Editorial EL UNIVERSAL / Viviendas impagables

La vivienda, de acuerdo con la Constitución, es un derecho para todo trabajador pero —como muchos otros puntos en la Carta Magna— no se cumple de manera plena. En el artículo 123 se menciona: “Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta […] Además se establecerá un sistema de financiamiento para otorgar crédito barato y suficiente a trabajadores, y adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas”. Sin embargo, hay millones de familias mexicanas que destinan casi la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler de una casa. Con el fin de hacer valer el derecho a la vivienda, en 1972 se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), organismo integrado por gobierno, patrones y trabajadores para otorgar créditos en la adquisición de inmuebles. Por muchos años el Infonavit intervino directamente en la construcción, después esa tarea se dejó en manos privadas. La situación financiera era más que solvente, la entrega de créditos y de viviendas establecía récords todos los años (690 mil en 2015). Millones de trabajadores tenían acceso a una casa, hasta que algo se torció en el camino. En primer lugar, el auge de construcción llevó a desarrolladores a adquirir grandes extensiones de tierra a un precio barato en zonas bastante alejadas de los centros laborales y educativos. Muchos de los que compraban la vivienda terminaban arrepentidos porque significaba invertir hasta cinco horas diarias en el traslado a sus trabajos o escuelas. La violencia en amplias regiones llevó a muchas familias a abandonar propiedades y migrar a zonas más seguras. Más recientemente, como ha informado EL UNIVERSAL desde finales del año pasado, se realizó un megafraude que afectó a miles de derechohabientes del Instituto en al menos ocho entidades. En colusión, notarios, magistrados y jueces despojaron de 40 mil casas a quienes presuntamente se habían retrasado en sus pagos. Otra situación grave es la de miles de personas que ven sus créditos aumentar en lugar de disminuir. Este diario presenta hoy historias en ese sentido. Isabel Noyola, por ejemplo, recibió en 2006 un crédito de 273 mil pesos; después de 12 años de haber realizado pagos, actualmente debe 291 mil pesos. ¿Qué proporción de los excelentes estados financieros del Infonavit estaban basados en literales prácticas de usura? El desdén a la situación económica del trabajador parecía la línea. El gobierno anunció recientemente medidas en favor de aquellos que se ubican en esa situación. Tarde, pero llega una política que alivia. Es de esperarse que sea el inicio de un programa más amplio para hacer realidad el derecho a la vivienda. OPINIÓN / La otra democracia de AMLO En fechas recientes, parte de la conversación pública ha girado en torno al viejo dilema de los alcances del poder que otorga la mayoría. La discusión viene a propósito de las declaraciones de López Obrador sobre los organismos autónomos. De acuerdo con el presidente, estos organismos han servido para “favorecer a minorías” y representar a “grupos de intereses creados”. Sobre el mismo tema, hace unos días reiteró que “nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo”. La concepción de democracia que subyace en las declaraciones de López Obrador está en contraposición a la tradición madisoniana. Esta tradición toma su nombre de James Madison, uno de los principales defensores del diseño constitucional norteamericano. Como señaló el célebre teórico de la democracia, Robert Dahl, la tradición madisoniana busca un compromiso entre la fuerza de la mayoría y los intereses de las minorías, entre la igualdad política de todos los ciudadanos y el “deseo de limitar su soberanía” (A Preface to Democratic Theory, p. 4). En este sentido se puede ubicar a López Obrador en el bando donde la voluntad general es suprema y por ende la opinión de la mayoría debe ser obligatoria para el resto de los ciudadanos. Bajo esta óptica de la democracia, las restricciones constitucionales a la voluntad de la mayoría son indeseables. Ambas corrientes de pensamiento han coexistido en la teoría democrática desde tiempo atrás. Reflejan diversas formas de entender y organizar la vida política. Una está más asociada a la tradición anglosajona mientras que la otra tiene rasgos de la Europa continental (Francia). Como ha señalado George Sabine, la primera le da más importancia a la libertad mientras que la segunda enfatiza la igualdad (The Two Democratic Traditions). Si algún camino siguió nuestro proceso de democratización fue el de la construcción de contrapesos al poder presidencial. Poco a poco los espacios de poder de los presidentes priístas se fueron estrechando: elecciones, política monetaria, transparencia, etc. Conscientes de los excesos del poder presidencial, cuya cúspide fue la nacionalización de la banca, se le buscó limitar. Esta es la herencia contra la que lucha López Obrador. Más allá de la ideología (López Obrador no abreva en el pensamiento anglosajón), algunos de sus seguidores creen que los límites a la acción gubernamental son equivalentes a limitar la voluntad popular reflejada en la mayoría electoral del presidente. En sexenios pasados, los presidentes no se atrevían a hablar por la mayoría por la sencilla razón de que el electorado se las negó. Ello ocultó cuán débiles pueden ser nuestros contrapesos institucionales. A pesar del gran número de organismos autónomos, su creación nunca obedeció a un diseño institucional de largo alcance y con los incentivos adecuados. Algunos de ellos fueron capturados por el gobierno y/o los principales partidos políticos y, al cambiar la correlación de fuerzas, han mostrado su fragilidad. Más allá de los mecanismos constitucionales, la principal limitación a un gobierno mayoritario radica en la volatilidad del electorado. En una democracia, las mayorías son generalmente inestables y de corta duración. Un gobierno mayoritario puede implementar su agenda, pero tiene que rendir cuentas en las urnas y muchas veces pierden la mayoría legislativa (como le acaba de ocurrir a Trump). Para quienes gustan de un gobierno acotado, la debacle nacional del PRI, PRD y hasta cierto punto el PAN debiera ser hoy el principal foco de alarma. Sin una oposición sólida todo el entramado institucional de separación de poderes y contrapesos institucionales se viene abajo.

