Editorial EL UNIVERSAL / Lo real y lo simbólico en la era de AMLO

De ayer y del ayer. En poco más de 80 días de esta agitada Era de AMLO ya se puede apreciar cómo ha tratado de recuperar el poder simbólico que tuvo el lenguaje de los presidentes mexicanos y de sus colaboradores hasta hace cuatro décadas: un poder incontrastable, consensual, a partir de una cultura dominante en que era incontrovertible la palabra de quien simbolizaba la unidad de la nación. Nada importaban sus frecuentes conflictos con la realidad y con grupos y personajes que pagaban caras sus muestras de disidencia. Más tarde, ese conflicto, el de la infalibilidad presidencial, se desplazó a una parte de los medios de comunicación desapegados del culto y la obediencia al “jefe de las instituciones nacionales” y apegados, gradualmente, a las funciones de la prensa de vigilancia de los poderes. Hoy en día, por ejemplo, entre los más recientes mensajes del gobierno controvertidos por los medios está la cancelación de las estancias infantiles. Medios receptivos a las voces de madres y de sectores modernos de la sociedad que se estrellaron con la retórica del poder de un México irreal de abuelas y abuelos sin oficio ni beneficio, o en espera de nietos a cuidar gracias al disfrute de un sistema digno de retiro. En cambio, resultaron insostenibles, gracias a medios como EL UNIVERSAL, los mensajes de dos nombramientos sub reales en Conacyt. Y, registrado críticamente también por los medios no oficialistas, el gobierno pagó los nuevos costos impuestos por bancos y calificadoras al plan presidencial de rescate de Pemex. Adicionalmente, se mantiene en el centro del debate la secuela de la crítica de quien encabeza la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a las propuestas presidenciales de nuevos miembros para esa Comisión. También, los cuestionamientos a la Ley para crear la Guardia Nacional en los términos innegociables impuestos por la iniciativa presidencial y aprobados hasta ahora en Comisiones por Morena, el partido oficial. Pero quizás donde más verificable resulta hoy el poder simbólico de la comunicación presidencial, en conflicto con la realidad, es en la cobertura de los medios impresos de ayer —y en los audiovisuales de antier— del encuentro del presidente López Obrador con la cúpula empresarial. Algunas “cabezas” de los diarios de ayer sobre ese intercambio rememoraron las portadas de los medios del ayer, el de cuatro décadas atrás: “Empresarios cierran filas con el consejo económico de AMLO”; “IP confía en AMLO, le pide certidumbre”; “AMLO a reencuentro con IP para crecer 4%”; “Pide AMLO a IP apoyo para crecer al 4%”. Expectativas a violar. Con una comunicación política expresada en estas proclamas poco periodísticas, pero con la fuerza simbólica de la palabra presidencial, se pretende ocultar realidades sobre la poca fiabilidad recíproca de las partes. Pero a nadie medianamente informado le son ajenas las aprehensiones de los empresarios sobre las medidas del presidente, ni las descalificaciones del presidente a las conductas empresariales, sus vías de enriquecimiento y sus estilos de vida. Otro problema radica en la generación de expectativas prácticamente incumplibles: la de crecer al 4%, en condiciones nacionales e internacionales más próximas al estancamiento o incluso a la recesión. Y un problema más: ¿a quién y con qué efectos se culpará en su momento de la violación de esa expectativa? Pluralidad vs unanimidad. Finalmente, con el vigor simbólico de la palabra del actual nuevo jefe de las instituciones nacionales, su afirmación de que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía habría incurrido en conflicto de intereses fue avalada en la “cabeza” principal de uno de los medios oficialistas: “A investigación, el titular de la CRE por conflicto de interés”, mientras en el extremo opuesto, otro diario encabeza su portada con una denuncia contra el denunciante: “Asedia gobierno a titular de la CRE”. La pluralidad de los medios de hoy marca (todavía) una valiosa diferencia con la unanimidad presidencialista del ayer.  Profesor Derecho de la Información UNAM

OPINIÓN / Guardia Nacional: ¿la primera derrota de AMLO?

