Editorial EL UNIVERSAL / Gravar la economía digital Con el avance tecnológico de los últimos años llegó también una nueva forma de hacer negocios: la economía digital. Para crear una empresa ya no es necesario tener grandes instalaciones físicas sino una rápida conexión a internet y una amplia capacidad para resguardar datos. Las transacciones se hacen en un espacio virtual –la llamada nube– desde cualquier parte del mundo y desde el teléfono inteligente más sencillo. Las regulaciones a ese tipo de economía, así como el cobro de impuestos, se están comenzando a fijar en varias regiones del mundo, aunque es un tema de intensos debates. En México, hay varias iniciativas en discusión para gravar las actividades de la economía digital, a partir de abril próximo, con el fin de que impacte en la recaudación fiscal de 2020. Quienes serían afectados piden un plazo de un año para empezar a cumplir con las nuevas reglas y suavizar las sanciones que están siendo previstas en la ley. A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció la semana pasada que el diseño que está elaborando en materia de derecho fiscal aplicado a la economía digital partirá del principio de que las grandes corporaciones deben pagar impuestos ahí donde estén sus usuarios sin importar el país en el que tengan su domicilio fiscal. En América Latina, la Cepal recomienda también gravar los servicios que ofrecen las empresas digitales. En el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, señala para México una recaudación potencial de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 177 millones de dólares al año (unos 3,540 millones de pesos) si Uber, Spotify, Netflix y Apple enteran ese impuesto. Con el fin de evitar leyes de tintes draconianos, que podrían afectar al sector digital, legisladores y las empresas deben iniciar encuentros para avanzar de manera consensuada. Es un hecho que las compañías pugnarán por la menor afectación, pero eso no tendría que descartarlas para escuchar sus puntos de vista. Además, la coyuntura debería aprovecharse para ir más allá del tema fiscal solo enfocado en los poderosos consorcios digitales. Hay pequeñas y medianas empresas tecnológicas nacionales que, por el contrario, podrían recibir estímulos fiscales para impulsar su crecimiento. En el Congreso debe haber visión para identificar este momento como una oportunidad para sentar las bases de una regulación con vistas al futuro, que trascienda el interés meramente recaudatorio. Frentes Políticos 1.  A toda velocidad. Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, garantizó que no hay intocables, pacto de impunidad, fobias ni filias y, mucho menos, ánimo persecutorio. Al comparecer ante el Senado destacó que están en proceso más de 28 mil investigaciones por presuntas faltas de servidores públicos, casi 30% más que en el mismo periodo del anterior gobierno. Expuso que, en materia de impunidad, se han impuesto dos mil 791 sanciones, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 económicas resarcitorias por más de tres mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio. En estos meses, dijo, se han realizado casi cuatro veces más investigaciones que lo que se vivió en todo el último año de la administración pasada.

2. Es violencia natural. En Monterrey, Nuevo León, las autoridades han perdido la capacidad de asombro. Qué miedo. A pesar de que tres de las víctimas calcinadas en la entidad eran comerciantes, el secretario general de Gobierno, Manuel González, dijo que no existe motivo de alarma para la población. El funcionario estatal bajo las órdenes de Jaime Rodríguez El Bronco dijo que están en curso las investigaciones de los casos de personas que han aparecido carbonizadas en distintos puntos de Monterrey. Destacó que esas investigaciones pueden ubicar el origen de esos asuntos, pero no profundizó en el tema. “En una semana ha habido seis calcinados en Nuevo León; no pasa nada, visítenos”, un letrero turístico no lo diría nunca.

3. Palomita internacional. Jan Jarab, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, palomeó la iniciativa de Ley de Amnistía del Ejecutivo federal e hizo propuestas para “fortalecerla”, beneficiando a más personas. Durante su participación en el foro de Parlamento Abierto sobre la iniciativa, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que la Ley de Amnistía “es un paso positivo” para subsanar injusticias del sistema de justicia penal de México. Jarab se pronuncia por promover un mayor alcance para dicha ley. Ojalá que no se echen en saco roto ésta y más propuestas que ayuden a mejorar la Ley de Amnistía, nada en cuestión de respeto a derechos humanos está de más en este país.

4. Derrumbe. El pasado 10 de septiembre, el panista José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, amenazó con abandonar el Pacto de Coordinación Fiscal con el gobierno federal por “la disminución, en términos reales”, del presupuesto asignado por la Federación a esta entidad. Rosas Aispuro, expriista de cepa converso al PAN, partido que le sirvió para ganar la gubernatura con la consigna de construir un gobierno distinto, no ha cumplido. En Durango, los índices de bienestar decrecen año tras año, primero, por la deuda impagable, contratada sin obra pública que la sostenga y, segundo, por la incapacidad administrativa del mandatario. Y si a eso se suma la voracidad de sus colaboradores y el romance indeleble que tienen con la corrupción… Dicen.

5. Nunca es suficiente. La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación debe ser modificada para obtener, al menos, 80 mil millones de pesos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo federal para 2020, “con la finalidad de cumplir, de manera gradual y progresiva, con todos los compromisos de gobierno”, señaló el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Lo discutirán hoy martes en comisiones y el jueves se votará en el Pleno la Ley de Ingresos para enviarla al Senado. Las reformas son en beneficio de los mexicanos, dijo. Sin embargo, su implementación no será posible sin los recursos adecuados. Y, por supuesto, ya debe tener contemplados los beneficios económicos, bonos y prebendas de fin de año para todos los legisladores. Esa bonita tradición nunca cambia.