Editorial EL UNIVERSAL / Regatear la justicia A fuerza de protestas y de reclamos a la autoridad, miles de personas que en un instante perdieron todo contacto con el padre, hermano, hermana, hijo o hija lograron la creación a nivel federal y estatal de comisiones para la búsqueda de desaparecidos. Por falta de voluntad política o de presupuesto, no todas han logrado constituirse y aquellas que están en marcha su actuación transcurre con lentitud y escasos resultados. A más de 18 meses de haber entrado en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, solo se han instalado 19 de las 32 comisiones locales de búsqueda, pero únicamente 11 comenzaron sus labores. El dolor y la demanda de apoyo de los familiares parece quedar en segundo plano para gobiernos estatales. De acuerdo con información que hoy publica EL UNIVERSAL, la efectividad de las comisiones que se encuentran en funciones aún es mínima, pues de las mil 047 peticiones de búsqueda que han recibido, apenas han encontrado a 291 personas, (27% del total). Tamaulipas, entidad donde se reportan más de 6 mil personas desaparecidas, no proporcionó información sobre su avance. Los problemas para operar son principalmente por falta de recursos, a pesar del compromiso presidencial del pasado 24 de marzo de que no va a haber límite presupuestal ni techo financiero para atender la situación. Otro de los obstáculos reportados por integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda es que algunos estados rehúyen a la problemática para no reconocer que están padeciendo casos de desapariciones. Apenas la semana pasada se conoció que en Jalisco el número de personas desaparecidas disminuyó en tres meses de 7 mil 117 a mil 752, pero no por haber esclarecido la situación de más de 5 mil casos, sino porque fueron “reclasificados” como personas no localizadas, lo que implica que aunque se ignora su suerte no se presume la comisión de un delito como causa de su ausencia. Entre los criterios del artículo 89 de la ley en la materia para considerar desaparecida a una persona se establece que así se determinará cuando han pasado 72 horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero, aun sin elementos de la probable comisión de un delito. Familiares de desaparecidos están a la espera del funcionamiento pleno del sistema de búsqueda, de la creación de protocolos y de que exista voluntad política en todos los gobiernos. Lo logrado hasta este momento es resultado de la presión de miles de familiares. No es justo que haya autoridades que sigan regateándoles un poco de justicia. OPINIÓN / En la mira de la 4T Una vez que el secretario de Hacienda Carlos Urzúa dejó el cargo, miembros de la 4T han puesto los ojos en algunas de las personas que recibieron apoyo del exsecretario. Nos dicen que algunos dentro del actual gobierno están a disgusto con el apoyo que la Secretaría de Hacienda dio hace un par de meses al economista Jorge Chávez Presa para integrarse al Banco Mundial como director ejecutivo del consejo. Aseguran que don Jorge ha mostrado posturas de descalificación a algunos proyectos prioritarios de la actual administración, como la refinería de Dos Bocas, y que incluso en privado se ha pronunciado por que en organismos financieros internacionales exista una representación del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, postura en franca contradicción con la adoptada por el gobierno mexicano de no reconocer su presidencia. No será que lo que verdaderamente les da urticaria a funcionarios de la actual administración es que Chávez Presa tiene dos “pecados” imperdonables en estos días: haber estudiado en el ITAM y su cercanía con el PRI. Ebrard, temporada de huracanes Desde el piso 22 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la oficina de juntas del canciller Marcelo Ebrard, se apreciaba ayer un día con nubarrones, pero al final no hubo tormenta, ni en el centro de la Ciudad de México, ni en Estados Unidos, en donde iniciaron redadas para capturar y deportar migrantes. Para la SRE sólo hay panorama optimista, aunque hay quienes —en la oposición e incluso en Morena— creen que México debería redefinir su relación con Estados Unidos. Este lunes se conocerá un nuevo reporte que den los cónsules en EU y se verá si se mantiene un buen clima entre ambas naciones o acaba por llegar la temporada de huracanes. Las apuestas