Editorial EL UNIVERSAL / Precipitada ratificación de adenda del T-MEC

Desde que el gobierno de Estados Unidos (EU) anunció sus objetivos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 17 de julio de 2017, planteó que los temas laborales y ambientales se incorporarían como parte del acuerdo y no como cartas paralelas, como sucedió en 1993. Cabe recordar que el TLCAN fue renegociado bajo el esquema de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés) en EU, por lo que se delegaba en su Ejecutivo el proceso. Luego de complejas negociaciones, los mandatorios de los tres países firmaron en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018 el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se cedieron en muchas de las exigencias de EU, bajo la premisa de que más valía un mal acuerdo que un buen pleito. Los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, por lo que se expresaron temores de que ello podría atrasar la ratificación del T-MEC, como pasó con el TLCAN en 1992. El déjà vu era inevitable, sobre todo porque desde el principio la confrontación con el presidente Donald Trump fue patente al cerrar parte de las operaciones del gobierno al manifestar su desacuerdo con las restricciones presupuestales para la construcción del muro fronterizo. Posteriormente, Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, mandó decir que su bancada no votaría a favor del T-MEC si no se hacía una reforma laboral en México y en la práctica se mejoraban las condiciones laborales. En mayo, se aprueba una reforma laboral a pesar de las protestas de la cúpula empresarial mexicana y Trump elimina los aranceles al acero y al aluminio. Y, cuando parecía que todos los obstáculos estaban despejados, se amenazó con aplicarle aranceles generales a México si no implementa medidas para frenar el flujo de indocumentados centroamericanos a EU. La lectura que le dieron los demócratas a este asunto marcó un mal precedente. Consideraron que si México cedía a las exigencias de Trump para conseguir que el T-MEC continuara, podrían hacer lo propio con algunas de sus demandas. Por su parte, el Senado mexicano ingenuamente creía que la estrategia de ratificar primero el T-MEC presionaría a los Congresos de los socios comerciales a hacer lo propio, porque partía de la idea de que el TPA era un proceso fast track (todo o nada) y que ya no podría ser objeto de enmiendas. Pronto, México se dio cuenta de que así no eran las cosas. La línea del tiempo del Congreso estadounidense no tiene plazos fatales para la implementación de proyectos de ley, y contra lo que el gobierno mexicano creía a finales de octubre, Nancy Pelosi le planteó a Jesús Seade, el solitario negociador mexicano, que los demócratas no ratificarían el T-MEC si no se establecían mecanismos de verificación para que la ley laboral se cumpliera efectivamente. De esas pláticas surgió la propuesta de incorporar un Protocolo Modificatorio al T-MEC, conocido como adenda, mediante el cual los gobiernos de los tres países establecen que desean modificar el Tratado hecho en Buenos Aires en 2018, que finalmente se firmaría en México. El sector empresarial mexicano comenzó a manifestar su preocupación de que habría inspectores que verificarían el cumplimiento de las condiciones laborales. El presidente Andrés Manuel López Obrador así lo reconoció el pasado 3 de diciembre, al revelar que EU pretendía supervisar la reforma laboral. Se rechazó tajantemente esa idea y se señaló que habría paneles de expertos para resolver las controversias. Para tranquilizar a la iniciativa privada, el canciller Marcelo Ebrard declaró enfáticamente “nunca cruzaremos esa línea roja”. Finalmente, los negociadores firmaron la adenda en Palacio Nacional teniendo como testigo al presidente de México el pasado día 10. El documento fue enviado al Senado al día siguiente y votado sin ser discutido ni analizado el 12. A los legisladores, Jesús Seade les había hecho creer que ratificándolo rápido se abría la posibilidad de que el Congreso estadounidense hiciera lo propio el 20 de diciembre y que en caso de Canadá sería hasta febrero. Mientras el Senado mexicano aprobaba el acuerdo modificatorio del T-MEC, se difundía el borrador de la legislación de implementación (HR5430), sobre el cual el subsecretario Seade reconoció que no estaba enterado, donde se planteaba contratar a agregados laborales para supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales contenidas en el mismo. Cabe señalar que en EU la aprobación de un acuerdo comercial por el Congreso requiere de la reforma e