Editorial EL UNIVERSAL / La disputa por el crecimiento de la economía

Se conoce el dato sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año. Con relación al trimestre anterior hay una ligera variación positiva de 0.1%. Algo mayor es el incremento al comparar el segundo trimestre de 2019 con el mismo periodo de 2018, de 0.4%. La cifra es muy semejante si se coteja el primer semestre del año con el desempeño en el periodo semejante en 2018. Son datos que dan cuenta de un crecimiento por abajo del que tiene la población y menor a las estimaciones previstas en los Criterios Generales de Política Económica para el año en curso. Otros datos sobre el desempeño de las finanzas públicas y el ejercicio inmediato del gasto público dados a conocer recientemente son parte del mismo escenario de discusión sobre las características actuales de la dinámica de la economía. Los balances de las finanzas públicas al final del primer semestre de 2019 presentan, según el informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mejores resultados que lo programado. El balance primario es positivo en una cifra superior a lo programado y el déficit del balance público final es menor a lo previsto para el periodo. Es necesario destacar que el resultado considera un ejercicio del gasto programado menor a lo establecido, pero también un gasto menor en la parte no programable debido a un pago inferior en intereses de la deuda pública. La reducción del costo de la deuda pública es un dato positivo. Distinto es el caso de un ejercicio menor a lo previsto en el conjunto del gasto programado. Un aspecto relevante en materia del gasto programado es la cantidad destinada a inversión. El antecedente son meses, desde el anterior gobierno federal, en que la formación de capital no registra cifras positivas relevantes. Por ello, destinar recursos en inversión es un asunto sustancial e impostergable. Sobre el ejercicio del gasto público, la SHCP sostiene que en el año se ejecutará lo programado. Pero además, anunció un conjunto de medidas para apoyar a la economía, reconociendo que se observa una desaceleración. Los recursos involucrados suman 485 mil millones de pesos para la creación de infraestructura, impulsar la inversión física y el consumo privado, y adelantar los procesos de licitación del gobierno federal correspondientes al ejercicio fiscal de 2020. Sin entrar al detalle sobre las medidas propuestas, destaca el énfasis en materia de inversión. Pero también la activación de la banca de desarrollo y de otros instrumentos financieros con los que cuenta el gobierno federal, y más ampliamente el sector público para actuar en la economía e impulsar el crecimiento. Por ejemplo, se considera otorgar créditos a más de 500 mil productores del sector agroalimentario de la región sur-sureste del país para apoyar toda la cadena de producción mediante recursos del FIRA, fideicomisos instituidos desde hace años para apoyar a la agricultura. También se activarán Nafin y Bancomext para otorgar créditos a proveedores de Pemex y contratistas del gobierno federal, por un lado y por otro a proyectos en materia del sector de energía. Recuperar todas las capacidades de impulso de la actividad económica con las que cuenta el Estado es una condición para lograr el cambio. Un crecimiento de 1%, 2% o 3% no permite una transformación sustantiva de la economía y menos genera condiciones para avanzar en la reconstrucción de un estado de bienestar para el conjunto de la población. La disputa sobre el crecimiento tiene una solución positiva en tanto se sumen todas las acciones para movilizar la fuerza del Estado y de muy diversos grupos sociales en la tarea de incrementar la inversión y con ella los trabajos dignos para cada vez más habitantes del país. Si consideramos que un crecimiento del PIB en el largo plazo de alrededor de 2.5% es casi el mismo de la población, son muchos años con estancamiento económico. Esa realidad social presente desde hace décadas es la que debe ser modificada para avanzar en el desarrollo de la nación.  Departamento de Economía, Universidad

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Email: [email protected] OPINIÓN / Rosario Robles: verano peligroso en Cancún

