Editorial EL UNIVERSAL / La tensión México-Bolivia

Desde el momento en que el gobierno mexicano felicitó a Evo Morales, el pasado 24 de octubre, por su “victoria” en las elecciones presidenciales y le deseó “el mayor de los éxitos” en su gestión, a pesar de que el conteo de los votos era fuertemente criticado por voces bolivianas e internacionales, México comenzó una aventura diplomática que hoy se encuentra en un momento de tensión elevada. Días después de la felicitación, el repudio a los resultados electorales del 20 de octubre en Bolivia subieron de tono y desencadenaron fuertes protestas. El gobierno de Morales convino con la Organización de Estados Americanos la realización de una auditoría a los comicios. Los hallazgos preliminares de la OEA, conocidos el 9 de noviembre, dieron cuenta de irregularidades que obligaron a la renuncia de Evo Morales. Lo que siguió es ampliamente conocido: el expresidente boliviano recibió asilo de México, algunos de sus colaboradores llegaron con él, pero otros obtuvieron refugio en la sede diplomática en La Paz. Evo dejó México luego de un mes y actualmente se encuentra en Argentina. La semana pasada el gobierno interino de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario por “sedición y terrorismo”, algunos exfuncionarios bolivianos enfrentan los mismos cargos y otros están acusados de fraude electoral. Tras la emisión de órdenes judiciales, se dio una “presencia excesiva” de elementos bolivianos de inteligencia y seguridad frente a la residencia y embajada mexicana en La Paz, la cual fue denunciada por el gobierno mexicano.  El asedio continuaba anoche y funcionarios de la SRE señalaron que los elementos bolivianos incluso tomaron fotos a diplomáticos mexicanos. Esta situación solo ha hecho aumentar la tensión entre ambas naciones. La canciller interina de Bolivia aseguró que su país es respetuoso de la inmunidad diplomática de la embajada y agregó que es “categóricamente imposible” que la fuerza pública ingrese a la sede mexicana. La relación entre México y Bolivia ha sido históricamente de entendimiento y es obligado que se mantenga en esa ruta.  La protección que México otorga a nueve exfuncionarios en La Paz se encuentra dentro de los tratados diplomáticos internacionales. ¿Cuál puede ser la garantía de que enfrenten un proceso justo cuando el actual gobierno interino ha manifestado su condena total para la administración previa y la persecución de los funcionarios que la integraban? Reconciliación es lo que necesita el país sudamericano, mientras en la relación con México lo importante es que prevalezcan los canales diplomáticos. Ninguna opción violenta sería una solución. 26 de Diciembre de 2019 1. Horas extra. Un conflicto internacional inesperado tendrá trabajando a la cancillería mexicana este fin de año. El equipo de Marcelo Ebrard deberá lidiar con el asedio que la policía boliviana mantiene sobre instalaciones diplomáticas mexicanas. Maximiliano Reyes-Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, informó que: “Así ‘cuida’ la policía de Bolivia al personal diplomático de México, tomándoles fotografías, cuando, incluso, están dentro de la Residencia Oficial”. En los últimos días, Reyes-Zúñiga ha documentado, a través de redes sociales, el arribo de patrullas y vehículos militares a las inmediaciones de las instalaciones mexicanas en Bolivia. La SRE indicó que cualquier agravio a los inmuebles diplomáticos será culpa de las autoridades de Bolivia. Merecerá más que un tejido fino o esto acabará en un pleito inútil. 2. Estado al alza. No cabe duda que Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, que concluye su cargo en 2021, entregará buenas cuentas. Con un registro de 140 viajes por semana, Los Cabos se ubica en el tercer lugar nacional, en cuanto al número de vuelos que llegan a ese destino turístico, ya sean nacionales o internacionales. El director de Turismo del Ayuntamiento, Alejandro Bonilla Guerrero, precisó que al cierre de noviembre se registró un aumento del 8.6% en el arribo de pasajeros vía aérea a Los Cabos, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Destacó que al término del 2019, “Los Cabos logró la cifra más alta registrada en los últimos dos años”. Algo deben estar haciendo bien. ¿Por qué no se acercan a indagarlo los representantes de otras entidades? 3. Cátedra de corrupción. En Aguascalientes, gobernado por Martín Orozco Sandoval, se consolida una investigación para sancionar a Francisco Chávez Rangel, exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes. El juez de Control y Juicio Oral Penal decretó medidas cautelares y plazo de cierre de investigación complementaria dentro del proceso, por su presunta participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público, en agravio del estado. Por lo que deberá acudir a firmar cada 15 días, presentar una garantía de 50 mil pesos y tiene prohibido salir del país y acercarse a testigos u ofendidos. Se le acusa de la contratación irregular del despacho del abogado Juan Collado, a quien se le habrían pagado más de 7 millones por una defensa que nunca existió. Otro que muerde el polvo. 4. Cuestión de fondo. La cultura, ética y moral de algunos mexicanos, comenzando por la clase política, anda por los suelos. Una noticia que causó admiración en redes reportó que en Xalapa, Veracruz, una novia estuvo a punto de quedarse sin boda al haber olvidado en un taxi su vestido para la ceremonia. Mientras los internautas hacían bromas y expresaban sus buenos deseos para que lo recuperara, en la vida real el taxista se reportó... para exigir una recompensa. La familia no lo aceptó y optó por rentar otro vestido blanco. ¿Es verdad la poca solidaridad para quien está en desgracia, así sea temporal? Se ha visto a taxistas rescatando perros perdidos, de los finos, “porque por estos sí dan buenas recompensas”. ¿Tan hambreados están o sólo es reflejo de lo que sucede en las altas esferas de la política? Dan pena. 5. Mano dura. La Fiscalía General de la República, en Nuevo León, obtuvo, en apelación, un aumento en la sentencia condenatoria, dictada en octubre, pasando de 12 a 20 años de prisión, al reclasificar el delito de posesión ilícita de hidrocarburo a sustracción de petrolífero. Hay dos primeros sentenciados. Guillermo “F” y Ángel “M”, a quienes, al momento de su detención, se les encontraron seis contenedores con cinco mil 600 litros de gasolina regular. En la nueva audiencia de individualización de sanciones se dictó una pena de 20 años de prisión y el pago de una multa de un millón 612 mil pesos para cada uno. Si así de rigurosos se pusieran para sancionar a su gobernador, Jaime Rodríguez El Bronco, no dormiría tan tranquilo.