implementación de leyes que son impactadas por el mismo. Al haber ratificado primero México las modificaciones al T-MEC, se perdió la posibilidad de saber en qué sentido vendrían aquellas. No extraña que el Congreso Europeo no ha querido ratificar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) hasta saber cómo queda el T-MEC. Y aunque Jesús Seade se sienta muy tranquilo con la carta que le envió Robert Lighthizer, de que las verificaciones estarán a cargo de los panelistas y donde le explica el alcance de los agregados en materia laboral, el T-MEC abrió la posibilidad de aplicación de aranceles fast-track a México por éste y otros motivos. ¡Ya nos chamaquearon! ¿No nos volverán a chamaquear?   OPINIÓN / La estrategia de seguridad y la necesidad de fortalecer a las corporaciones policiacas Esta semana, en una de las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad y se justificó con una serie de acciones en la materia. Una vez más, echó la culpa a los gobiernos anteriores de las condiciones de inseguridad que hoy se viven. Sin embargo, sigue sin explicar porqué su primer año de gobierno ha sido el año más violento del que tengamos registro. Si bien es cierto que las estrategias de administraciones anteriores no lograron acabar con la inseguridad, por lo menos había coordinación, una estrategia clara para la detención de objetivos prioritarios y un discurso congruente, no el desastre y la descoordinación que hoy vemos y que no tiene precedente. Los datos con que se cuenta no le dan la razón al presidente López Obrador ni al Secretario Durazo cuando descalifican el pasado y defienden el presente. También llama la atención el doble discurso del presidente en el que por un lado crea una Guardia Nacional encargada de la seguridad en la que participa el Ejército y, por otro lado, promete “abrazos, no balazos”. Los militares cuando participan en tareas para garantizar nuestra seguridad no abrazan, hacen uso de la fuerza que es para lo que fueron entrenados. Asimismo, debiera ser preocupante la cantidad de decesos de miembros de corporaciones policiacas. En este año han muerto mas de 400 policías entre federales, estatales y municipales. Esas pérdidas no se debieran normalizar. Primero porque son vidas humanas y segundo porque esos policías perdieron la vida en manos de criminales defendiendo nuestra seguridad. Pero además, cada vez son menos quienes quieren formar parte de la policía a cualquier nivel, porque se juegan la vida sin que nadie les garantice buenas condiciones laborales, buen equipo para desempeñarlas y seguridad y bienestar para sus familias. Está el caso de Sonia, la policía de Irapuato, Guanajuato, que ganó el Premio al Mérito Policial 2019 y que recientemente fue encontrada sin vida en una bolsa de plástico con huellas severas de violencia. Ella no contó con las condiciones de seguridad que requería y su familia difícilmente será indemnizada de manera justa por dicha pérdida. Casos como ese no debieran quedar impunes y debería ser la sociedad quien exigiera justicia para ellos. Al riesgo que corren los policías por las condiciones propias de la labor que desempeñan en un país donde no hay Estado de Derecho, se suma el desprecio que este gobierno ha mostrado hacia las fuerzas policiales. Además de la desaparición de la policía federal, el presupuesto aprobado para el año próximo recorta los recursos de los programas destinados a fortalecer a las policías locales. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en lugar de ampliarlo en congruencia con lo que se había aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de julio de este año, sufrió un recorte de 0.27% respecto al PEF 2019. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) también fue reducido en un 0.24% y la mayor reducción la sufrió el subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) que fue de 3.69% con respecto al presupuesto que ejerció este año (datos de México Evalúa). Esto refleja que desde la federación no se apoya el fortalecimiento de las policías locales, a pesar de que éstas atienden la mayoría de los delitos que afectan a los ciudadanos en el día a día, como robos y homicidios. Por más exigencia y regaño que haya del Presidente a los gobernadores por no encabezar las reuniones de seguridad de sus estados todos los días, si el gobierno federal no rectifica y aumenta los recursos para las corporaciones locales de seguridad y no contribuye a mejorar la coordinación de los tres niveles de gobierno, difícilmente veremos resultados positivos en esta materia en los próximos años.