En septiembre de 2015, durante la presentación de las Zonas Económicas Especiales con los gobernadores del sureste del país, Enrique Peña Nieto se sorprendió del atuendo del quintanarroense Roberto Borge, quien vestía una guayabera verde cuando todos portaban la tradicional prenda de color blanco.  “Beto, vienes uniformado con el general Miranda –entonces jefe del Estado Mayor Presidencial–”, le soltó el exmandatario, a lo que Borge respondió: “Yo sigo en pie de guerra, señor Presidente. Usted es mi general”. Diversos hechos revelados posteriormente confirmarían los dichos del exgobernador de Quintana Roo, hoy encarcelado; pero no sólo Borge sería señalado como una de los principales financiadores de la campaña presidencial de Peña Nieto con dinero público, sino que se convirtió también en uno de los más asiduos promotores y acompañantes de Rosario Robles en su Cruzada Nacional Contra el Hambre, emprendida desde la Secretaría de Desarrollo Social. Los pendientes que la también extitular de la Sedatu acumula con la justicia son mucho más complicados de lo que, en el papel, han difundo en los últimos días sus abogados. El presunto desvió de recursos públicos, mediante el esquema bautizado como La Estafa Maestra, detonó diversas carpetas de investigación en los ministerios públicos estatales, algunas de las cuales tendrían mayor solidez que las de la propia Fiscalía General de la República. Tal es el caso de la carpeta que integra la Fiscalía General de Quintana Roo, encabezada por Óscar Montes de Oca, en la que se indagan los acuerdos que la funcionaria estableció entre 2015 y 2016 con el gobierno de Roberto Borge, mediante los cuales terminaron transfiriendo 906 millones del erario público a un selecto grupo de empresas fantasma. Las autoridades estatales dan seguimiento a dos onerosos convenios que Rosario Robles concretó con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, encabezada por Raúl Arístides Pérez, y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que llevaba entonces Gerardo Vázquez Handal; el primero por 97 millones de pesos y el segundo por la cantidad de 806 millones. Ambos casos también han sido objeto de denuncia penal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares. Según las cifras que arrojó la revisión 16-E-23001-12-1701 a las finanzas estatales de Quintana Roo, el monto que los operadores de Sedatu y Sedesol diluyeron en la paradisiaca entidad fue el más amplio del que se tiene registro en cualquier otra parte del país; representa casi 23% del total de La Estafa Maestra.   La investigación, que corre aceleradamente en la entidad que ahora gobierna Carlos Joaquín González, asume que los millonarios recursos provenientes del presupuesto federal habrían ido a parar a ocho empresas fantasma, relacionadas todas ellas con personajes cercanos al exmandatario Roberto Borge. Se trata de las compañías Competencia y Habilidades para el Trabajo AC; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular SA de CV; Infotecnick SA de CV; Integración Documental SA de CV; Sistemas Informáticos, SA de CV; Comercializadora DW Prisma, SA de CV; Custom Performance SA de CV y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, SA de CV. La mayoría de estas razones sociales justificaron la recepción de pagos oficiales mediante el apoyo para la producción de una supuesta campaña de comunicación de la Sedatu, en el modesto Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y con un costo superior a los 800 millones de pesos. Es por ello que, aunque el juez Décimo de Distrito concedió ya un amparo a Rosario Robles para no ser detenida en el corto plazo, la amiga y fiel colaboradora de Enrique Peña Nieto tendría ya en puerta nuevos citatorios y procesos de mayor complejidad para su defensa, la mayoría radicados en Cancún, donde está la Fiscalía General de Quintana Roo. 

Verano peligroso para Rosario Robles. 

ConMéxico se autosaboteó 

La semana pasada, la Comisión Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado de productos con el objetivo de reducir los índices de sobrepeso y obesidad en el país. Simple y sencillamente el gasto en salud del gobierno para combatir padecimientos como la diabetes es insostenible. Esto se los dejó claro hace poco más de dos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con la industria, representada principalmente por la agrupación ConMéxico, la cual dirige Lorena Cerdán y preside Jaime Zabludovsky. Ante la inminente regulación y la tentación del Congreso y el gobierno federal de aplicarles un nuevo impuesto especial, ConMéxico ofreció al gobierno de la Cuarta Transformación tres cosas para suavizar las medidas. La primera era contratar a miles de jóvenes, capacitarlos como educadores físicos y enviarlos a las escuelas; la segunda era rehabilitar parques y espacios públicos para hacer deporte, y la tercera implementar una campaña masiva para dar a conocer cómo leer correctamente los etiquetados actuales y promover la actividad física. Como pilón, las empresas insertadas en ConMéxico ofrecieron aportar varios minutos al día para que sus trabajadores hicieran ejercicio aeróbico. A la vuelta de los meses, las empresas no cumplieron con lo prometido y tanto el Congreso como el gobierno federal decidieron impulsar las iniciativas del etiquetado y probablemente un nuevo impuesto especial. En un último intento para que esto no se apruebe en septiembre, pidieron al Congreso realizar audiencias públicas para evitar lo que ahora parece inevitable. 

