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06:58 lunes 20 enero, 2020
PLUMAS NACIONALESEditorial EL UNIVERSAL / Ley antitortura: ¿no importa?
A pesar de que la cultura por el respeto a los derechos humanos se está ampliando, en el país las denuncias por casos de tortura no ceden e incluso parecen generalizarse. Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad realizada por el Inegi en 2016 señalan que 58% de los detenidos fueron incomunicados, 52% amenazados con cargos falsos; 46%, desnudados, y 40%, atados y vendados de la cabeza. Además, un tercio fue presionado para denunciar a alguien más y el mismo porcentaje fue asfixiado. Con los objetivos de desaparecer los abusos que se producen durante la detención de presuntos delincuentes y de castigar a los responsables, en junio de 2017 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La normatividad sustituyó a la ley que regía en la materia desde 1991. El nuevo documento dio un plazo de 90 días (que se cumplieron a finales de septiembre de 2017) para que la Federación y los estados pusieran en marcha y operaran fiscalías especiales en la materia. Casi dos años y medio han trascurrido y únicamente 10 de las 32 entidades han acatado la ley. ¿En dónde queda el compromiso de la autoridad para investigar y sancionar los abusos cometidos por servidores públicos? Entre 2014 y 2018 se iniciaron 9 mil 998 investigaciones federales por tortura, pero en 33 casos se logró dictar sentencia. México se encuentra en un proceso de transición en busca de mejores prácticas de impartición de justicia. Basta con preguntar a quienes purgan sentencia en alguna prisión para escuchar historias de detenciones con lujo de fuerza, en medio de abusos físicos y sin darle garantías de defensa al acusado. Si desde los gobiernos municipales, estatales y federal no se toma en serio el combate a tratos degradantes, como país cada vez estaremos más lejos de alcanzar una impartición de justicia plena y de que el respeto a los derechos humanos sea la constante. En los esfuerzos para erradicar o disminuir al mínimo los casos de tortura los gobiernos estatales están incumpliendo mandatos legales sin que haya ninguna consecuencia por ello. Parece no importarles tener una mejor justicia. ¿Quién los llamará a cuentas?
20 de Enero de 2020
1. Autoaislamiento. Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), se enfila a una renovación de su dirigencia sin interlocución con la 4T. Se han dedicado a bloquear proyectos de vivienda de interés social en el sur-sureste del país y tienen al sector dividido. Tan no entienden el cambio que van a una contienda sin rivales, propia de la prehistoria. Méndez Dávalos, por si fuera poco, convocó a su reunión anual en Guanajuato, escenario de la peor violencia en los últimos meses. Lo rescatable: este año, la interlocución con las dependencias del gobierno relacionadas con la vivienda no la llevarán ellos, sino los desarrolladores del llamado Grupo de Apoyo a la Vivienda, y que representan más del 50% de la construcción en el sector. ¿Quieren vivir en la época de las cavernas?, quédense allá. 2. Penosa reacción. En la Plaza Benito Juárez, en Morelia, cuando se realizaba la ceremonia para conmemorar a la Logia Masónica, una mujer gritó a José Manuel Mireles, subsecretario del ISSSTE en Morelia, acusándolo de pederasta y exigiendo que no se invitara a ese acto al exlíder de las autodefensas en el estado. Después de varios minutos de gritos, un colaborador de Mireles se acercó a la joven mujer e intentó detener las protestas, lo que provocó un forcejeo que culminó cuando el hombre le propinó una bofetada. “Qué le pasa, ¿por qué la golpea?”, le increparon las demás mujeres. El acto de cobardía fue difundido por todos los medios. La ceremonia se reventó. Pero va la pregunta: ¿así es como piensan reordenar este país?, ¿a cachetadas? Señor Mireles y colaboradores, ahora sí estamos... 3. Plena salud. El IMSS, la institución que ha acompañado a los mexicanos, cumplió 77 años. Brinda atención médica y bienestar social a más de 80 millones de personas. Sus números son asombrosos. En un día común se atienden más de 500 mil consultas; nacen más de mil niñas y niños; se atienden cerca de 55 mil urgencias médicas; se realizan más de tres mil 800 intervenciones quirúrgicas; y se practican más de 800 mil análisis clínicos. Está considerada como la institución más grande y moderna de América Latina. Y para seguir el rumbo, el IMSS implementará mecanismos para eficientar el uso de los recursos; erradicar la corrupción y los privilegios. De ese tamaño es el barco que navega Zoé Robledo, su director. No naufrague. 4. Caja registradora. A partir del 27 de enero, el INE realizará las primeras pruebas del voto por internet, para los mexicanos residentes en el extranjero, mecanismo que deberá estar listo antes de septiembre para poderse utilizar, por primera vez, en 8 elecciones para gobernador y dos para diputado migrante, que se realizarán en 2021. Hasta el momento, el cálculo de ahorro, con respecto al voto postal, modelo actual, es de por lo menos 30 dólares por voto, de acuerdo con Enrique Andrade, consejero del INE. Con esta nueva modalidad, pretenden recobrar la confianza del electorado. Ejemplificó que, si en 2018 la elección para presidente de la República hubiera sido por voto mediante internet, el país se habría ahorrado más de 110 millones de pesos. 5. Años después. Los gobernadores del PAN darán a conocer hoy lunes su propuesta de alternativa al Insabi, según reveló Marko Cortés, líder del blanquiazul, luego de asistir al informe de gobierno de Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán. Explicó que el pasado sábado, en Mérida, los gobernadores panistas tuvieron una larga reunión para crear el documento en el que propondrán alternativas. Cortés dijo que “los gobernadores de Acción Nacional presentarán una propuesta alternativa para decirle al Presidente cómo sí podemos construir en el nombre que quieran, Seguro Popular o Insabi, pero cómo sí podemos garantizar la cobertura de salud y la gratuidad”. Pregunta ingenua: ¿Cuántos documentos como ése le presentaron a Vicente Fox y a Felipe Calderón para que tuvieran el sistema de salud “de excelencia” que nadie olvida?