Frentes Políticos I.  Es en serio. El Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los ejecutivos de las principales empresas del país, expresó su respaldo a las políticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad, combate a la corrupción y crecimiento económico. “Como mexicanos, es nuestro deber contribuir al cumplimiento de estas metas”, aseguró Antonio Del Valle Perochena, del Grupo Kaluz, al ser presentado como nuevo presidente del CMN. “Cuente con nosotros para que, a través del intercambio de perspectivas y construcción de soluciones conjuntas, mantengamos la confianza en nuestro país y la atracción de inversiones de calidad”, aseguró Del Valle sobre este Consejo presentado ayer en Palacio Nacional. Crecimiento-empleos-bienestar-paz-tranquilidad. La unidad, ese tesoro fundamental para el crecimiento, es algo que le sobra a México en este momento. Se celebra. II. Aplanadora. Con el voto de Morena y el PT, y la ausencia de los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen que crea la Guardia Nacional. Ante el rechazo de Morena y del PT para incluir las propuestas de la oposición, en bloque, éstos abandonaron la sesión, una práctica que suena más a patadas de ahogado que a una posición de dignidad. Se prevé que el dictamen que contiene diez modificaciones respecto a la minuta enviada en enero por la Cámara de Diputados sea llevado al pleno del Senado en la sesión de hoy martes. El panista Damián Zepeda afirmó que la Guardia Nacional no cuenta con un esquema para la defensa de los derechos humanos. Muchas quejas, pero la ley va. III. La hora de la verdad. ¿Te sumarías a México Libre, el partido de Margarita Zavala?, porque el INE ya aceptó el inicio de trámites. La asociación civil de Zavala pasó el primer filtro para constituirse como partido político nacional. Ahora debe cumplir otros requisitos e informar al INE en enero de 2020; hasta ese momento se sabrá si se le otorga el registro o no. Zavala debe reunir más de 233 mil militantes, y lo peor es que la última vez que tuvo un reto así, cuando competía como candidata independiente para la Presidencia de México, le falsificaron firmas. En la plataforma Change.org, la esposa del expresidente Felipe Calderón, con quien administraría el hipotético nuevo instituto político, ya sumaron 270 mil apoyos… pero para que el INE cancele el trámite a México Libre. Irónicos, comentan en redes que reúne más gente un atropellado que Margarita Zavala donde se pare. IV. Equipo. Alejandro Desfassiaux, experto en temas de seguridad, con más de 35 años de experiencia y autor del libro Cómo poner un alto a la inseguridad en México, fue invitado por Alfonso Romo Garza al Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. “Es para mí un honor haber sido seleccionado. Esto representa una gran responsabilidad, pues tenemos un importante reto y oportunidad para que, mejorando las condiciones de seguridad, se genere un mayor crecimiento económico con inversión y empleo; y que este crecimiento genere las condiciones para serenar al país”. El retorno de la paz radica, en gran medida, en tres grandes pilares: la economía, la seguridad y la repartición equitativa de la riqueza, comentó Desfassiaux, egresado de las universidades Militar Latinoamericana y Anáhuac. Fichaje. V. Camino correcto. El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que con la instalación del Consejo para el Fomento a la Inversión, Empleo y Crecimiento, el gobierno de México afirma la nueva relación con el sector privado para generar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes, a fin de incentivar el desarrollo económico del país. Señaló que las condiciones económicas heredadas por las anteriores administraciones obligan a dar un giro de 180 grados para sacar al país del estancamiento económico que se gestó por la corrupción, la falta de competencia económica y la ausencia del Estado de derecho. Tras el preciso diagnóstico, quedó claro, sólo queda crecer. A darle. BITÁCORA DEL DIRECTOR / Horror veracruzano

