Editorial EL UNIVERSAL / Aranceles y geopolítica: ¿mayor sensatez?

Cuando mi estimado maestro, Fernando Solana, fue nombrado canciller, me pidió (yo era Director General para América del Norte en la SRE) acompañarlo a una reunión con Henry Kissinger. En su fuerte acento alemán el visitante le dijo: “Me da mucho gusto conocer al primer canciller mexicano que no es antiamericano.” Solana respondió: “No todos lo fueron, y algunos acabaron siéndolo.” En efecto, quienes incursionan en las relaciones binacionales (incluyendo a los presidentes) suelen tornarse antiyanquis ante la frustración de no encontrar la fórmula para lidiar con la superpotencia. La realidad es que no existe una fórmula idónea, y nuestra actuación debe adaptarse a las cambiantes circunstancias políticas del vecino. En un artículo anterior (25/04/2019) destaqué que, cuando dejamos de ser periféricos para Washington, padecimos las consecuencias de ser importantes porque nuestros vínculos comenzaron a ser manipulados con fines de política doméstica. A fin de atenuar esa dificultad, a raíz de la negociación del TLCAN se convino que, como era imposible evitar problemas intrínsecos a nexos tan bastos, sí podía evitarse que se transformaran en conflictos. Con altibajos, ese pragmático entendimiento prevaleció durante 20 años, hasta que apareció Donald Trump, quien ha saboteando los fundamentos de la política exterior de su país. Su destructiva actuación se ha ensañado con México, pues sin importarle que estén en juego importantísimos intereses compartidos, hemos sido el redituable blanco predilecto de su populismo, nativismo, unilateralismo y demagogia. Los márgenes de maniobra frente al imprevisible narcisista han sido limitados, pues como su desempeño presidencial es dictada por el interés personal, es imposible llegar a arreglos, salvo que le representen un beneficio político. Lo intentaron Peña Nieto (incluso con la contraproducente invitación a Los Pinos), Merkel, Macron, Trudeau, etc., pero fracasaron y salieron raspados. Ello no es de extrañar, pues se trata de un personaje cuya estatura moral y ética la define el haber permitido, alentado o apoyado que un país enemigo interviniera en su favor en las pasadas elecciones. Paradójicamente, la mejor estrategia surgió de los fallidos intentos de acercamiento del gobierno de Peña Nieto, pues ante el fracaso y el costo político de ello, se optó por no hacer nada, o mejor dicho: “nadar de muertito.” López Obrador, que en la campaña criticó esa pasividad y prometió patriótica combatividad si ganaba las elecciones, acabó haciendo lo mismo porque no hay de otra. Trágica pero realistamente, lo mejor es hacerse a un lado porque Trump no actúa en función de intereses nacionales objetivos o de una gran visión geopolítica, sino de objetivos electoreros y aspiraciones personales de corto plazo. Sería contraproducente contestar sus estridentes provocaciones, ya que ni siquiera van dirigidas a nosotros sino a sus nativistas e ignorantes seguidores. Siendo pacientes –aunque tengamos que aguantar vara- y negociado ecuánimemente a nivel técnico e institucional saldremos mejor librados de este funesto episodio que será pasajero. Al final ellos mismos tienen que rectificar porque las populistas y mediáticas estratagemas de Trump resultan caras, perjudiciales y poco efectivas. Prueba de ello es la cancelación de los aranceles al acero y aluminio de México y Canadá, ya que los impuestos en reciprocidad de los dos países a productos estadounidenses tuvieron fuerte impacto económico-electoral, eran un obstáculo para la aprobación del T-MEC que Trump promueve como su gran logro, y necesitan aliados frente al descomunal desafió geopolítico que representa China. ¿Estarán regresando el realismo y la sensatez a Washington?