en la Cámara de Diputados Nos dicen que hoy el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, deberá comparecer ante las comisiones unidas de Asuntos de la Frontera Norte y de la Frontera Sur, para informar a los legisladores sobre las acciones que ha tomado el gobierno federal en la crisis migratoria, y que el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), ha calificado de ser una política de “tercer país seguro”. Sin embargo, lo que se preguntan algunos es si don Maximiliano asistirá a la comparecencia o cancelará como lo hizo el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Hasta la tarde de ayer las apuestas estaban parejas 50 a 50. ¿Será que, de nuevo, van a desairar a los diputados? El Senado ante el caso de Baja California Nos dicen que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que encabeza el morenista Ricardo Monreal, definirá en estos días cuál será su papel en el tema de Baja California, donde el Congreso aprobó la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Nos dicen que las opciones sobre la mesa son: la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una acción de inconstitucionalidad, la desaparición del Congreso estatal, o se lleva el tema a debate durante la Comisión Permanente. La oposición ya anunció su deseo de ir a la Suprema Corte, y algunos de Morena están a favor de desaparecer el Congreso loca

Frentes Políticos 1.  Las promesas del porvenir. Desde el hospital rural de Coalcomán, Michoacán, Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario, aseguró que los programas de austeridad y el combate a la corrupción permitirán ahorros por 800 mil millones de pesos. Así se materializarán, pues, dijo, cuando no hay corrupción se distribuye la riqueza y alcanza para todos. Quedan garantizadas estrategias como las pensiones para adultos mayores, becas, apoyo al campo, así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ayudarán mucho a serenar la entidad y al país, al combatir de raíz las causas de la violencia. Por cierto, ningún Presidente había recorrido el país tanto como él. 2. Qué diferencia. En apenas dos meses, la Aduana de Progreso, en Yucatán, en manos de Guillermo Calderón León, dio un giro que llama la atención. La recaudación registró un aumento de 36% con respecto a 2018. Atinadamente elegido por la 4T para este cargo, ha emprendido una lucha sin cuartel para hacer de la aduana de Progreso un ejemplo de eficiencia y honestidad. Con históricos 840 millones 320 mil 639 pesos recaudados muestra la forma en que se debe trabajar. Sin corrupción. Sin prebendas. A diferencia de quienes se avientan del barco, hay funcionarios que sí creen que México tiene remedio y que se puede dirigir un cargo de esta magnitud para beneficio del país, y no personal. Margarita Ríos Farjart, jefa del SAT, y Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico y Trabajo de Yucatán, reconocieron su desempeño. 3. A trabajar. Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), militantes y colaboradores iniciaron el proceso para renovar y reforzar la estructura del partido rumbo a 2021. Comenzaron las asambleas municipales para renovar dirigencias, así como cursos de capacitación para las estructuras e inducción al instituto político de todo aquel ciudadano que comparta sus principios. Que la pesca les sea boyante, porque de verdad lo necesitan. Marko Cortés quiere llegar con el mayor número de liderazgos capacitados con diplomados regionales para gerentes de campaña, cursos modelo a toda la militancia y preparación de equipos jurídicos estatales. ¡Uy, pretencioso sí es! A darle. 4. De mal en peor. La crisis migratoria tiene muchos rostros. Ante las redadas masivas en Estados Unidos, Tijuana, Mexicali, Baja California, Reynosa, Matamoros, Tamaulipas, Ciudad Juárez, así como Chihuahua, se mantienen alertas ante el posible arribo de repatriados. Casas de migrantes listas para recibirlos. En Tijuana, el director del albergue del Ejército de Salvación, Isaac Olvera, señaló que actualmente son reportadas un promedio de 140 personas diariamente y, en caso de que este número aumente, habría problemas en los refugios de la ciudad. No es cierto eso de que donde comen dos, comen tres; donde comen tres, comen cuatro... y así hasta al infinito. No, no es verdad. 