Editorial EL UNIVERSAL / Otro amigo de AMLO ganón Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró superdelegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control. El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los superdelegados son en realidad una figura que creó el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena. Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá.

Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno. Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales. Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno del DF, permitiéndole pasar de ser un funcionario público que en 1997 tenía una casa modesta a ser hoy un empresario multimillonario, dueño de varias casas, aviones y barcos. Grupo Lomedic es una de las empresas de Lomelí —no la única— que ha estado señalada e investigada por lavado de dinero por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA (OFAC). Y, sin embargo, ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas, calificadas por AMLO como inmorales. El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos. Así que mediante el anuncio de veto a las tres empresas, el gobierno las coloca en una posición vulnerable para obligarlas a negociar estos adeudos. Más ganancia para AMLO: le ayuda en su negocio a su amigo multimillonario, actual superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, y obliga a estas tres distribuidoras a renegociar la deuda con el gobierno bajo presión al margen de la ley porque, hay que aclarar, hasta el momento no hay investigación ni denuncia jurídica en contra de las empresas vetadas. Solo sospecha y denuncia mediática. Apostilla: Lo que ocurre en Venezuela no es un golpe de estado. Es un esfuerzo encabezado por el presidente legítimo interino, Juan Guaidó, para que el dictador Nicolás Maduro deje de usurpar el poder y permita elecciones libres y democráticas para que el país pueda reencauzar su rumbo. El momento es ahora, ha dicho Guaidó, algo que dentro y fuera de Venezuela, se ve como tal. La Operación Libertad ha dado un paso más al frente, un paso fundamental. Mientras Maduro únicamente ha aparecido vía twitter a decir que sigue al mando. OPINIÓN / La ruta del PND

Para cualquier proyecto en todas las áreas de la vida pública se requiere un documento rector, una hoja de ruta, en la que se marquen objetivos y el modo de alcanzarlos. Por mandato legal, los gobiernos que llegan al poder en México deben presentar su Plan Nacional de Desarrollo (PND) en los meses siguientes a la toma de posesión para su aprobación en la Cámara de Diputados. La administración actual cumplió con el ordenamiento y en los últimos minutos del 30 de abril entregó el documento al Congreso de la Unión, en el que se fijan las prioridades del país para alcanzar “un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales”. El Plan se divide en tres grandes rubros: Política y gobierno, Política social y Economía, pero el eje que los conecta es el combate a la corrupción. Así, por ejemplo, se menciona que “el fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá alcanzado para final de sexenio una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento” y que “los recursos destinados a financiar los programas sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la corrupción”. También destaca que el principal objetivo en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es “erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”. ¿Cómo combatir la corrupción? El Plan Nacional de Desarrollo propone, entre otros puntos, tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, eliminar el fuero, hacer obligatoria las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los funcionarios. Nada se menciona de consolidar instituciones que puedan prevalecer en el futuro y se conviertan en un andamiaje de Estado para prevenir el desvío de recursos o el mal aprovechamiento del dinero público. El Sistema Nacional Anticorrupción nació en el anterior sexenio, pero siempre fue visto con desdén y no recibió el apoyo oficial para terminar de integrarse. Esta administración parece seguir en la misma línea. Con el PND, el gobierno federal —y por tanto el país— tiene fijado un objetivo, similar al de administraciones anteriores: mayor bienestar y desarrollo. Ahora, la vía que se propone para alcanzarlo es distinta, pero será lo de menos si se cumple con el añejo reclamo ciudadano de elevar su nivel de vida. El tiempo será el único que diga si fue la ruta adecuada.