OPINIÓN / La mentira como verdad oficial

“Yo no digo mentiras” dice el presidente López Obrador cada vez que lo pillan en una mentira. Utiliza su púlpito nacional para decir diariamente “la verdad oficial” sobre lo que pasa en el país, aunque la realidad sea otra. Y ¡ay! de aquellos que se atrevan a contradecirlo, cuestionarlo o, peor aún, confrontarlo porque se convierten en presas de sus esbirros en las redes. Es la estrategia del miedo para inmovilizar a quienes no piensan como él; sus “adversarios”, dice reiteradamente. A casi 6 meses del inicio de este gobierno (11 meses realmente), es pertinente hacer un apretado recuento de las acciones que lo han ido configurando como el gobierno de la mentira y de la violación de la legalidad. Inició con las “consultas populares” al margen de la Constitución para cancelar el aeropuerto en Texcoco —antes de rendir protesta como Presidente— ocasionando un daño patrimonial a la nación por alrededor de 300 mil millones de pesos. El 1 de diciembre protestó respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero continuó con sus “consultas” como la de Morelos para no cancelar una termoeléctrica que años antes prometió detener. Hizo lo propio para el Tren Maya y el corredor Transístmico. La irracional compra de 571 pipas por 85 millones de dólares, sin licitación y al margen de la Norma Oficial Mexicana, incrementando los costos de distribución. Las tres cuartas partes (74.3%) de los contratos reportados en Compranet, por 26 mil 693 millones de pesos, se hicieron por adjudicación directa, violando la ley. En campaña se comprometió a bajar el precio de las gasolinas, luz y gas, en cuanto llegara a la presidencia. También que mantendría las estancias infantiles; que siempre le contestaría a Trump las ofensas contra México; que de inmediato regresaría el ejército a los cuarteles con el lema de “abrazos, no balazos”; que su gobierno bajaría el monto para publicidad oficial; que durante los primeros tres años no modificaría la Constitución; que el país empezaría a crecer rápidamente hasta alcanzar el 6% al final de su mandato; que destinaría más recursos a salud, educación y tecnología; que acabaría con la corrupción, y que iniciaría un proceso de crecimiento económico de inmediato. La realidad, con datos oficiales, nos habla de una cosa distinta a esa “verdad oficial” que vende todos los días. El “neoliberalismo” que declaró abolido, determina las acciones del gobierno, como lo evidenció la renuncia del director del IMSS; la corrupción anterior y la actual sigue siendo esencia del régimen, con fiscales a modo; el crecimiento económico es peor que el de los “gobiernos neoliberales”, la inseguridad sigue al alza, y el monto de la publicidad gubernamental creció en mil millones respecto del último año de EPN. Para justificar sus mentiras, declara: “yo tengo otros datos”. Y quiere aparecer en las boletas electorales de 2021 con su bandera de “revocación de mandato” para —en una competencia desigual— declarar que la gente quiere que siga, y ya cerca de las elecciones presidenciales de 2024, decir que “el tiempo no le alcanzó” de modo que pueda hacer los cambios necesarios, y que debe modificarse la Constitución para que haya reelección. ¿Quién en su sano juicio le creerá a AMLO cuando declara que no quiere ser dictador ni cacique, que es respetuoso de la Constitución y no quiere reelegirse? Uno más de sus engaños, aunque sus fieles seguidores le crean a ciegas pues a ellos solo les importa que les lleguen los “apoyitos” del gobierno. Pero la realidad, terca como es, terminará, a golpe de hechos, por revelarse. “El tiempo —diría Maquiavelo— como padre de toda verdad” lo desenmascarará. Ya que el Presidente recomendó terapias a los corruptos, quizá no le caería mal someterse a una para curarse la mitomanía. Esa enfermedad está haciendo mucho daño al país. No debe permitirse que se instale la mentira como verdad oficial ni que prospere la estrategia del miedo.

Frentes Políticos  1. El relevo oportuno. No pasaron sino horas para que se designara al nuevo titular del IMSS, Zoé Robledo. Hay muchos funcionarios capaces en México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la salida abrupta de Germán Martínez. Robledo es parte de una dinastía que ha participado en la política mexicana en el último medio siglo y hoy toca a Zoé dirigir las riendas del instituto de salud más grande de América Latina. Sin tiempo que perder, se reunió de urgencia con Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, para volver al camino y garantizar el derecho de los mexicanos a un sistema de salud de calidad. No fue sacado de la chistera. Es un político progresista que en su primer día en el nuevo cargo logró coincidencias favorables con Hacienda para beneficio de los derechohabientes. Que nadie lo dude, estará a la altura del compromiso. 2. Puntos y comas. Después de la renuncia de Germán Martínez al IMSS, que vino a sacudir la transformación, y la llegada de Zoé Robledo, la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados pidió que Carlos Urzúa dé a conocer los detalles de los recortes al sector. Miroslava Sánchez, presidenta de la comisión, citó a Urzúa con calidad de urgente, así como a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, y a Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda, funcionarios con los que habría “chocado” Martínez. “Lo que más nos interesa es saber exactamente cómo es que la salud de los mexicanos se garantiza desde el punto de vista presupuestal”, precisó la diputada de Morena. Más urgente es saber el fondo real del problema. Y cortar por lo sano. Con la salud no se juega. 3. ¡Arrancan! Una de las exigencias sociales que más se han escuchado desde el primero de diciembre pasado es la de encontrar a quienes en el pasado hicieron mal uso de sus cargos y, hasta ahora, no se había generado una noticia como ésta: la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, por supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes. La SFP anunció la inhabilitación de dos funcionarios de alto nivel de Pemex por la compra de Fertinal en una operación muy cuestionada. La primera sacudida al árbol de la corrupción ya arrojó los primeros frutos. Para los que aún no lo creen, esto va en serio. Y aún no hablamos de Odebrecht. 4. Amigazo. Nadie puede decir que Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, no es un funcionario agradecido. Hay molestia entre los regiomontanos, pues se supo que el abogado David Mauricio Treviño Rivera, quien fue uno de sus asesores legales durante la campaña, y su familia, gozan de puestos directivos y con ingresos que van desde los 23 mil hasta los 60 mil pesos, con cargo al dinero público. Treviño Rivera es coordinador de Relaciones Públicas y Protocolo en el Palacio de Gobierno, mientras que su esposa, papá y hermana prestan servicios a la administración de Rodríguez Calderón en distintas áreas; sí, un caso de nepotismo. Lo peor es que se tuvieron que enterar gracias a una página de transparencia. ¿Así El Bronco quería presidir el país? Vaya, vaya. 5. Obstáculos. Dos nuevas impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, presentadas por una minoría del Senado y por la CNDH, fueron admitidas a trámite en la SCJN. La ministra Yasmín Esquivel, sin conceder la suspensión, dio entrada a las dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la legislación que establece que ningún funcionario puede obtener un salario superior al del Presidente. Pero los inconformes ahí se quedarán, pues tanto en controversias constitucionales, cuando se impugnan normas generales, como en acciones de inconstitucionalidad, no hay posibilidad jurídica de conceder la suspensión de la legislación, como habían solicitado los senadores. Ya, supérenlo, estamos en 2019 y estas son las reglas. Ya. Bitácora del director / AMLO, a la lomita

