Editorial EL UNIVERSAL / Dureza contra la evasión Todos los países cobran impuestos con el fin de obtener recursos para proporcionar a la ciudadanía servicios de calidad –educativos o de salud, por ejemplo, pero unas naciones obtienen más ingresos que otras. De acuerdo con la OCDE el porcentaje de recursos que México obtiene vía pago de contribuciones fiscales, en comparación con la riqueza total del país, es de los más bajos en América Latina. En parte por la poca eficiencia que ha caracterizado a las oficinas recaudatorias y en parte porque la evasión fiscal se ha convertido en los últimos años un deporte nacional. Distintos gobiernos se han fijado la meta de aumentar el índice de recaudación, aunque nunca lo han logrado en los términos planteados inicialmente. Ante este escenario, el Servicio de Administración Tributaria ha dibujado una estrategia diferente para hacer frente a la evasión, cuyo daño, según la Procuraduría Fiscal, equivale a 2 billones de pesos. El SAT esta vez se enfocará en una práctica que se volvió común en los últimos años: la emisión de facturas falsas. A finales de junio el SAT informó que 8 mil 204 empresas se dedican a simular operaciones mercantiles, ocasionando que dejen de ingresar a las arcas públicas 354 mil millones de pesos. Entre los planes de la administración federal se encuentra endurecer las penas por ese ilícito. En el Congreso de la Unión se discute una iniciativa de ley para considerarlo delincuencia organizada. Líderes del Congreso han adelantado que las reformas contra la defraudación fiscal estarán listas antes de que se apruebe la Ley de Ingresos para 2020, hacia el último trimestre del año. EL UNIVERSAL ha venido informando que el proyecto de ley incluye duras medidas con el fin de aplicar castigos ejemplares: desde testigos protegidos e intervención de comunicaciones hasta la infiltración de personal para llegar a las cabezas de las empresas que emiten facturas falsas. De lograrse los objetivos, el país comenzaría a tejer una cobija más grande en materia de captación de impuestos. Actualmente las mayores aportaciones provienen de sectores cautivos (asalariados), mientras grandes contribuyentes cuentan con recursos para encontrar resquicios en la ley y pagar menos impuestos o de plano actuar con dolo e incurrir en la evasión. Las acciones que se adopten contribuirán a quitar una pesada losa que frena la captación de recursos. El único riesgo visible es que se caiga en excesos a la hora de aplicar la ley. Se requerirá que no paguen justos por pecadores.

21 de Agosto de 2019   1. Extrañezas. En 2017 se encontraron 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela de un automóvil que tenía a su cargo Francisco Javier Pérez Maqueda, entonces director general de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La investigación arrojaría que recibió moches de siete constructoras que pagaron sobornos para adjudicar 24 contratos entre 2015 y 2016. Pérez Maqueda no fue sancionado por el cajuelazo, pero sí fue inhabilitado por 10 años. Poco le importó, pues resulta que es muy cercano al todavía consejero del CJF, Alfonso Pérez Daza, quien ha recomendado empresas para celebrar contratos con el Poder Judicial. ¿Fórmulas de ilegalidad del pasado?... Pérez Daza hoy representa al Poder Judicial en el Sistema Anticorrupción, ¿con qué moral? 2. Le llueve sobre mojado. El gobernador Jaime Rodríguez El Bronco piensa que en plena era del internet es posible taparle el ojo al macho. Hoy todo se sabe. Como que organizaciones civiles insisten en investigar a la suegra del mandatario, pues al evidente nepotismo, ahora señalan un incremento inexplicable del 144% en el sueldo de Teresa Martínez Galván, madre de Adalina Dávalos, esposa del gobernador. Representantes de organismos no gubernamentales asistieron a la Contraloría del estado, con el encargado de dicha institución, Jesús Hernández, para pedir que se inicie la investigación contra el funcionario. Les dieron largas. No se tarden mucho porque en una de ésas, el Congreso echa al Bronco del cargo y queda impune. 3. Soluciones ya. Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, sigue dando de qué hablar, pero para bien. Se reunió con una comisión de exferrocarrileros y pactaron subsanar la deuda histórica que se tenía con ellos desde hace más de dos décadas. “Con la firma de este acuerdo, se da solución a sus legítimas demandas que por casi 30 años fueron ignoradas por el viejo régimen”, apuntó el funcionario. Les planteó una propuesta financiera que incluye el pago de sus pensiones jubilatorias, en seguimiento al compromiso para resolver su situación, con recursos que se complementaron a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Bien, porque hasta ahora el único beneficiado habido sido su líder sindical, Víctor Flores. Sí, el que lleva 18 años gozando de un sueldazo millonario. Dicen. 4. ¿Dónde quedó la bolita? Enrique Graue, rector de la UNAM, consideró que deben ser castigados todos los involucrados en la Estafa Maestra, incluidos rectores de las universidades con las que se pactó el desfalco. Tras recibir un reconocimiento por su labor al frente de la máxima casa de estudios, aseveró que hasta donde él sabe está abierta una investigación contra las universidades públicas implicadas. “Hay que llegar a conclusiones al respecto (...) Los responsables de malos manejos, rectores o quienes hayan sido deben ser castigados”. Y aquí, habría que recordar lo que dijo Juan Manuel Portal, extitular de la ASF: “Todos los exfuncionarios implicados en la Estafa Maestra conocían de las irregularidades en el gasto de sus dependencias, pero a ninguno le importó hacer algo al respecto”. La historia los alcanzó. 5. Héroes. No sólo hay que agradecer a quienes nos dieron patria, habitantes eternos de los libros de texto. En Coatzacoalcos, Veracruz, la Secretaría de Marina, cuyo titular es el almirante José Rafael Ojeda Durán, avanza según lo previsto en la construcción de los primeros cuatro buques recolectores de sargazo, con una inversión de 30 millones de pesos. La dependencia informó que la primera embarcación estaría lista en octubre y el resto, en los tres meses siguientes, para ser enviadas a las costas de Quintana Roo. Cada buque será tripulado por cuatro marinos y podrá extraer hasta 80 toneladas diarias de esta alga, para un total de 320 entre los cuatro. La construcción de los buques se realiza en el Astillero número 3 de la Semar, a cargo de la Dirección General de Construcciones Navales. Si hay que reconstruir al país entero, contamos con ellos.