el dolor de cabeza para los mexicanos, pero también un asunto internacional. Aparte de lo desagradable que resulta para el turismo, esta alga, cuya cantidad este año aumentó cinco veces respecton al año pasado, ya desde 2018 ha producido la muerte en las costas del Caribe mexicano de ejemplares de 72 especies, informaron especialistas de la UNAM. Rosa Elisa Rodríguez, investigadora en la unidad académica en Puerto Morelos, precisó que la mortalidad estaría relacionada con la descomposición de las algas, que generarían un deterioro de la calidad del agua. Josefa González Ortiz Mena, secretaria del Medio Ambiente, tiene mucho por hacer. Que no los hunda la ola de sargazo. 4. Fuercitas. El consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, convocó a la dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, a un debate sin insultos ni denostaciones. Aseguró que Morena es de interés nacional, por lo que “merece un debate argumentado, abierto y democrático”. Lo anterior, luego de que Polevnsky lo llamara “mequetrefe”, de cara a la elección por el Comité Ejecutivo del partido, en el que también Bertha Luján y la actual dirigente están interesadas. Díaz Durán afirmó que la lucha por la dirigencia debe hacerse con un padrón abierto y no “rasurado”. El consejero mantiene un proceso que lo podría llevar a ser expulsado del partido por hablar de los problemas de Morena ante medios de comunicación. Si ya saben que es broncudo, para qué lo pellizcan. Todo indica que no dura en la militancia. Se mete con Sansón a las patadas. 5. Gravedad. Ya no es una incógnita hasta qué grado están involucradas las fuerzas policiacas con el crimen organizado. Pero siempre sorprenden las formas. Eric Cisneros, secretario de Gobierno de Veracruz, aseguró que el presunto Jefe de plaza de Minatitlán, Jesús “N”, alias El Lagarto, pudo haber usado unidades de la Fiscalía General del Estado para trasladarse. Señaló que esas pruebas las está integrando la Fiscalía General de la República. “Yo digo y sostengo que el fiscal general del estado, hay sospechas fundadas que forma parte de crimen organizado y lo vamos a confirmar porque hasta el día de hoy no ha emitido orden de aprehensión en contra de El Lagarto (sic)”. Un fiscal embarrado de delincuencia al que no se pueden sacudir. ¿Como para cuándo la paz? Bitácora del director / Gobierno petrocéntrico
En su primer semestre en la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que la industria petrolera es uno de los ejes más importantes de su gobierno, si no es que el principal. Mientras otros países comienzan a olvidarse de los combustibles fósiles –la semana pasada, por primera vez desde la Revolución Industrial, Reino Unido dejó de generar electricidad así–, México busca aumentar la producción y refinación de petróleo e incluso anuncia un mayor uso del carbón. La decisión no está anclada en la eficiencia energética, sino en consideraciones políticas e ideológicas arrancadas de un libro de historia. No pocas veces ha dicho el Presidente que su decisión de construir una nueva refinería, en su natal Tabasco, forma parte de la misma estirpe de la Expropiación Petrolera. Parece convencido de que el país se volverá más desarrollado y más justo socialmente en la medida en que se fortalezca el control estatal sobre el sector energético. En ese empeño, no ha reparado en visitar instalaciones petroleras y lanzar una estrategia contra el huachicoleo. No es casual que el tema ocupe con frecuencia un lugar central en sus conferencias mañaneras, el epicentro de su actividad diaria. De acuerdo con Luis Estrada, de la consultoría SPIN, la palabra Pemex es la segunda más mencionada en las 111 conferencias mañaneras que se han realizado hasta ahora, sólo superada por la palabra corrupción. Tampoco lo es que entre los funcionarios con más apariciones en las mañaneras está el director general de Pemex, Octavio Romero, quien ha estado 15 veces y ha hablado en 12 oportunidades. Hace unos días, el Presidente informó, de manera sorpresiva, que quedaba desierta la licitación para edificar Dos Bocas –a la que se invitaron 4 consorcios extranjeros, mediante criterios que no quedaron claros–, y que Pemex se encargaría de la obra. López Obrador se muestra dispuesto a jugarse buena parte de su capital político en sacar a Pemex del marasmo financiero en el que está. Es una tarea que se antoja hercúlea, por el nivel de endeudamiento –rebasa los 2 billones de pesos– y su tendencia a perder dinero en casi todas las operaciones. Ayer se dio a conocer que tres bancos internacionales –HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities– habían extendido un crédito revolvente a Pemex, por 8 mil millones de dólares, válido por 5 años, para ayudar a la empresa a hacer frente al inminente vencimiento de obligaciones. El mes pasado se había dicho que los cerca de 5 mil millones de dólares en deuda que Pemex tendrá que cubrir este año saldrían del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. El anuncio de ayer parece renegar de ese plan. López Obrador insistió en que la refinanciación no implica contratar deuda nueva, algo que ya había prometido no hacer. Y agregó que permitirá que mejore la visión que tienen las agencias calificadoras de la calidad crediticia de Pemex, a las cuales ha criticado públicamente en diferentes ocasiones. Lo que está claro es que el Presidente no ha movido sus piezas con tanta contundencia como lo ha hecho por Pemex, la abollada joya de su gobierno. BUSCAPIÉS
López Obrador dijo ayer que lo más seguro es que no asista a la cumbre del G20 en Osaka, el mes que entra. Tal vez sea lo mejor, pues viajar hasta allá implicaría un pesado vuelo con escalas, de un mínimo de 18 horas con 40 minutos de ida y 16 horas con 45 minutos de regreso. Y no debe ser fácil realizar reuniones de trabajo y revisar discursos en la fila 27 de un Dreamliner.