AMLO podría sufrir mañana la primera derrota política de su gobierno y la oposición, diluida, pero con la suma de su representación, alzarse con una sonada victoria. El tema es la aprobación de la Guardia Nacional que, al igual que otros más, de primordial relevancia para el país, están atorados, para mal, en un egoísta juego de suma cero. ¿Será imposible llegar a un consenso en el que ambas partes cedan para construir un instrumento que ayude real y efectivamente a devolverle al país condiciones de seguridad y frenar la violencia que nos destruye, más allá de las luchas de poder y de los intereses partidistas? Hasta ahora parece imposible, aunque todavía queda tiempo para un acuerdo que, en términos generales, ya está planchado, según dijo a esta columna el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Todos los partidos, en términos generales, han acabado por aceptar la figura de la Guardia Nacional. ¿Cuál es, entonces, el desacuerdo? La estructura organizativa y funcional del instrumento, pues la oposición y el consenso de las organizaciones ciudadanas defensoras de los derechos humanos, advierten que la propuesta de AMLO militariza al país, lo que la 4T rechaza tajantemente. La Cámara de Diputados aprobó el pasado 16 de enero la minuta que crea la Guardia Nacional, pero sobreponiendo un mando civil a su estructura militar y eliminando el artículo transitorio que avalaba, desde la Constitución, las tareas de las fuerzas armadas en seguridad pública mientras se conforma y consolida el nuevo cuerpo de seguridad. Sin ese aval (con el Ejército y la Marina actuando sin un respaldo constitucional en tales funciones desde hace doce años, cuando Felipe Calderón declaró la inútil guerra contra el narcotráfico), la minuta de los diputados llegó al Senado. AMLO rechazó sus términos y pidió a los senadores de Morena restituir ambos puntos. De manera que el dictamen aprobado en comisiones senatoriales por Morena restituye el transitorio que establece que las Fuerzas Armadas participarán temporalmente en tareas de seguridad pública (aunque no explicita el lapso de cuatro o cinco años que exige la oposición), así como la existencia de una Junta de Estado Mayor (mando militar) subordinada a una dirección civil, lo que PAN, PRI, PRD y MC consideran una estructura inaplicable en los hechos, vamos, una simulación. El lunes pasado, con esa propuesta incluida pese al abierto rechazo de la oposición, Morena y PT aprobaron en comisiones el dictamen tras la salida de la representación del PAN, PRI, PRD y MC. Morena y AMLO consideran que, sin ese sustento constitucional, tendríamos como resultado un modelo como el que actualmente prevalece. Por otro lado, razonan: el mando queda en un civil electo, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República. Ambos puntos son irrenunciables para AMLO y Morena. A cambio, se dicen abiertos a incluir propuestas de la oposición como: la garantía de que los presuntos responsables capturados por la Guardia Nacional sean presentados ante ministerios públicos y tribunales civiles, no militares; y que sea también la justicia civil la que castigue abusos de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos. Mañana en sesión plenaria del Senado se dará segunda lectura al dictamen, iniciará el debate y se aprobará o rechazará. Morena y sus aliados en el Senado tienen asegurados 76 votos. Le faltan nueve para lograr la mayoría calificada de 85 para aprobar una reforma constitucional. Si no los consiguen naufragará la reforma. Instantáneas: 1. CABILDEOS. A quienes se vio comiendo ayer en un privado del Estoril de Polanco fue al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. También se dejaron ver, no sé si en encuentros por separado, Manlio Fabio Beltrones y la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat. 2. SUCESIÓN. La Junta de Gobierno de la UNAM tuvo mucho cuidado en designar la madrugada de ayer al director de la Facultad de Ingeniería. Reeligieron a Carlos Escalante Sandoval y cerraron la puerta a Salvador Landeros, señalado en una investigación de la FGR como presunto autor de un quebranto a la máxima casa de estudios.