Frentes Políticos  1. Fijados. A algunos actores políticos nada les parece. Apenas lanzado el Plan Nacional de Desarrollo, por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, critican los términos utilizados en la presentación. Honradez y honestidad; no al gobierno rico con pueblo pobre; nada al margen de la ley, por encima de la ley, nadie; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de todos, primero los pobres; el derecho al respeto ajeno es la paz; no más migración por hambre y violencia... Reclaman el estilo, lo califican de novela de ficción o de acabar con el lenguaje neoliberal. No ven más allá. El PND plantea un crecimiento promedio de 4% y, quiéranlo o no, regirá las reglas de este país para el futuro inmediato. Hay plan de desarrollo. 2. Preparado. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, será también presidente de la Conago y es la oportunidad para que los mandatarios del país sigan las propuestas de quien tiene ya los ejes de su proyecto bien definidos. Domínguez afirmó que la Conago es el foro donde confluyen los poderes ejecutivos estatales de la República y, en consecuencia, es un espacio central. Refirió que el sistema federal es el resultado de las diversas transformaciones que ha tenido el país y con él se superan las disputas que consumieron medio siglo de vida nacional y también la mitad de su territorio. “Los gobernadores no seremos testigos del cambio, seremos protagonistas”. Apúntelo, su llegada marcará el rumbo. Síganlo. 3. Quiste. El país tiene un mal que se llama magisterio disidente. Llevan sexenios hostigando a los gobiernos, tanto locales como federales; han hecho de sus manifestaciones un arma para recibir prebendas. Nada los detiene. Siempre amenazantes, la CNTE, en Chiapas, informó que se va a paro, pues rechaza la Reforma Educativa. Aseguran que la legislación mantiene rasgos de la anterior administración, y ya se movilizan en gran parte de territorio chiapaneco. Iniciaron un paro laboral por 48 horas, además de marchas regionales en siete municipios. Dicen que la legislación sólo fue “maquillada” y argumentan que en un 80% continúa siendo “peñista”. Seguirán sus movilizaciones y no descartan tomar el Senado. Esta historia es la misma de hace un año, dos, cinco, diez… 4. Cabezas. Ante la continua muerte de manatíes en Tabasco, hay quien pide que caigan los responsables de no hacer nada. Joaquín Madrigal, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras El Faro, pidió la destitución de Josefa González Blanco, titular de la Semarnat. Recordó que en noviembre acudió a Tabasco “a tomarse la foto y manifestar su preocupación por la mortandad de manatíes”, lo que la llevó a prometer que, una vez que asumiera el cargo, el 1 de diciembre, regresaría para resolver la problemática, y es la “fecha que no actúa en consecuencia. Vino a alborotar nada más, pero en realidad no ha venido a trabajar, a ayudarnos como es su responsabilidad”, indicó. “Yo sería de la idea de que realmente se tomaran acciones contundentes y la primera sería quitar a la señora Josefa González Blanco de la secretaría”. Este gancho al hígado requiere como respuesta, trabajo. 5. Entregando cuentas. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se reunió a desayunar con el presidente López Obrador para darle cuentas de las reformas y leyes aprobadas en el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, que recién concluyó. “Agradezco al Presidente el desayuno de trabajo para hacer un balance del segundo periodo ordinario de la Cámara de Diputados. ¡La agenda legislativa histórica de la Cuarta Transformación avanza a gran velocidad! Qué gusto coincidir a la salida con el canciller @m_ebrard”, detalló en Twitter. Muy satisfecho quedó Delgado con las fotografías con el Presidente y una más en la puerta con el mandatario y con Marcelo Ebrard. ¿Y la Reforma Educativa pospuesta, apá? ¿Regaño o apapacho? Bitácora del director /Un plan inspirado en 1906

Ayer, al cumplirse los primeros cinco meses del periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por su gobierno, el cual, dijo, fue entregado en tiempo y forma al Congreso de la Unión. Los artículos 25 y 26 de la Constitución describen los lineamientos que debe tener dicho documento. El primero dice que “el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”. Agrega que el PND y los planes estatales y municipales “deberán observar dicho principio”. El segundo establece que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales”. Políticamente, el PND representa un compendio de las intenciones del gobierno en la ejecución de sus políticas públicas a lo largo del sexenio que se inicia. La actual administración federal entregó un texto de 64 páginas que se ajusta estrictamente a la plataforma electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la República. En ese sentido, no representa sorpresa alguna, aunque en ningún momento intenta abonar a la reconciliación nacional que ha planteado el Ejecutivo. Se trata, sin duda, de un manifiesto rupturista. En la presentación del PND 2019-2024 se puede leer lo siguiente: “En la elección del 1 de julio de 2018 el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida pública y en las instituciones. Fue una sublevación legal, pacífica y democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo”. Un conteo de las poco más de 18 mil palabras empleadas sirve para revelar las prioridades que tuvieron los redactores del documento. Resulta interesante que uno de los conceptos más mencionados es el de seguridad, que se repite 65 veces a lo largo del texto, incluso más veces que el de desarrollo, que tiene 60 menciones, incluidas las veces que aparece el título del documento. Neoliberal o neoliberalismo alcanza 33 menciones, las mismas que la palabra México, dos menos que corrupción o corrupto, y diez más que crecimiento. Otras palabras o conceptos que se repiten con frecuencia son economía (73), política (57), bienestar (49), derechos (38), salud (31), pueblo (29), instituciones (24), pobreza (21), trabajo (18), mexicanos (17), ciudadanos (16), vida (15), mercado (14), cultura (13), productividad (8), riqueza (8), campo (8) e ingreso (6). La siguiente fue la frecuencia de las palabras o conceptos incluidos en los artículos constitucionales que dan base al PND: sector/sectorial (37), región/regional (29), crecimiento (23), empleo (20), industria (11) y estabilidad (3). Por supuesto, el semántico no es el único análisis posible de este documento, que, de acuerdo con López Obrador, está inspirado en el plan del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, de 1906. Habrá que volver sobre él.   BUSCAPIÉS Será difícil alcanzar –en el primer año del gobierno, al menos– el promedio de crecimiento que se propone el PND (4%). El avance de la economía en el primer trimestre de 2019, que dio a conocer el Inegi el martes 30, es prácticamente nulo (-0.2% trimestre a trimestre, o +0.2% a tasa anual).