Editorial EL UNIVERSAL /  ¿Qué aprobó el Senado de la República con respecto a la Guardia Nacional?

El pasado jueves 21 de febrero con 127 votos en favor, el Senado de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen de la minuta para la creación de la Guardia Nacional (GN) como una institución de seguridad pública de carácter civil. Entre los cambios que realizaron los senadores al dictamen original que aprobó la Cámara de Diputados, me gustaría resaltar dos cuestiones de suma importancia: lo referente al mando civil de la nueva institución, y el efecto que tendrá en la soberanía de los estados: Mando civil Quizá el mayor cambio aprobado en la Cámara Alta es que la GN será de carácter civil y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no a la Secretaría de la Defensa Nacional, como el Presidente había propuesto. Esto quiere decir que, por lo menos, su adscripción será civil y la SSPC será la encargada de desarrollar el plan de implementación de la Guardia. De hecho, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ha mencionado ante medios de comunicación que dentro de la Secretaría se encuentran trabajando en dos equipos: el primero para llevar a cabo el proceso de creación de la GN, y el segundo en el interior de la Policía Federal para proponer el plan de transición de esta institución ya consolidada, a la Guardia Nacional. Entonces ¿va a estar conformada por Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval? ¿A pesar de eso será una institución civil? La respuesta parcial a ambas preguntas es sí. Primero, hay que destacar que la adscripción de los miembros que provengan de las fuerzas armadas se plantea como temporal, ya que sólo durará un plazo de cinco años. Además, mientras estos formen parte de la GN pasarán a ser civiles; conservarán sus rangos, prestaciones y antigüedad y al momento en que sean asignados, perderán el fuero militar. Si cometen alguna falta serán juzgados por instituciones civiles. Finalmente, se tiene pensado que los nuevos reclutas no sean elementos de las fuerzas armadas. La pregunta que queda sin resolver, es sin duda una de las más importantes: ¿quién va a estar al mando de la Guardia Nacional? No se sabe si será un civil o un militar. Hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo ha mencionado que él tiene la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga y que puede ser un civil o militar retirado o en activo. Igualmente ha mencionado que el proceso de selección se dará a conocer de manera abierta y trasparente. Soberanía de los estados Otro de los puntos que se aprobaron en la minuta fue la soberanía de los estados respecto a la Guardia Nacional, es decir, los gobiernos estatales son los encargados de diseñar la estrategia de seguridad incluyendo a sus municipios, sin embargo, el trabajo se deberá hacer en conjunto con la GN. Seguirán existiendo policías estatales y municipales. Con el respeto de la soberanía de los estados se busca el fortalecimiento de policías locales y con eso el fortalecimiento de las instituciones. Se ha mencionado que la GN tendrá las facultades legales para combatir delitos tanto del fuero federal, como del fuero común*. Sabemos que los delitos de fuero común sólo son entendidos por autoridades estatales o municipales, lo que se planea es que la Guardia pueda intervenir, siempre y cuando las autoridades locales correspondientes se lo soliciten. Algo que deberá estar claro y bien estipulado en la Ley de la Guardia Nacional. Esto es sólo una etapa del proceso, todavía hay varios cabos sueltos, desde las leyes que se deberán implementar, la estructura organizacional de la GN, el mando que tendrá y la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos a un llamado a las autoridades para que busquen el fortalecimiento de las instituciones, ya que sólo así se puede generar un cambio. Estamos abiertos para compartir nuestras recomendaciones y trabajo en materia de seguridad.