Frentes Políticos I.  Tarea. Claudia Ruiz Massieu se prepara para entregar el cargo de líder nacional del PRI. Se espera una de las batallas más importantes, pues el otrora partido invencible vio mermada su capacidad política en 2018. Hay varios candidatos. Habría que recordarles los requisitos: artículo 171, para ocupar la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos de las entidades federativas, Municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX, se deberá acreditar carrera de Partido y, como mínimo, una militancia fehaciente de diez años para dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, siete años para dirigentes de los Comités Directivos de las entidades federativas y tres años para dirigentes de municipios o de las demarcaciones territoriales de la capital del país. Si usted está impedido estatutariamente porque nunca ha sido militante y fue candidato externo, absténgase. II. Cinismo. Al ser cuestionado sobre la demanda formulada por los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas para que se respeten los contratos que suscribieron con la paraestatal a través de la empresa Generadora Fénix, que obliga a la CFE a adquirir energía eléctrica por 25 años, el Presidente de México dijo que no pone en duda que acuerdos de esa naturaleza existan, pues al revisar algunos de los contratos del pasado varios tienen esas características. Andrés Manuel López Obrador reveló que en sexenios anteriores se firmaron contratos para que la CFE compre energía a particulares hasta por 40 años. “Yo le pedí al director de la CFE que hiciera una revisión con la esperanza de que se vencieran en este sexenio, para renegociar en beneficio de la nación. Pero no, son contratos, 30, 40 años hacia adelante”. Lo vendieron todo, hasta el futuro. ¿A cuántos benefició esta transacción? III. Los nueve. Desde ayer, un grupo de legisladores adherido al PRD renunció a su militancia y se cotiza más que nunca. Ricardo Gallardo, coordinador de los diputados del PRD, se fue, junto con otros 8 legisladores, al resaltar que el sol azteca se alejó de sus convicciones de izquierda. Se convirtieron en diputados sin partido Lilia Villafuerte, Luz Estefanía Rosas, Carlos Torres Piña, Emmanuel Reyes, Mauricio Toledo, Héctor Serrano, Raymundo García y Javier Salinas. “Después de 23 años de militancia, de haber crecido y alcanzado mis sueños bajo su cobijo, hoy, con mucha tristeza, anuncio mi renuncia definitiva al PRD”, comentó Torres Piña. Traicionan sus ideales, pero van con la transformación. Justificaron su salida para poder votar a favor de las iniciativas de Morena. Y como las matemáticas no fallan, así Morena alcanzará la mayoría para avalar reformas a la Constitución. Las que quieran… ¿Coincidencia? IV. ¿Confiados? Dicen en el PRD que la salida abrupta de nueve diputados federales no les afecta. Pero si la suman a la desbandada de militantes en Michoacán: 22 presidentes municipales, el secretario del partido, cuatro integrantes del Comité y más de 100 síndicos y regidores, y a lo que les espera en los próximos días, no deberían estar tan tranquilos. Su bancada tendrá apenas 11 integrantes. Al menos por ahora. Cuentan que otros alistan sus cartas de renuncia, como el senador mexiquense Juan Zepeda; el alcalde de Neza, Juan Hugo de la Rosa, y Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza. De salir Zepeda, representaría una verdadera crisis para el PRD. México sigue en sus tradiciones: los políticos de siempre, cambiando de piel. Y tras la debacle, por demolición, el PRD se vende todo o en partes. V. Responsabilidades. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, va corrigiendo lo que se puede. Ya logró que la aeronave LearJet se destine al sistema de salud y emergencias de Protección Civil. Va bien, pero hay un tema en el que nada más Veracruz no puede, la inseguridad. Tras la publicación de cifras Alto al Secuestro, que señalan a la entidad como uno de los estados con mayor incidencia en secuestros, el mandatario aseguró, primero, que las cifras no coinciden con las del gobierno del estado. Aseguró que la estrategia para mejorar la seguridad no ha fallado y responsabilizó al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, debido a la ineficacia en las investigaciones. Es compleja la realidad que le heredaron. ¿Puede, señor gobernador? BITÁCORA DEL DIRECTOR / Autonomías