Frentes Políticos 1. En picada. El 27 de marzo, la Asamblea General de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) eligió a Gonzalo Méndez Dávalos como su presidente para 2019-2020. Los desarrolladores de vivienda le dieron su apoyo, pero al paso de los meses los proyectos no se concretaron. Ahora la Canadevi arde. Aunque él diga que el sector tiene la capacidad de establecer puntos de encuentro para construir un México con bienestar, la realidad lo sobrepasa. Y el que Méndez, quien pretende reelegirse, enviara una circular a los titulares de las dependencias de vivienda del gobierno pidiéndoles que desconocieran a Ignacio Reyes, presidente de Canadevi en Campeche, sólo refleja que la disidencia crece, por eso su reacción. Tendrán elecciones en marzo de 2020 y Méndez Dávalos sigue perdiendo fuerza. 2. De regreso. Llegó la hora de ir disipando las dudas. Después de permanecer un lustro en prisión, Elba Esther Gordillo vuelve a la escena pública con la sugerencia explícita de que tomará las riendas del SNTE. En un video, que subió a su cuenta de Twitter, reconoció el trabajo de maestros y maestras, así como su vocación, cariño y el esfuerzo para forjar el hoy y el mañana de México. Muy pronto, dijo, “habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical”. Y agregó: “no tengan duda, mi anhelo es este y mi lugar es y será siempre al lado de los maestros y maestras de México”. Felices fiestas, desea. “Nos vemos pronto”. ¡Agárrense! Más clara ni el agua. 3. Mucho ruido y pocas nueces. De Morena salió la petición de desvincular a la senadora Lily Téllez, y de Morena ahora surge el apoyo para que se quede. Mario Delgado, coordinador morenista en la Cámara baja, rechazó la expulsión como anunció la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Externó su solidaridad tanto a la legisladora y a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, y pidió que se respeten, como se ha hecho hasta el momento, las decisiones que toman los grupos parlamentarios sin ningún tipo de intervención o sanción por parte de los órganos del partido y solicitó a los órganos de Morena que no intervengan y respeten las decisiones de los grupos parlamentarios. Respeto, por favor. Hay temas verdaderamente importantes. Atiéndanlos. No se distraigan. 4. No le muevan. La Fiscalía de La Paz, Bolivia, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por cargos de sedición y terrorismo, y rapidito en México, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, le hizo un guiño al expresidente. Dijo que pese a la orden de aprehensión “puede regresar a nuestro país porque cuenta con una visa humanitaria”. Morales ingresó a México el 12 de noviembre y se le tramitó el asilo político. Tras 24 días salió rumbo Cuba y más tarde a Argentina, aunque podrá regresar a territorio nacional si así lo decide. Si cuando arribó a México levantó críticas de diversos sectores, ni imaginárselo de regreso con acusaciones formales a cuestas. Sería como darle pan a las palomas. Las críticas subirían de nivel. Allá está bien. 5. A toda marcha. Para evitar más contratiempos y sobre todo con el fin de reducir costos y tiempos de construcción, esta semana inició el traslado de materiales del Polígono de Texcoco a la Base Aérea Militar Nº1 de Santa Lucía, en donde se construye el nuevo aeropuerto. La Sedena informó que con esta medida se evitará la proliferación de minas clandestinas que dañen los ecosistemas locales. Se comenzó a trasladar material pétreo, piedra basalto, acero y eléctrico. Además, como parte de los acuerdos de transparencia, detalló la Sedena, para evitar cobros sobrevaluados por parte de los transportistas, que afecten a la economía del país, se acordaron las tarifas a las que se sujetarán los acarreos. Nada lo detiene. Santa Lucía, va. Pésele a quien le pese.