Ayer le decía en esta columna que el gobierno federal está enfrentando un problema contable: no hay suficientes recursos públicos para cumplir con las promesas de campaña y, al mismo tiempo, mantener el gasto en aspectos esenciales como la salud. El gobierno define como “austeridad” y “ahorro” los recortes presupuestales que ha venido aplicando desde el inicio de la administración. Ha recortado el gasto con el pretexto de combatir la corrupción. El problema es que hay muy pocos resultados en esa lucha –algunos incluso dirían que ninguno– y, en cambio, las reducciones han derivado en problemas muy serios: padres de familia que ya no cuentan con una estancia donde dejar a sus hijos; mujeres maltratadas que no pueden buscar ayuda profesional porque los refugios han tenido que cerrar y enfermos que no consiguen las medicinas que venían tomando, entre otros casos. Es decir, mientras la lucha contra la corrupción es un mero discurso, las penurias para millones de mexicanos son una escalofriante realidad. Hay quienes celebran el talante ortodoxo del gobierno en el manejo del presupuesto. Hasta cierto punto, eso está justificado. Es cierto, no gastar más de lo que se ingresa es una regla básica para la estabilidad financiera de una persona, una empresa y un país. Pero no es suficiente: alguien puede tener un presupuesto equilibrado, pero despilfarrar en cosas superfluas y ser pichicato en lo indispensable. Eso es lo que pasa actualmente en México. Se decidió recortar el gasto en servicios fundamentales para la población –como lo demuestra la carta del renunciante Germán Martínez– y erogar en los ofrecimientos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, como transferencias y obras suntuosas, que no garantizan el crecimiento del país. Lo he escrito aquí otras veces: ninguna nación del mundo ha alcanzado el desarrollo social regalando dinero a la población –al contrario, casi siempre es una receta para el desastre– y ninguna está apostando actualmente por los hidrocarburos para garantizar su sostenibilidad en el futuro. El gobierno ha optado por costear transferencias y construir una refinería y un ferrocarril, aunque eso signifique dejar sin medicinas a los enfermos, sin refugio a las mujeres maltratadas y sin educación temprana a los infantes. El propósito es más que evidente: la rentabilidad electoral. Ampliar programas sociales que no han tenido ningún éxito en el combate a la pobreza –no hay cifra que pueda demostrarlo–, sólo tiene como objetivo asegurar una clientela política para perpetuar en el poder al partido del gobierno. Es un cálculo que puede funcionar en el corto plazo. Es muy probable que Morena gane muchas posiciones en las elecciones locales en seis estados el próximo 2 de junio –incluso sin tener aún candidatos, como sucede en Durango–, pero ¿qué pasará en el mediano plazo, cuando la gente, enojada por el deterioro de los servicios que debe otorgar el Estado, se voltee y el apoyo político se vuelva repudio? Aún es tiempo de rectificar. Si el sexenio fuera un partido de beisbol, apenas estaríamos en la primera entrada. Al pitcher ya le cayeron a palos y es tiempo de que el manager visite la lomita y lo cambie. El gobierno puede mantener su promesa de combatir la corrupción y aplicar la austeridad –que, sin duda, hace mucha falta, dados los excesos que hubo en el pasado–, pero una austeridad que no le quite a los mexicanos, sobre todo los más pobres, los servicios básicos que requieren. Pero, al hacerlo, tendría que ser muy honesto: el presupuesto no alcanza para muchas de las promesas de campaña y varias de éstas son inviables si lo que se quiere es fomentar el desarrollo.