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, durante el mes transcurrido entre el 17 de enero y el 17 de febrero se cometieron 154 homicidios dolosos en Veracruz. A ese ritmo, el estado podría terminar el año con más de mil 800 asesinatos. La demanda de acabar con la inseguridad ha sido uno de los motores de la alternancia política en Veracruz; ahí en dos años se votó dos veces por un cambio de partido en la gubernatura. Llama la atención que ni un solo municipio del estado, el tercero en población y que se extiende 750 kilómetros a lo largo de la costa del Golfo de México, haya sido considerado para formar parte de las 17 regiones prioritarias en materia de seguridad, mismas que se anunciaron a principios de este mes. Será coincidencia, pero ninguno de los estados gobernados por Morena –Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Veracruz– está en la lista de las zonas a las que fue enviado un contingente de 600 elementos federales cada una para tratar de abatir los índices delictivos. Coatzacoalcos es uno de los municipios de Veracruz más golpeados por la violencia. En 2018 fueron asesinadas 160 personas. En el último mes ha habido 14 homicidios –de acuerdo con datos oficiales–, un promedio de uno cada dos días, mayor al del año pasado. Este fin de semana, centenares de habitantes de ese puerto se congregaron en el parque Independencia, vestidos de blanco, para demandar atención a la inseguridad. También exigieron la renuncia del alcalde Víctor Carranza Rosaldo, compadre de Rocío Nahle, la secretaria de Energía. Carranza es militante de Morena, igual que el gobernador del estado, Cuitláhuac García. Aunque van varias veces que los ciudadanos de Coatzacoalcos salen a manifestarse contra la violencia que asuela a su municipio, fue el asesinato de la joven empresaria Susana Carrera lo que detonó la actual ola de indignación. Susana, su esposo Luis y sus tres hijos vivieron en la Ciudad de México hasta 2009. Decidieron mudarse a Coatzacoalcos, donde ella tenía familia, para buscar un lugar tranquilo, donde los niños pudieran ser más libres. Allí abrieron una franquicia de Greñitas, una estética infantil, que vendieron para fundar Pexaluminio, empresa dedicada a la compra-venta de ese metal.   El miércoles pasado, descubrieron el cuerpo decapitado de Susana. Llevaba una semana secuestrada. Sus captores la interceptaron cuando iba a recoger a uno de sus hijos que se encontraba en casa de unos amigos. Quienes la asesinaron dejaron junto al cadáver un letrero en el que reclamaron al esposo de la empresaria no haber pagado el rescate (aparentemente 4 millones de pesos). La noticia ha dado la vuelta al mundo. Ayer estaba entre los diez contenidos más leídos de la página web de la BBC, junto con la situación política en Venezuela, el meteórico ascenso de Yalitza Aparicio al estrellato y una nota sobre el pariente biológico más antiguo del ser humano. “El brutal asesinato en México de una empresaria después de que su familia no pagara los 200 mil dólares que pedían sus secuestradores”, decía el titular. La nota incluye una declaración del periodista local Ignacio Carvajal, quien afirma que los secuestros de mujeres se han vuelto comunes en Coatzacoalcos y son cada vez más violentos. “Que decapitaran a Carrera de esa forma tan brutal es una señal de los criminales hacia la sociedad para que no negocien los montos que se les piden” y paguen la cantidad que se les exige en un principio, apuntó. Así están las cosas en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García pide a los ciudadanos que le tengan fe porque en dos años para su estrategia dará resultados. La pregunta es si lo aguantarán sus gobernados. Buscapiés La renuncia de Clara Torres Armendáriz, quien hasta la semana pasada era la encargada de Estancias Infantiles en la Secretaría del Bienestar, es la primera deserción en el gobierno federal. La expanista, originaria de Ciudad Juárez, decidió dejar el cargo el 12 de febrero, al darse a conocer la reducción presupuestal en esa área y por la forma en que se politizó el tema. “Me levanto del escritorio y me voy a la acción”, declaró tras de conocerse su renuncia.  Los periodistas que se atreven a hacer preguntas incómodas durante las conferencias mañaneras en Palacio Nacional son blanco de ataques inmediatos en redes sociales por parte de usuarios anónimos. Los cuestionamientos al Presidente o a sus funcionarios son subidos a YouTube con comentarios denigrantes. La foto de una reportera fue intervenida para ponerle labios gruesos y una dona en la mano. “Chayotera de mierda”, la llamaron.