Sustentabilidad plástica

Esta semana, la empresa Anguiplast, de José Anguiano, llevó a cabo un congreso en Guadalajara, Jalisco, donde se habló de los retos que enfrenta la industria del plástico ante las tendencias prohibicionistas, así como la urgencia de mudar a una economía circular. Anguiplast, considerada la planta de reciclaje de bolsas más grande de América Latina, fue fundada hace casi 30 años en el municipio de Arandas y ha invertido en el Estado para fortalecer la economía de la región. A la fecha emplea de manera directa a unas 800 personas y basa su operación en pro del medio ambiente, ya que utilizan lo que se conoce como ‘basura’ para fabricar bolsas plásticas ecológicas, además de mantener un sistema de reciclaje de primer mundo.

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Frentes Políticos 1.  Balanza. En el Congreso se ha hecho un llamado para atender la paridad de género ante la elección de la próxima Mesa Directiva en la Cámara alta. Aunque legal y políticamente no hay ningún impedimento para que Batres repita en el cargo. Y es que el tema no es un asunto de género, sino de equilibrios, y eso es lo que preocupa a las distintas fuerzas políticas. La senadora Ifigenia Martínez lo apoya: “El compañero Batres ha realizado una positiva labor, por ello considero que debe continuar en la compleja tarea de dirección parlamentaria. ¡Adelante!”. Le reconocen su imparcialidad, su poder de negociación y su respeto por las instituciones. No es gratis, hay razones de sobra por las que el Congreso se está inclinando hacia la permanencia de Batres, quien está acostumbrado a entregar más resultados y menos grillas.  2. Buenas noticias. El Senado de EU ratificó al próximo embajador en México, Christopher Landau, quien podría ocupar oficialmente el cargo en unas semanas. Tiene 55 años de edad, es abogado, conservador, integrante del Partido Republicano y miembro del despacho de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Tiene una peculiaridad: Nació en Madrid. Se graduó con honores en Harvard y ha vivido en Canadá, Paraguay, Chile y Venezuela. No cuenta con experiencia diplomática, pero es experto en litigio de apelaciones. Lo mejor es que haya sido designado. Landau será el primer embajador en México desde que Roberta Jacobson renunció en 2018. Migración, narcotráfico y armas serán sus principales objetivos. Y es de esperarse una disminución de los ataques de Donald Trump a México. Concordia o litigios, algo vendrá. Que sea para bien. 3. No hace falta recordarlo. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, deseó éxito a Luis Miguel Barbosa, oficialmente gobernador de Puebla, y confió en que será promotor y garante en la defensa de los derechos humanos. Expuso que la Segob reitera su disposición para trabajar en coordinación con todos los gobiernos estatales. Y, además, en un acto protocolario se le entregó el bastón de mando en representación de los pueblos indígenas. No tengan dudas, Luis Miguel Barbosa promoverá la cuarta transformación porque es lo que ha estado esperando por meses. Lo que de inmediato le pidieron es acabar con el terror y devolver la tranquilidad al estado. Justo la tarea de la mayoría de los mandatarios en México. Lo primero es la conciliación. 4. Atroz. ¿En qué momento México se convirtió en un territorio de fosas clandestinas? Autoridades mexicanas y de EU realizan la búsqueda de restos óseos de por lo menos 8 mil personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, que son achacadas al crimen organizado. La búsqueda será en seis puntos fijos. Geovanni Barrios Moreno, presidente del grupo de familias de desaparecidos, informó que participan la Comisión Estatal de Búsqueda, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, 20 efectivos de la Sedena, 19 de la Policía Investigadora y Estatal, peritos de la PGJT, la unidad canina y 40 familias que tienen un ser querido desaparecido. ¿Se da usted cuenta, ocho mil historias de dolor tan sólo en una región? ¿Quién permitió llegar a estos límites? 5. Todo mal. El gobierno de Jaime Rodríguez sigue tropezando. Nuevo León no comprende de qué se tratan las limpiezas. El gobierno estatal admitió que el municipio de Cadereyta “recontrató” a elementos policíacos que habían sido dados de baja porque no habían pasado las pruebas de control y confianza. La semana pasada, el gobierno estatal intervino las policías de Cadereyta y Juárez ante la ola de violencia y homicidios en esos dos ayuntamientos periféricos de Nuevo León. “En Cadereyta vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para regularizar a muchos de los policías, que tendrán que presentar exámenes de control de confianza o a los que no los tengan aprobados tendrán que retirarse; estamos en las revisiones”, explicó. Qué tal la tierra de El Bronco, reciclando la basura.