5. Buenos para nada. En Durango, donde gobierna José Rosas Aispuro, el Cártel del Pacífico, con sus diversos brazos armados, ya tomó el control del estado e incluso estableció un territorio de protección para sus líderes, quienes se pasean libremente por las calles o partes serranas para evitar ser objetivos de los operativos de las Fuerzas Armadas. Durante la gestión de Rosas Aispuro, las organizaciones como Los Cabrera, encabezada por José Luis Cabrera Sarabia, y el Cártel del Poniente, se han establecido en diversas zonas protegidas por autoridades estatales. Increíble que se sepa por investigaciones periodísticas. ¿Lo ignora el gobierno de Rosas Aispuro? Bitácora del director / El golpe en Baja California compete a la Federación El 20 de marzo de 1965, el expresidente estadunidense Lyndon B. Johnson envió fuerzas federales a Alabama para garantizar que el tercer intento de Martin Luther King y sus seguidores de marchar de Selma a Montgomery, la capital estatal, pudiera llevarse a cabo sin sufrir violencia. La Casa Blanca tomó esa decisión luego de que el entonces gobernador de Alabama, George Wallace, se negó a sacar a las calles a la Guardia Nacional del estado para proteger a las manifestantes. Johnson envió entonces a centenares de soldados y a agentes del FBI a hacer la tarea. El mandatario no se escudó en que la violación de los derechos políticos de la población negra de un estado de Estados Unidos era un asunto local. Tampoco lo hizo el Poder Judicial, pues el juez federal Frank M. Johnson ya se había pronunciado en el diferendo, con un fallo que decretaba que la marcha de 87 kilómetros estaba garantizada por la Constitución. Conviene tener este antecedente en la memoria por los argumentos que algunos esgrimen en México para justificar la inacción ante el atropello que se produjo hace una semana en Baja California, donde la legislatura saliente del Congreso estatal amplió de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad. Dos veces le han preguntado sobre el tema al presidente López Obrador, en sendas conferencias mañaneras, y dos veces se ha negado a opinar, alegando que se trataba de un asunto local y que él nada tuvo que ver. Por su parte, la dirigente del partido del gobierno, Yeidckol Polevnsky, afirmó que la reforma que extiende el periodo está justificada porque la quiere la mayoría de los ciudadanos del estado y porque los bajacalifornianos ya están cansados de votar. Por fortuna, no han faltado quienes han advertido la gravedad de este hecho. Cuatro partidos políticos —PAN, PRI, PRD y MC— han dicho que presentarán una acción de una institucionalidad contra la decisión, una vez que se convierta en ley (aún falta que sea publicada). Y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que ya en varias ocasiones ha probado que no es un títere del Ejecutivo, aseveró el pasado fin de semana que, incluso, podría proceder una desaparición de Poderes en Baja California para contrarrestar la medida. El estilo de López Obrador de centralizar la toma de decisiones y apostar por la destrucción de todas las formas de hacer política que recuerden al pasado inmediato hacen difícil pensar que el gobernador electo Jaime Bonilla haya procedido en el impulso de la ampliación del mandato sin consultarlo antes con el Presidente. Y es por lo menos incongruente que éste no se pronuncie sobre el tema, si consideramos el mantra lopezobradorista de que nadie debe colocarse por encima de la ley. La reforma en Baja California no sólo tiene visos de inconstitucionalidad –eso seguramente lo tendrá que resolver la Suprema Corte–, sino que se trata de un cambio a la medida de un solo hombre. Como Johnson, que puso en cintura a Wallace, un demócrata sureño igual que él, el presidente López Obrador no debe tardar en pronunciarse sobre el caso de Baja California. La virtual reelección que ha ordenado el Congreso de Baja California no sólo es ilegal sino inmoral, porque pone en peligro los avances democráticos de los últimos 30 años –que sirven a la mayoría– para beneficiar a una facción política, de un modo que ni siquiera el autoritarismo priista del siglo pasado se atrevió a hacer. El presidente López Obrador ha insistido en que es un demócrata. En función de eso, debe condenar el atropello y hacer todo lo que esté en sus manos para que cese. Sería la mejor manera de demostrar que él no lo ordenó y que respeta el sistema democrático que hizo posible que él llegara al poder.