Editorial EL UNIVERSAL / ¿Qué ruta para la 4T de México?

No deja de ser significativo que haya sido en Francia, en un momento en el que se buscaban atajar las cíclicas convulsiones generadas por la revolución de 1789, cuando se desveló con claridad que toda transformación profunda en la vida de un Estado tendría que basarse en un inicial pacto social que fuera el antecedente de un pacto político, el cual, una vez maduro pudiera culminar en un pacto constitucional. Aquella ruta sigue siendo una fórmula probada de que los cambios de fondo, como los que propone el presidente de la República en su Cuarta Transformación, son posibles solamente si su realización preserva los derechos y libertades históricamente ganados por las y los mexicanos, sobre los que sigue existiendo un elevado consenso social, y a cuyo ejercicio se debe, en buena medida, que el vehículo para conquistar el poder en 2018 fuera el voto libremente emitido. Ningún cambio podrá materializarse sin el puntual compromiso del nuevo gobierno federal de preservar esas conquistas, y de abocarse, tal y como ya lo está demostrando, a la demolición de los obstáculos que desde hace un siglo continúan impidiendo que los derechos sociales, aquellos que brindan acceso a satisfactores esenciales como la vivienda, la salud, la educación, la seguridad social y que buscan beneficiar a obreros, campesinos, empleadas domésticas o adultos mayores, sean una realidad y no únicamente una proclama formal. Para que ese pacto social pueda alcanzar sus objetivos dentro de un periodo sexenal necesita acompañarse de un pacto político que comprometa a las autoridades federales, estatales y municipales, con independencia de su signo ideológico, a los partidos políticos, las instituciones autónomas, los poderes privados, y a todos quienes conformamos la sociedad mexicana hacia la consecución de la Cuarta Transformación de nuestro país, a través de un acompañamiento solidario y responsable desde su específico ámbito de actuación. Aún con las relevantes mayorías obtenidas por MORENA, dicho pacto no podrá desconocer que avanzamos para que nuestra heterogeneidad social se viera reflejada en un pluralismo político que ha logrado madurar a través de una democracia representativa que no puede ser desplazada mediante el llamado directo al pueblo soberano, y mucho menos que algunas instituciones públicas se legitiman precisamente en sus funciones de control y equilibrio del poder. Así, una vez asegurado que nuestros derechos no serán objeto de negociación, y comprometido el respaldo solidario de ciudadanos y autoridades, será posible transitar a un pacto constitucional que de manera ordenada moldee la forma jurídica del poder. Es verdad que un cambio de raíz en la forma de hacer gobierno en México era inevitable. Por más profunda que sea, una transformación no necesita cambiarlo todo. Hay un patrimonio constitucional de más de dos siglos, cuyas decisiones fundamentales siguen vigentes y que debemos preservar. Y hay también reminiscencias que nos siguen anclando a las expectativas de un pasado que ha demostrado su fracaso, y que alienta a que sea nuestra generación la que determine el orden jurídico al que habrá de someterse en el presente y el futuro. Nadie ahora está planteando que la Cuarta Transformación de México transite por un proceso constituyente que quebrante nuestra continuidad jurídica, sino que se encauce mediante un conjunto de reformas constitucionales y legales que brinden certidumbre. Si seguimos una carta de navegación que ha probado su eficacia histórica, no tenemos por qué dudar que llegaremos a buen puerto. Un tránsito como el que propone el gobierno, puede ser un tránsito democrático si reconoce que provino de nuestras libertades y se debe a nuestros derechos; puede ser de gobierno, si define la nueva dirección política del país y dirige a ella al conjunto de sus instituciones. Pero necesita ser constitucional si lo que busca es ajustar, que no sustituir, un modelo de derivación liberal por otro que acentúe lo social, dentro de un loable compromiso con el bienestar común dentro de un Estado de Derecho y para los derechos.

Frentes Políticos

I. Lo correcto. Después de que Estados Unidos informó al gobierno de México sobre su decisión unilateral y sin previo aviso, de implementar una sección a su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a México para que aguarden mientras se desarrolla su proceso migratorio en EU, la reacción de la cancillería mexicana, a cargo de Marcelo Ebrard, es loable. El gobierno mexicano autorizará, por razones humanitarias y de forma temporal, la entrada de migrantes extranjeros devueltos por EU. La decisión del país vecino se da un día después de la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. La prioridad es el respeto a los derechos humanos, tal como lo demostró el gobierno de México.

II. Regreso a la calma. A través de su cuenta de Twitter, el magistrado José Luis Vargas Valdez, anunció que “en las próximas semanas” presentará denuncias y pruebas de las irregularidades cometidas por Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior del TEPJF. Tras hacerse públicas las diferencias entre integrantes del Pleno, rápidamente se reunieron para dirimir diferencias, que fueron resueltas de manera interna, privilegiando el diálogo y fortaleciendo a la institución. El debate transparente, crítico y con diversidad de ideas, reafirma los valores y constituye una forma de consolidar la democracia. Lo importante de este desaguisado es garantizar el Estado de derecho. Se confirma, una vez más, que la mejor política es el diálogo y la unidad. Los pactos siempre rinden mejores frutos.

III. Oportunidad. Mucho se debate en torno a lo que será la Guardia Nacional, no obstante, con 18 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general, la reforma constitucional para su creación. Quienes la promueven afirman que la figura ya estaba en la Constitución, y sus detractores temen que la situación se salga de control. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, rechazó que represente la militarización del país. Explicó que es parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad y tiene el objetivo de preservar la seguridad y combatir la delincuencia en el país. Dejemos atrás el nombre y la polémica, y seamos testigos de su efectividad.

IV. Habemus ministro. En segunda ronda, porque en la primera ninguno de la terna alcanzó mayoría, y tras negociaciones con la oposición, el Senado eligió por 114 votos a favor, a Juan Luis González Alcántara, como el nuevo ministro de la SCJN. Abogado con larga trayectoria en el Poder Judicial y académico de la UNAM, fue electo para el periodo 2018-2033. Ayer tomó protesta y el próximo 2 de enero, el Pleno de Ministros le dará la bienvenida, por lo que podrá participar en la elección del nuevo presidente de la Corte. Se le califica como el ministro allegado a la nueva administración federal. “No hay problema si recibo un salario menor”, dijo. No sólo aceptaría bajarse el sueldo, también declaró que el Poder Judicial debe ponerse en orden. La sacudida republicana va para todos.

V. Sin problemas. El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que lo ratificó como embajador de México ante la ONU. De la Fuente resaltó temas como el mantenimiento de la paz y seguridad, el desarrollo sostenible y la protección, como principios de política de la ONU y “a la vez son principios de México”. Pero lo que mejor parado lo dejó fue su discurso ante el compromiso de atender y cumplir con los acuerdos internacionales en materia de derechos de las mujeres, que deben permanecer en el tope de la agenda, “o el riesgo de la regresión es real”, afirmó el embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la ONU. Tiene un aliado el feminismo mexicano.