OPINIÓN / La Iglesia ante la pederastia

Los casos de abuso sexual cometidos por integrantes del clero católico alrededor del mundo se dejaron crecer y con los años devinieron en reclamos organizados por las víctimas. El problema aumentó a tal magnitud que el Vaticano encabezó el fin de semana pasado una histórica cumbre contra la pederastia. El papa Francisco se comprometió a poner fin a la situación “con medidas concretas y eficaces”. México no ha sido ajeno a ese tipo de situaciones. Hoy EL UNIVERSAL publica que la Conferencia del Episcopado Mexicano realizará entrevistas a los aspirantes a ingresar a los seminarios para detectar a potenciales agresores desde antes de comenzar la carrera sacerdotal. Los jóvenes tendrán que acreditar una serie de exámenes psicológicos y durante su formación un grupo de especialistas dará seguimiento a su conducta. La medida es digna de encomio sólo si constituye el primer paso de varios que tendrían que ser adoptados. El Episcopado no puede apostar a que instalar un filtro de ingreso será suficiente. Se requiere también de protocolos para prevenir casos de abusos de quienes integran el clero, así como para reaccionar ante ese tipo de situaciones. Ante los primeros indicios de un caso de abuso sexual cometido por un sacerdote, la práctica usual ha sido minimizar o encubrir el hecho y separar de su parroquia al acusado para trasladarlo a otro templo, a otra ciudad o incluso a una casa de retiro o de rehabilitación. El cúmulo de abusos documentados tanto en México como en otras naciones obligan a modificar ese tipo de respuesta. Para el Vaticano tratar estos temas de manera pública no debió ser fácil, pero seguir ignorándolos podía volverse en su contra. Distintas voces en la Iglesia han aceptado que se trata de un tema que “duele y avergüenza”. Por años, las víctimas fueron atacadas, revictimizadas, silenciadas, pero ahora se encuentran en una posición desde la que exigen hechos para combatir y erradicar el problema. Es grande el daño hecho a miles de personas. La solución a la pederastia clerical no debe estancarse en exámenes psicológicos. La oportunidad de presentar una cara distinta a los afectados, a la feligresía y a la sociedad es única. Como el Papa lo sugirió: es momento de ponerse del lado de las víctimas y no de los agresores. Frentes Políticos I.  El gringo. Ese gobernador que dijo que su estado se parece más a Estados Unidos que a México la volvió a regar. Jaime Rodríguez Calderón, mandatario de Nuevo León, aseguró que el sur del país tiene la desgracia de la flojera, aunque tiene las bondades de la naturaleza. Al inaugurar la Expo Internacional Cárnica y Láctea, El Bronco señaló que, a diferencia, el norte del país vence la adversidad. Al ver la cara de los presentes, intuyó que algo había dicho mal, pero aseguró que no se arrepentía de decirlo de esa manera porque la política del gobierno debe de ser la de potenciar a los que quieren trabajar. Al cajón de las declaraciones desafortunadas y políticamente incorrectas, junto con aquella de que a las “niñas gorditas” nadie las quiere. Otro non grato para el sur. II. Ideota. Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, propuso expedir el decreto por el que se inscriba en letras de oro la leyenda “Constitución Política de la Ciudad de México 2017” en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de Donceles. Señaló que la propuesta se debe a que la leyenda “Reforma Política de la Ciudad de México 2016” es obsoleta y explicó que “ahora es la Constitución Política de la Ciudad de México el cuerpo normativo que nos rige y debe preservarse en la memoria de todos”. Por qué no en vez de darle vueltas a un asunto que no lleva a ninguna parte, mejor propone ideas para que los ciudadanos y los políticos cumplan con la Constitución. Mejor 24 quilates de civismo. III. Mucha atención. Hay un sector que no podemos darnos el lujo de debilitar. Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, dijo que este sector representa la tercera fuente de economía del país; lamentó que se recortara del presupuesto 2019 el Programa Pueblos Mágicos, que daba recursos adicionales a 121 destinos de México, y adelantó que “nos vamos a reunir con presidentes municipales, con senadores de la Comisión de Turismo y algunas secretarías de los estados que tienen la responsabilidad del turismo, porque no es posible que un programa, como es el de Pueblos Mágicos, haya quedado totalmente cancelado”, dijo en entrevista con Excélsior. Llamado de alerta, hacer las cosas bien incrementa la llegada de divisas. ¿Cómo van? IV. Merecido. En los pasados debates rumbo a las elecciones para gobernar la Ciudad de México, Mariana Boy llamó gratamente la atención por la precisión de sus proyectos, sin embargo, los votos no le favorecieron. No obstante, será parte de la transformación, pues ayer rindió protesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México como la nueva procuradora de Medio Ambiente local. Una de sus prioridades, adelantó, será detectar desarrollos inmobiliarios irregulares. “Lo que necesitamos es fortalecer a la procuraduría en términos jurídicos, en términos legales para que no solamente sea coadyuvante en los procesos, sino que (además) sea parte y pueda defender a las víctimas, y sea parte en este proceso de reparación”. Hay fichajes que marcan pauta y Mariana Boy tiene mucho que aportar. V. Números negros. Hay funcionarios a los que todo les sale bien. Por casi un trienio trabajado en la administración municipal y pese a haber renunciado, el extesorero Gilberto Enríquez Sánchez cobró más de 760 mil pesos como parte de su finiquito y, posteriormente, se unió a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. Tres cuartos del millón pesos le costó al Municipio de León esta baja y sólo trabajó 2 años, 11 meses y 29 días. El extesorero recibió indemnizaciones como prima de antigüedad, así como los respectivos tres meses de sueldo, casi 400 mil pesos, debido al “adiós solicitado”. Se le sumaron primas vacacionales y dominicales, aportes del fondo de ahorro y los días respectivos de aguinaldo. ¿En realidad vale lo que se llevó? La desfachatez es lo que lacera. BITÁCORA DEL DIRECTOR / Aires de guerra en la cima del mundo