Cada órgano autónomo constitucional con que cuenta el Estado mexicano es resultado de alguna lucha concreta de la sociedad civil, que, con ello, ha buscado cerrar la puerta al autoritarismo. Por ejemplo, la autonomía de la Universidad Nacional fue una conquista del movimiento estudiantil de 1929. La creación del Instituto Federal Electoral, en 1990, y su posterior ciudadanización fueron resultado de sucesivas demandas y acciones ciudadanas para abrir paso a la democracia. Sin el trabajo de activistas como la abogada Norma Corona, no se entiende la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  El Instituto Nacional de Acceso a la Información no existía antes de la formación del Grupo Oaxaca, que abogaba por la transparencia. Muchas de las instituciones que hoy son autónomas nacieron como apéndices del gobierno. Con la presión de la sociedad civil, lo que en un principio fueron concesiones de la autoridad para aplacar alguna inconformidad social, se convirtieron en órganos autónomos sobre los que los gobernantes perdieron el control. Los organismos autónomos aparecieron con el fin aplacar el apetito de la clase política para servirse a sí misma y evitar –como dijo el lunes el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña– que los gobiernos caigan en la autocontemplación. Es evidente que a las autoridades no les gustan los organismos autónomos. Por ejemplo, no creo que al presidente Enrique Peña Nieto le haya agradado que el Coneval documentara que su programa Cruzada contra el Hambre fuera un fracaso. Es cierto que los órganos autónomos no son perfectos y que, como toda creación humana, deben ser sometidos a un proceso de evaluación. Pero, en serio, ¿pueden ser calificados de “gobierno paralelo” o de “gran farsa”? Veamos: ¿Qué sería si no existiera el INE? Seguro volveríamos a los tiempos previos a 1997, cuando las elecciones eran organizadas por el propio gobierno. ¿Se acuerda de los comicios presidenciales de 1988 y de quién presidía la Comisión Federal Electoral, órgano de la Secretaría de Gobernación, a la que se le “cayó el sistema” y dejó de dar resultados? ¿Y si no hubiera CNDH? La autoridad no tendría problema en ocultar graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre del río Tula, en 1982, cuando el presidente José López Portillo ordenó parar de tajo las investigaciones sobre la aparición de cadáveres en ese afluente. ¿Qué sucedería sin el Inai y el Inegi? El gobierno daría a conocer la información que quisiera y cuando se le antojara. Los indicadores del desempeño de la autoridad serían simple motivo de fe, pues no habría nada que impidiera manipularlos. ¿Cómo sería México sin un banco central autónomo? Como era en los años 80, por ejemplo, cuando el gobierno fijaba el tipo de cambio arbitrariamente y la inflación se salía de control porque se imprimía el circulante a discreción, afectando a los mexicanos más pobres. ¿Qué tal un país sin Ifetel? Como antes de su existencia: un lugar donde las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico se otorgaban sin transparencia, sin criterios de utilidad pública y beneficio de las audiencias, y donde la competencia en el sector de las telecomunicaciones no existía, impidiendo que bajaran los precios de servicios como la telefonía celular, a la que la enorme mayoría de los mexicanos hoy tiene acceso. ¿Qué pasaría si desaparece el INEE? Volvería el reparto caprichoso de plazas de maestros y directores de escuela, unas veces con criterios políticos y otras, en corrupta subasta al mejor postor. Es decir, justo como sucedía antes de la Reforma Educativa. Cada órgano autónomo tiene su razón de ser y una historia de movilización social que le dio origen. Si funcionan mal, hay que repararlos. Si alguien ha abusado de ellos en su provecho, o de otros, hay que castigarlo. Pero son instituciones con un propósito –entre ellos, limitar el poder de la autoridad–, y los ciudadanos mal haríamos en no defenderlos.    Buscapiés Entregar dinero público a los padres de familia, para que ellos mismos decidan la formación de sus hijos –hay que recordarlo, la educación de un niño empieza en la primera infancia–, no es una idea nueva. En Estados Unidos existe desde los años 90 y ha sido una política identificada con el Partido Republicano. Los resultados también son conocidos: los niños que recibieron educación en colegios privados, vía los school vouchers, han tenido, en promedio, un aprendizaje menor al de quienes no utilizaron ese programa. Lo distinto es que ahora lo promueve un gobierno que se dice de izquierda.