La semana pasada escribí en este espacio que el más reciente episodio de enfrentamiento verbal entre India y Pakistán corría el riesgo de escalar. Y que tratándose de dos países que tienen la bomba atómica, la comunidad internacional no debía quitar el ojo de lo que estaba sucediendo (“La Caja de Pandora”, 22/II/2019). En la madrugada de ayer (hora local), la Fuerza Aérea India lanzó un ataque en el lado paquistaní de la Línea de Control de la disputada región de Cachemira, en respuesta al atentado perpetrado el 14 de febrero por el grupo terrorista Jaish e-Mohammed –el cual, de acuerdo con Nueva Delhi, recibe apoyo de Islamabad–, que dejó 40 soldados muertos. Una docena de cazas Mirage y cuatro Sukhoi despegaron de distintas bases en el norte de India, poco después de las 2 de la mañana del martes, y bombardearon lo que el gobierno de ese país llama un campo de entrenamiento de Jaish e-Mohammed (“ejército de Mahoma”) en Balakot, ciudad ubicada a 64 kilómetros de Abbottabad, donde fuerzas especiales estadunidenses mataron a Osama bin Laden en 2011. Y aunque el gobierno indio aseguró que el ataque resultó “completamente exitoso”, eliminando a un gran número de yihadistas, su contraparte negó dicha versión y afirmó que las bombas habían caído en una zona boscosa deshabitada.   Aun así, el vocero de las Fuerzas Armadas de Pakistán advirtió que el país vecino debía esperar una respuesta militar al bombardeo de su territorio. Como explicaba el viernes, ambos países han peleado tres guerras por el control de Cachemira desde 1947. La última vez que aviones indios habían volado sobre territorio controlado por Pakistán fue en mayo de 1999, un año después de que uno y otro realizaron pruebas nucleares para demostrar que poseían la bomba atómica. En esa ocasión, las aeronaves –dos Mig-27–fueron derribadas. De acuerdo con el periodista Eric Margolis, quien escribió un libro sobre el tema, el conflicto estuvo “a pocas horas” de derivar en una guerra masiva. “Ambas partes pusieron sus fuerzas de ataque nucleares en máxima alerta y aparentemente comenzaron a insertar núcleos fisionables en sus armas atómicas. Esta crisis, cuya gravedad se ocultó a la opinión pública internacional, fue la confrontación directa más peligrosa entre potencias militares nucleares desde la crisis de los misiles en Cuba de 1962”. (War on Top of the World, 2000). Ahora, el atentado del 14 de febrero contra fuerzas indias en Pulwama, en Cachemira, y la respuesta militar de ese país, han vuelto a hacer sonar las alarmas sobre una nueva guerra.    La historia del conflicto de Cachemira se remonta a la independencia de Pakistán e India, en 1947. Cuando se comprometió a desprenderse de su imperio surasiático, el Reino Unido lo dividió en dos países, uno para los musulmanes (Pakistán) y otro para los hindúes (India). A Cachemira, que había sido una nación independiente, aunque tributaria del rajá británico, se dio a elegir entre unirse a uno u otro. Antes de que pudiera optar, su territorio –de población mayoritariamente musulmana– ya había sido invadido por guerrilleros pashto de Pakistán. Cuando avanzaban sobre Srinagar, la capital regional, el marajá pidió la asistencia militar de India y firmó un tratado de anexión con una importante cláusula: los habitantes de Cachemira decidirían el futuro de su país una vez terminada la emergencia. Los soldados indios hicieron retroceder a los pashto, que ya eran apoyados por fuerzas regulares de Pakistán. Los combates sólo pararon cuando intervino Naciones Unidas para pedir un cese al fuego. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó distintas resoluciones llamando a la celebración de un plebiscito para decidir el futuro de Cachemira. En más de medio siglo, dicho plebiscito no se ha llevado a cabo. Se trata del más antiguo diferendo territorial supervisado por Naciones Unidas. Tres décadas de insurgencia armada en la región ha dejado decenas de miles de muertos. De acuerdo con medios locales, 2018 fue el año con el mayor número de víctimas. Buscapiés La estrategia turística del gobierno federal cuenta con un promocional que, más que presumir las bellezas del país, habla del “cambio de paradigma” a que dieron lugar las elecciones del 1 de julio. Además de que no parece servir para invitar a nadie a visitar México, el problema es que en el video, junto al logo del gobierno y la Sectur, aparece varias veces el emblema de Morena. Quien lo produjo debió tomar en cuenta la posibilidad de que constituya un delito electoral y que acaba de aprobarse una reforma que prevé prisión preventiva por el uso de programas sociales para beneficiar a un partido.